La Audiencia de Madrid confirma que la pareja de Ayuso se sentará en el banquillo por fraude fiscal y falsificación de documentos

La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado el procesamiento de la pareja de Ayuso por dos delitos de fraude fiscal en concurso con otro de falsificación documental. Los jueces de la instancia superior confirman la decisión de la anterior magistrada del caso de dictar el fin de la instrucción y proponer que sea juzgado, según el auto de la Sección Tercera al que ha tenido acceso elDiario.es.

En otro auto de la misma sección, los magistrados rechazan la práctica de diligencias que había pedido la defensa de González Amador y que ya había denegado el juzgado que lo investiga. Estas decisiones de la Audiencia Provincial abocan a juicio a la pareja de la presidenta madrileña ya que el siguiente auto que debe dictar el juez del caso, el de apertura de juicio oral, no es recurrible. La Fiscalía y la Abogacía del Estado piden cada una 3 años y 9 meses de cárcel para la pareja de la presidenta madrileña.

Se trata de la pieza principal del caso. Mientras, el mismo Juzgado, el de Instrucción número 19 de Madrid, sigue investigando a González Amador por presunta corrupción en los negocios y adminstración desleal. Se trata de una pieza separada que indaga en la compra de una sociedad por parte de la pareja de Ayuso que podría estar encubriendo el pago encubierto a su socio de un porcentaje por la comisión de mascarillas que está en el origen de las dos investigaciones. Su socio es Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención, división del gigante de la sanidad privada que recibe casi mil millones de euros anuales de la Comunidad de Madrid.

La defensa de González Amador alegaban que iba a llegar a juicio sin haber prestado declaración en fase de instrucción. La Audiencia de Madrid le recuerda que, cuando fue citado, se acogió a su derecho a no declarar, en contra de lo que hizo en la pieza por corrupción en los negocios.

La pareja de Ayuso también había solicitado tras su procesamiento la declaración de testigos y la presentación de una pericial, algo que había evitado proponer durante toda la instrucción. “Las testificales solicitadas no resultan estrictamente necesarias ni útiles para esclarecer los hechos objeto de investigación, habiéndose propuesto para completar el informe pericial tributario aportado extemporáneamente (…)”, recoge el auto de la Sección Tercera.