La Audiencia Nacional cita a declarar a Koldo García y Aldama tras el informe de la UCO sobre las mascarillas de Canarias

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha citado a declarar como investigados al exasesor del Ministerio de Transportes Koldo García y al empresario Víctor de Aldama en la causa que investiga los contratos de compraventa de mascarillas durante la pandemia.

En una providencia, el titular del Juzgado Central de Instrucción 2 acuerda esta diligencia a instancias de la Fiscalía una vez recibido el informe de la Unidad Central Operativa de Delincuencia Económica de la Guardia Civil (UCO) en relación con los contratos de mascarillas en Canarias. Aldama comparecerá el día 27 de noviembre, mientras que Koldo García lo hará un día después, el 28 de noviembre. Ambos están citados a las 10 horas.

El juez investiga desde 2023 presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de emergencia relacionados con la COVID-19 formalizados por varias administraciones públicas. En el centro de la trama está la empresa instrumental Soluciones de Gestión, que fue adjudicataria de ocho contratos para el suministro de material sanitario en 2020 por una cuantía cercana a los 54 millones de euros. Esta empresa pasó de facturar poco más de 100.000 euros en 2018 y no facturar nada en 2019 a ingresar esa cantidad en la pandemia. 

Entre esas administraciones está el Servicio Canario de Salud, que adjudicó varios contratos a Soluciones de Gestión por un total de 12.317.580,24 euros. Torres era en ese momento presidente del Gobierno de Canarias. Esta causa puso en el foco al exasesor Koldo García. La mano derecha de Ábalos habría facilitado información anticipada sobre la existencia de esas licitaciones al empresario Víctor de Aldama, quien buscó aliarse con Soluciones de Gestión para acceder a esas licitaciones.

En su escrito, el fiscal anticorrupción Luis Pastor Motta apunta que ambos habrían cometido en relación con estos hechos un delito de tráfico de influencias. Según el fiscal, Aldama reclamó a Koldo García “actuaciones concretas” sobre la certificación del material o los cobros de los contratos investigados. Algo que el comisionista conseguía gracias a la “capacidad de influencia” que tenía sobre el asesor, al que pagaba una suerte de nónina de 10.000 euros al mes que le permitía esa “petición de favores”.