Ni “viven de pagas” ni “les regalan las casas”: cómo se construyen y propagan los bulos sobre migrantes

Los mensajes contra las personas migrantes llevan años marcando la agenda política y pública. Desde líderes de partidos políticos, hasta influencers y personas anónimas de la sociedad han recurrido a la utilización de la población migrante para ganar votos y expandir su posicionamiento ideológico.

Aquí se repasan los bulos más repetidos que afectan a las personas migrantes y racializadas de España y cuál es la realidad. 

“Viven de las pagas”

Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) junto con los del Ministerio de Trabajo recuerdan que la población migrante en España es clave en el mercado de trabajo. En nuestro país, según el INE, residen casi siete millones de extranjeros. De la población activa extranjera, es decir mayores de 16 años y que trabajan o buscan trabajo, el 83,5% está ocupada, según el Ministerio de Trabajo. En cifras, de acuerdo con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, más de tres millones están afiliados a la Seguridad Social. Su trabajo es especialmente relevante en hostelería, agricultura, construcción, actividades administrativas y transporte. Además, casi la mitad del total de extranjeros afiliados a la Seguridad Social son mujeres. La marroquí es la nacionalidad extranjera con más trabajadores, seguida de personas de Rumanía y Colombia. Estas serían las personas migrantes que trabajan de manera legal. 

Pero en nuestro país residen personas de origen extranjero que viven sin papeles, por lo tanto, sin acceso a derechos básicos. Según el centro de análisis Funcas, a principios de 2023 en España había casi 700.000 personas residiendo en estas condiciones. Quitando a los menores, muchos de estos migrantes trabajan en la economía sumergida, de los cuales es complicado tener datos debido a su actividad irregular. Estas personas ejercen sin contrato, sin seguro de trabajo, expuestos a condiciones laborales extremas y con el riesgo de sufrir abusos de diversa índole por parte de sus empleadores. Entre los sectores donde se tira más de mano de obra extranjera sin regularizar están el empleo doméstico, los invernaderos o la construcción. 

Estas personas, aun sin contrato laboral, sobreviven gracias a la remuneración que perciben por su trabajo y no gracias a ayudas públicas, ya que sin papeles no hay acceso a prestaciones sociales. En esta línea, una de las últimas afirmaciones lanzadas contra las personas migrantes gira en torno al Ingreso Mínimo Vital (IMV) y a su supuesto acceso por parte de migrantes que no están en situación administrativa regular. Uno de los requisitos obligatorios para comenzar el trámite del IMV es que el solicitante tenga residencia legal en España. Otras prestaciones sociales como los subsidios por desempleo o el permiso por maternidad también exigen estar en posesión de la tarjeta de residencia.

“Les regalamos la nacionalidad española”

La cuestión relativa a la documentación, ya sea la nacionalidad española o el permiso de residencia, también es tendencia. La obtención de la nacionalidad española por residencia tiene varias modalidades. Las personas de países de Iberoamérica o Filipinas pueden solicitar el pasaporte español después de dos años de residencia legal en nuestro país. Si el extranjero procede de algún país de África o de Oriente Medio debe haber residido en nuestro país durante mínimo diez años de manera legal. Además, los solicitantes deben pasar por dos pruebas realizadas por el Instituto Cervantes, una de español A2 (salvo para los procedentes de Hispanoamérica) y otra de conocimientos sobre la Constitución y sobre la realidad social y cultural de España. En cualquier caso, en España hay personas que han nacido en este territorio o llevan residiendo 20 años y no tienen aún DNI español. 

Hace unas semanas, durante la presentación del plan migratorio del Partido Popular (PP), su líder, Alberto Núñez Feijóo, incidió en que la solicitud de residencia por arraigo “no puede seguir siendo una vía masiva”. El trámite para la regularización de una persona que ha pasado mínimo dos años residiendo en nuestro país de manera ilegal (solicitud por arraigo), requiere de diversa documentación con la que demostrar tanto su vínculo social como laboral con España. Entre otros documentos, se requiere de certificado de empadronamiento, informe de integración social expedido por servicios sociales de la comunidad autónoma o ayuntamiento, antecedentes penales del país de origen, pasaporte y oferta de trabajo con una jornada semanal de mínimo 20 horas. Hay migrantes que pueden esperar hasta 6 meses para saber si su solicitud está aprobada o no. Sin embargo, quienes sí han tenido facilidades para obtener su regularización en España fueron los millonarios, que con una inversión en nuestro país superior a 500.000 euros, obtenían automáticamente la tarjeta de residencia. Es la conocida como golden visa y fue suprimida el año pasado por el Gobierno de Pedro Sánchez. 

“Les regalan las casas”

Oumar (nombre ficticio) es un joven de Senegal que reside en Bilbao. Relata a este medio que cuando está en búsqueda de piso y las conversaciones se mantienen por Whatsapp todo funciona con normalidad. Desde que acude en persona a ver el inmueble, surgen los problemas. “Cuando he ido a la cita puesta por el propietario y me ha visto, me ha dicho directamente en la puerta de la casa que al final no va a alquilar el piso”. Oumar tiene un contrato de trabajo indefinido con un salario alto y tarjeta de residencia. Su caso no es el único. Se conoce como racismo inmobiliario y dificulta a las personas negras, musulmanas, latinas y gitanas el acceso a una vivienda, hayan migrado o nacido en España.

La Asociación Provivienda, en un informe financiado por el Ministerio de Inclusión, determinó en 2024 que prácticamente el 99% de las inmobiliarias aceptan prácticas discriminatorias contra personas extranjeras sugeridas por los propietarios. El mismo documento señala que no hay negociación alguna “cuando se trata de excluir a personas extranjeras de países de África, Asia y América Latina”. 

“Son unos delincuentes”

Cuando se lanza la afirmación de que los extranjeros cometen más delitos que los españoles, realmente lo que se quiere expresar es que son las personas africanas las que copan estas estadísticas, aunque no sea así. Según los datos de población del INE, en nuestro país residían 1.217.706 personas de África en 2022. También según datos del instituto de estadística, 36.289 personas procedentes de algún país africano cometieron algún delito en España ese mismo año. Se trata de 2,98% si presuponemos que todos los que delinquieron residen en nuestro país, ya que los datos sobre delincuencia aportados por el INE también incluyen a los que no residen en España pero cometieron un delito en una visita puntual.  

“Los jóvenes y menores son unos delincuentes”

Relacionado con lo anterior y de manera más específica, también sobrevuela la afirmación de que los migrantes más jóvenes, incluso los menores de edad, se dedican a actividades delictivas. El Ministerio de Inclusión matizó que a 30 de junio de 2025, el 62% de las personas menores y jóvenes extuteladas, de 16 a 23 años, con autorización de residencia en vigor, estaban afiliadas a la Seguridad Social. Entre las personas de 18 a 23 años ese porcentaje es del 71% y entre las de 16 y 17 años es del 15%. Pero además, muchos de ellos estudian y trabajan al mismo tiempo: cursan formaciones profesionales, cursos de idiomas o se están sacando el carnet de conducir. 

“Si el migrante delinque, debe ser expulsado”

El Código Penal ya establece en su artículo 89 que las penas de prisión de más de un año impuestas a un ciudadano extranjero serán sustituidas por su expulsión del territorio español. En 2024 se expulsaron más de ocho personas de media al día tras ser condenados. La nacionalidad con más expulsados a su país de origen en 2023 fue la albanesa, según datos de la Fiscalía. 

“Si el Gobierno le da ayudas es para que los voten”

Los migrantes sin papeles y los que tienen permiso de residencia, incluso de larga duración, no pueden votar en las elecciones generales. Son los españoles mayores de edad los que tienen derecho a sufragio para elegir a los miembros del Congreso y el Senado, según establece la Junta Electoral Central. Solo en los comicios municipales, pueden hacerlo aquellos nacionales de una serie de países como Bolivia, Cabo Verde, Corea o Islandia. Para ejercer este derecho primero deben haber residido en España mínimo cinco años de manera legal antes de la celebración de las elecciones y solicitar una inscripción en el censo electoral. 

“Colapsan nuestro sistema de salud”

Los extranjeros utilizan menos que los españoles los servicios sanitarios, salvo urgencias, de acuerdo con informaciones del Ministerio de Inclusión. No solamente no consumen más que los nacionales este tipo de recursos, sino que muchas personas de origen migrante tienen dificultades para acceder al derecho a la salud por las distintas barreras a las que se tienen que enfrentar, como la discriminación administrativa o los obstàculos culturales o idiomáticos, tal y como ha alertado Médicos del Mundo. De hecho, para algunos expertos, el racismo ya se contempla como un problema de salud pública, que provoca mayor morbilidad y mortalidad prematura en los grupos racializados. La fundación FUNDEC va más allá y señala que gran parte de los problemas de salud de los migrantes derivan de la política migratoria, como la Ley de Extranjería (una persona en situación administrativa irregular durante años puede encontrar dificultades para tener médico de cabecera asignado, por ejemplo) o la política de externalización de fronteras (un migrante de África que que se ve obligado a atravesar el continente antes de llegar a Europa puede sufrir desde torturas hasta padecer enfermedades que no son tratadas y arrastran hasta llegar a España). 

Cómo los sesgos y los estereotipos refuerzan los bulos

“Creemos que sabemos mucho de una persona y sobre cómo se comporta solo por el hecho de saber un dato, como, por ejemplo, que es migrante o que viene de un lugar determinado”, revela Naira Delgado, profesora de Psicología Social de la Universidad de La Laguna (ULL). Para la psicóloga, la predisposición a creer en bulos se basa en el funcionamiento de nuestro cerebro, ya que las personas, ante toda la información disponible, se queda con aquella que confirma sus creencias previas, aunque estas no estén verificadas o contrastadas científicamente. “Es un pensamiento circular que se produce y está relacionado con lo que conocemos en psicología como el sesgo de confirmación”, matiza. A través de los sesgos, detalla, la persona toma un “atajo de pensamiento” para llegar a una conclusión, en detrimento de pararse a pensar o reflexionar sobre la persona en concreto. “Esto nos lleva a tomar conclusiones y decisiones injustas”, destaca. 

También está la cuestión política y cómo los líderes de los diferentes grupos han hecho de esta cuestión su caballo de batalla. Para el Doctor en Economía e investigador de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) Alessandro Indelicato, una parte de responsabilidad la tiene a la clase política, la cual polariza cada vez más el fenómeno migratorio: “Hay un contraste muy fuerte entre una parte de la política que dice que hay que dejar entrar pero después no da una respuesta clara de cómo organizar la entrada y gestionar la convivencia y otra parte que dice que vienen aquí con machete”.  

“Creo que el principal problema de la migración en España y en Europa es la gestión”, mantiene Indelicato. A su juicio, “la culpa” es de las instituciones que no han desarrollado políticas “eficientes”, ya que considera que si las personas migrantes pudieran trabajar de manera reglamentada desde que llegan, muchas de las percepciones negativas sobre los migrantes no se pensarían. 

Para Delgado, estas percepciones negativas son los estereotipos que se han formado en el cerebro, y que son “construcciones sociales, criterios arbitrarios” que hacen “más cómodo” organizar la diversidad del mundo social. Sin embargo, la especialista subraya que las personas tienen una pluralidad de comportamientos y que las personas no son iguales: “Cualquier afirmación que vaya en la línea de que todos los miembros de este grupo son iguales, es de origen falso, no puede ser real”, incide. En cualquier caso, sostiene que el racismo es lo que va estar siempre detrás de este comportamiento, acompañado del etnocentrismo, la visión de que la cultura y valores de Europa son superiores, cuando estas personas “también tienen un acervo cultural, otro recorrido y otra riqueza”, enfatiza.