El dilema moral

Esta semana ha sido difícil en elDiario.es. Dos de nuestros compañeros, José Precedo y Marcos Pinheiro, tuvieron que declarar como testigos ante el Tribunal Supremo, en el juicio contra el fiscal general. 

El juicio no se puede retransmitir en directo –el Supremo denegó esa petición–, pero en la redacción sí tenemos acceso a la señal. Y este miércoles por la tarde, todos estuvimos pegados al monitor. Sufriendo al escuchar cómo los abogados de la acusación trataban de desacreditar la profesionalidad de nuestros compañeros y la veracidad de nuestra información.

Se está juzgando al fiscal general, pero no solo. Todo este proceso va también del trabajo que hacemos en elDiario.es. De nuestras informaciones sobre la pareja de Ayuso, Alberto González Amador. Del secreto profesional de los periodistas y del derecho a la información. 

Durante más de una hora, José Precedo explicó detalles que no solemos contar: cómo funciona por dentro una investigación. El tiempo que se tarda en comprobar cada dato, el equipo que se moviliza, la revisión de los papeles, las llamadas que tenemos que hacer, o por qué no siempre publicamos todo lo que tenemos y a veces reservamos algo de información –porque lo pide una fuente o por pura protección–. 

El momento clave del interrogatorio –aquí lo puedes ver en vídeo– llegó cuando Precedo explicó su ‘dilema moral’. Algo de lo que hablamos mucho entre nosotros, que pesa en la conciencia de esta redacción. 

–En 22 años de carrera, Álvaro García Ortiz no me ha pasado un papel nunca. Y nunca es nunca. Aquí tengo un dilema moral bastante gordo, que tenemos los periodistas muchas veces. Yo sí sé quién es la fuente de esta historia, pero no la voy a decir por secreto profesional. 

–Una cosa es que no la diga. Otra es que nos amenace con que la sabe–, respondió el presidente del tribunal.

–No, no amenazo a nadie. Está el dilema moral de que hay una persona a la que se le pide cárcel que yo sé que es inocente, porque conozco la fuente. Pero no puedo decir mi fuente. Es un dilema moral, no es una amenaza.

El dilema que plantea Precedo es también el mío. Me quita el sueño, igual que a él. Yo también sé quién es la fuente: cómo nos llegó esa información. Yo tampoco lo puedo contar.  

El secreto profesional no es solo un derecho de los periodistas. Es también nuestra obligación. Es la herramienta más importante de nuestro oficio: la que nos permite acceder a la información más sensible, que alguien con poder quiere ocultar.

–Si desvelo la fuente, al día siguiente tendría que dejar el periodismo y volver a trabajar en el supermercado de mis padres–, me dice Precedo.

–No solo tú –le respondo–. Si desvelas la fuente, tendríamos que cerrar elDiario.es. 

En esta redacción vivimos de nuestra palabra. No tenemos nada más. La que le damos a nuestros lectores, pero también a nuestras fuentes: a quienes se juegan ir a la cárcel para proporcionarnos información.

Ante este dilema, hemos ido todo lo lejos posible. José Precedo podría haberse negado a responder al 90% de las preguntas que recibió en el Tribunal Supremo. Acogerse a su secreto profesional y no explicar cuándo accedimos a los documentos, cómo los investigamos o a quién llamamos para contrastar la información.

Si Precedo ha explicado en el juzgado muchos detalles que nunca contamos sobre nuestras investigaciones –porque puede poner en riesgo a nuestras fuentes– ha sido precisamente porque hay un inocente que puede ir a la cárcel. Una persona que nunca nos ha filtrado información y a la que piden cuatro años de prisión y una multa de más de medio millón.

Ante el Tribunal Supremo, periodistas de cinco medios distintos han confirmado lo mismo que explicaron José Precedo o Marcos Pinheiro: que ese “secreto” circulaba por varias redacciones de Madrid mucho antes de que lo supiera el fiscal general. 

La investigación judicial ha acreditado, de forma fehaciente, a qué hora accedió Álvaro García Ortiz a esa información filtrada: las 21:59 de la noche del 13 de marzo de 2024. O el fiscal general tenía una máquina del tiempo, o no pudo ser él.

Con los datos que los periodistas han aportado ante el Supremo, no veo cómo podrían condenar al fiscal general. No ha aparecido tampoco una “pistola humeante” –una prueba que no existe porque no fue él–. 

Las acusaciones piden su condena en base a indicios laterales. Básicamente son dos: el borrado de su teléfono móvil y su insistencia en obtener esa información, durante esa noche del 13 de marzo.

Ambos datos son ciertos. Álvaro García Ortiz borró su móvil y su correo electrónico. Yo habría hecho lo mismo, como expliqué en una carta anterior. Porque es mi derecho –a proteger mi intimidad–. Y porque como director de un periódico es también mi deber –para proteger a mis fuentes–. En el caso del fiscal general, su obligación es aún mayor: por sus manos pasa información muy sensible que tiene el deber legal de proteger. 

En cuanto a su insistencia en conseguir la información, esa noche del 13 de marzo, está también acreditado el motivo: publicar lo antes posible una nota de prensa para desmentir el bulo que lanzó Miguel Ángel Rodríguez. Era, de nuevo, una obligación hacerlo así. Uno de los deberes legales de la Fiscalía es informar de los asuntos relevantes de los que tenga conocimiento, para garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz.

–Si llego a saber que esto acaba con un proceso penal contra un inocente, nunca hubiera publicado esa exclusiva–, me confiesa José Precedo. Que está viviendo la peor semana de su vida desde que es periodista. 

Por eso es tan dañino este dilema en el que nos coloca este anómalo proceso judicial. Las sociedades democráticas protegen el secreto profesional de los periodistas porque sin él no hay prensa libre. Perseguir con esta contundencia el origen de una información es dañino para la democracia. Ataca al derecho que tiene la ciudadanía a estar informada.

Es también una persecución unidireccional. Todos los días en España, la prensa publica filtraciones como la que afectó a González Amador. Incluso en esta investigación contra el fiscal general se han difundido datos que deberían ser secretos. ¿Por qué la pareja de Ayuso tiene más derechos que cualquier otro imputado?

Esta persecución sobre nuestras fuentes se inició por una única razón: para intentar desacreditar nuestra información. Hace pocas horas, se ha vuelto a demostrar que era veraz: Alberto González Amador se sentará en el banquillo, acusado de los delitos de fraude fiscal y falsedad documental. Exactamente lo que dijimos que había ocurrido, hace ya más de un año y medio.

Hay dos últimos motivos por los que no podemos difundir quién fue nuestra fuente.

El primero, que dudo que sirviera para exonerar al fiscal general –si es que finalmente es condenado, algo que espero que no ocurra–. Más allá de nuestra palabra, no tenemos otra prueba que ofrecer al tribunal. Y esa misma palabra ya ha sido dicha, alta y clara, ante el Supremo: no fue el fiscal general.

La segunda, que creo que la fuente que nos pasó esa información también es inocente. Ojalá hubiera más personas valientes que se atrevieran a pasarnos información, aún a riesgo de represalias tan severas. 

El miércoles, después de declarar ante el Supremo, José Precedo y Marcos Pinheiro volvieron a la redacción. Allí les recibimos con un aplauso cerrado. En elDiario.es estamos orgullosos de su trabajo. De su ética. De su honestidad.

Al menos que este juicio sirva para algo: para diferenciar el buen periodismo de lo que no lo es. En un mundo donde Miguel Ángel Rodríguez dice que él es periodista y no notario, y eso le sirve como excusa para mentir.