El 80% de las denuncias por viviendas ocupadas en Catalunya son de pisos vacíos de grandes tenedores

El 80% de las denuncias en Mossos d’Esquadra y policías locales por ocupación son de pisos vacíos de grandes tenedores o fondos de inversión, según datos de la policía catalana recogidos por la ACN. La subjefe ejecutiva de Mossos, Alícia Moriana, admite que cuando el propietario es de ese perfil, hay “cierta dificultad” para localizarlo y que denuncie, un paso clave para que los agentes actúen.

Según la agente, las ocupaciones han descendido en torno a un 18,1% entre enero y octubre de este año respecto al año pasado, pero los intentos frustrados han crecido por “la acción policial” y porque los propietarios “cada vez son más conscientes”. Girona o Sabadell son algunos de los municipios donde más crecieron las denuncias en el 2024, sobre todo, de pisos vacíos, según los consistorios.

El número de ocupaciones denunciadas –sumando tanto las viviendas vacías, como las primeras y segundas residencias– alcanzaron las 6.257 el pasado 2024, una media de 17 cada día. Se trata de un incremento del 8% respecto a 2023 y de la cifra más alta desde 2020, cuando se contabilizaron 6.458. Este año, entre enero y octubre, los Mossos d’Esquadra y las policías locales han registrado 4.345, un millar menos que en el mismo periodo del año pasado, lo que hace prever en el cuerpo de la Generalitat que la cifra quede sensiblemente por debajo del 2024.

En cualquier caso, los datos sólo muestran los hechos reportados a la policía, y no aquellos en los que el propietario ha decidido ir directamente al juzgado o en los que no han llegado a ninguna instancia.

Con todo, según alerta Moriana, las tentativas de usurpaciones de viviendas -de ocupar pisos vacíos– y los intentos de violaciones de domicilio –primeras o segundas residencias–, los dos tipos penales que reflejan los datos para englobar el fenómeno de los empleos, han ido al alza. Tras un aumento ininterrumpido desde al menos 2019, el pasado año hubo 2.057 intentos frustrados, casi el doble que cinco años antes. Durante los primeros diez meses de 2025 ya se han contado 1.713, seis menos que en el mismo período que en 2024, así que a finales de año las cifras podrían igualar o superar las del año pasado.

En cualquier caso, datos muestran que, tanto este año como los dos anteriores, nueve de cada diez denuncias por ocupaciones consumados son usurpaciones y la práctica totalidad de éstas, unas 5.200 tanto en 2023 como en 2024, fueron pacíficas –sólo un centenar al año son con violencia. Por otro lado, sólo medio millar en cada uno de estos dos ejercicios fue violación de domicilio, es decir, de primeras o segundas residencias.

Moriana cree que los motivos del aumento de intentos fallidos y de la caída de ocupaciones consumadas son, por un lado, “la actuación policial”, y por otro “la sensibilidad de los vecinos”, que permite una acción más rápida de los cuerpos de seguridad sin tener que esperar a un largo proceso judicial. Además, ha aumentado la prevención de los propietarios, que “ponen más medidas físicas de protección”.

Por otra parte, cree que también ha afectado a la ley 1/2023, que introduce medidas urgentes para afrontar la inactividad de los propietarios en los casos de ocupación ilegal de viviendas con alteración de la convivencia vecinal. Así, ha explicado, en casos de desórdenes públicos o actividades delictivas, si el propietario es un gran tenedor que no denuncia, la comunidad de vecinos o el Ayuntamiento pueden poner en marcha las acciones legales para conseguir el desalojo.

La legislación incluso contempla sanciones de 3.000 a 900.000 euros para los grandes tenedores que no mueven ficha ante una ocupación y el consistorio puede llegar a adquirir el inmueble temporalmente para destinarlo a vivienda social.

“Nos habíamos encontrado que hay pisos que ni siquiera el propio fondo inversor era conocedor de que era el propietario”, explica la agente, que añade que en algunos casos desisten de iniciar un proceso legal por los costes que supone hasta que la vivienda no les sea “financieramente interesante”.

Por todo ello, los Mossos han creado un “buscador de inmuebles” de uso sólo interno de pisos de grandes tenedores, en el que participan Sareb y varias entidades financieras, a fin de comprobar más rápidamente si un inmueble es de este tipo de propietarios y de tener “una persona de contacto para poder activar el recurso policial y judicial” mediante denuncia.

Se trata de una de las acciones que el cuerpo está llevando a cabo en el marco de un plan destinado específicamente a las ocupaciones vinculadas a delitos. Es decir, aquellas en las que la vivienda se convierte en “una plantación de marihuana, un punto de venta de droga, un punto de recepción de objetos robados” o bien donde frecuentan delincuentes que acaban causando conflictos vecinales e inseguridad.

En cuanto a los “empleos más sociales”, de personas vulnerables que han dejado de pagar el alquiler o la hipoteca, estas no entran en el plan y Moriana asegura que “el abordaje policial es totalmente diferente” en estos casos.

Los datos muestran un aumento de las ocupaciones entre 2023 y 2024 de un 8%, pero a nivel territorial las evoluciones no son uniformes. Así, el Pla de l’Estany y el Berguedà registran el mayor crecimiento porcentual, aunque con pocos casos. En números absolutos, el Vallès Occidental registró 218 denuncias más el año pasado que el anterior, un 40%, hasta las 761. Se trata de la segunda comarca con mayor incidencia, después del Barcelonès, que sumó 1.467 el año pasado (-4,2% respecto a 2023).

En el Gironès, el aumento interanual fue del 30%, por un total de 387, mientras que también destaca el Baix Empordà, con un 39,7% más de casos y 218 en total. En el otro extremo del ranking, algunas comarcas vieron retrocesos significativos, como la Anoia (-41%) o el Baix Camp (-17%). En conjunto, 25 comarcas han ido al alza y 16 a la baja, mientras que ni en la Val d’Aran ni en el Solsonès se denunció ninguna ocupación ni en 2023 ni en 2024.

Por municipios, con datos sólo de los que tienen más de 10.000 habitantes, las ratios más elevados en 2024 fueron Palafrugell (38 casos por cada 10.000 habitantes) y Salt (37 casos). Canovelles, la Ràpita, Mataró y Calonge, Castelló d’Empúries, Platja d’Aro, Berga y Cunit también tienen más de 20 casos por cada 10.000 habitantes. En cuanto a las capitales de demarcación, la tasa de Barcelona es sensiblemente menor (4,8), similar a la de Lleida (6,5) y Tarragona (7,1), mientras que Girona se disparó hasta un ratio de 21,7 casos.