Preguntas sin respuestas y dudas sin aclarar: la investigación del accidente minero de Zarréu desde la casilla de salida

Jorge Carro, Rubén Souto Robla, Amadeo Bernabé, Iván Radio y David Álvarez entraron en la mina de Zárreu/Cerredo, en el concejo asturiano de Degaña, el 31 de marzo como otro lunes cualquiera. Sobre el papel, su jornada laboral consistía en extraer mineral para investigación sobre usos de grafito. Esa era la actividad que, en teoría, iban a realizar y para la que disponía de licencia Blue Solving, la sociedad que gestiona la mina.

Sin embargo, dentro de la explotación minera se produjo una explosión de grisú que alcanzó de lleno a los trabajadores, rompió para siempre su futuro y dejó en la mayor desolación a sus familias. Los cinco mineros dejaron su vida en la mina, mientras otros cuatro compañeros sobrevivieron, aunque sufrieron heridas de diversa consideración.

Las sospechas sobre la actividad

Las primeras horas desde que se registró el accidente laboral se vivieron entre el desconcierto, la confusión, la preocupación, el desconsuelo y, finalmente, la fatal confirmación de que la mina se había cobrado de nuevo la vida de unos trabajadores. En ese momento, nadie se atrevió a decir en voz alta y clara que en la mina se realizaba extracción ilegal de carbón, una actividad para la que la empresa carecía de licencia.

Con el paso de los días ya cambió el panorama y empezaron a surgir los primeros comentarios que hacían alusión a que era “un secreto a voces” en el concejo que se estaba llevando a cabo esta actividad ilegal.

La promesa de investigar “hasta el final”

Los cinco mineros tenían familia, amigos, compañeros y una vida por delante que se vio truncada de golpe, sin avisar. A su entorno más cercano se dirigieron los políticos en sus intervenciones. Les prometieron investigar “a fondo”, para llegar “hasta el final” hasta dar con los responsables y depurar las posibles negligencias que propiciaron un accidente de estas dimensiones.

Un siniestro laboral que resultaba inimaginable a estas alturas del siglo XXI, cuando se está en pleno proceso de descarbonización a través de la transformación de los recursos tradicionales de la actividad minera en activos para el desarrollo sostenible y las nuevas energías. 

La Comisión de Investigación

Los mensajes de solidaridad se sucedieron en esa jornada y en las siguientes. Los grupos políticos primero se enzarzaron en la necesidad o conveniencia de crear una comisión parlamentaria para investigar lo sucedido, de forma paralela a la vía judicial.

Al final del debate, se optó por la creación de una comisión parlamentaria y se eligió a los diez representantes –dos por cada grupo político– que van a escuchar los testimonios de más de 90 personas que serán citadas para su comparecencia en la sede de la Junta General del Principado.

Aún faltan 35 comparecencias

Actualmente están pendientes de comparecer 35 personas que están citadas, entre ellas la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, en su calidad de presidenta del Instituto de Transición Justa durante la etapa en la que se concedieron las ayudas a la descarbonización.

El objetivo es llegar a esclarecer las responsabilidades de un accidente que unió para siempre los nombres de los cinco trabajadores fallecidos, que residían en las comarcas leonesas de Laciana y El Bierzo y tenían edades en una horquilla entre 32 y 54 años.

Ofrecer la verdad a la familia minera

La diputada del Grupo Mixto e integrante de Somos Asturies, Covadonga Tomé, fue elegida como presidenta de la comisión de investigación a propuesta del Grupo Parlamentario Socialista.

La comisión se constituyó para cubrir el doble objetivo de ofrecer la verdad a la sociedad asturiana –muy especialmente a la familia minera– y la puesta en marcha de todos los recursos a su alcance “para llevar a cabo los cambios necesarios para evitar que se repita lo sucedido”.

¿Avanzan los trabajos?

Aún no se ha llegado al ecuador de estos trabajos, pero las declaraciones de Gustavo García, director de Mina de Orovalle Minerals, que forma parte de la comisión especial de investigación constituida este año en el seno de la Comisión Regional de Seguridad Minera del Principado, durante su comparecencia ante los grupos parlamentarios el pasado 3 de noviembre, han hecho saltar las primeras alarmas.

Gustavo García ha reconocido que este órgano se encuentra condicionado por la vía judicial y que está a la espera de recibir información, es decir, no avanza desde el pasado mes de julio. A continuación, reproducimos el vídeo que recoge su declaración difundida en Youtube por la Junta General del Principado.

Eldiario.es Asturias ha pulsado la opinión de los representantes de los distintos grupos políticos en la comisión de investigación sobre el desarrollo de las sesiones y este ha sido el balance provisional, a la espera de que avancen los trabajos con nuevas comparecencias en sede parlamentaria.

Somos: “Hay que evitar otro siniestro”

La diputada Covadonga Tomé, portavoz de Somos Asturies e integrante del Grupo Parlamentario Mixto, explica que entre las razones que le llevaron a asumir la presidencia de esta Comisión de Investigación estaba el firme propósito de garantizar la transparencia, con un objetivo muy claro: “poner todo de nuestra parte para no tener que vivir otro siniestro laboral de estas características en Asturies”, señala. 

El proyecto de investigación

Covadonga Tomé matiza, de antemano, que los trabajos siguen en marcha y aún faltan aproximadamente 35 comparecientes. No obstante, considera que hasta la fecha se han clarificado ya algunas cuestiones. Entre los ejemplos que cita señala que “se ha hablado bastante de la falta de comunicación entre consejerías, concretamente entre la competente en cuestiones medioambientales y la competente en minería”. 

Otro de los temas de análisis ha sido el proyecto de investigación complementario que, en teoría, daba permiso a Combayl –después Blue Solving– para extraer carbón con una finalidad concreta.

Covadonga Tomé, en el centro, preside la comisión de investigación parlamentaria sobre el accidente en la mina de Zarréu.

“Como su propio nombre indica, daba permiso para investigar y valorar si había carbón grafitable. Sin embargo, ya ha quedado demostrado –sin ningún tipo de duda– que, desde el accidente de 2022, se sabe que había labor extractiva de carbón en la mina”, corrobora la diputada de Somos Asturies.

¿Se hicieron inspecciones suficientes?

Una de las preguntas que su grupo se plantea es “si se hicieron inspecciones suficientes y si se fue lo suficientemente diligente entre que ocurrió uno y otro accidente. Si, en realidad, se tomaron las medidas necesarias para cambiar las cosas”, interpela. Una pregunta para la que aún no tiene respuesta.

PSOE: “Es pronto para que podamos sacar conclusiones”

El diputado socialista René Suárez Fernández cree que aún es prematuro hacer un balance de las sesiones desarrolladas hasta el momento: “Es una Comisión en marcha y, por lo tanto, es pronto para que podamos sacar conclusiones. Falta todavía mucho, en nuestra opinión, para poder hacer valoraciones serias, matizadas y rigurosas, y para efectuar un análisis ponderado de todo lo escuchado”, corrobora.

El diputado socialista René Suárez Fernández, durante una intervención en la Junta General del Principado.

Para el Grupo Parlamentario Socialista, la Comisión de Investigación del accidente minero se está desarrollando según lo previsto en el plan de trabajo acordado por los grupos, “escuchando los testimonios de los comparecientes y su experiencia, y analizando toda la documentación solicitada”, describe.

Los testimonios escuchados hasta el momento en las comparecencias que ya se han realizado no son suficientes, en opinión del diputado socialista, para extraer conclusiones.

“En las sesiones que llevamos de la Comisión, ninguno de los comparecientes ha trasladado que tuviera conocimiento, con anterioridad al accidente, de que se estuviese extrayendo carbón de la mina de Cerredo y las inspecciones de los agentes del Medio Natural, tramitadas según el procedimiento establecido, en ningún momento denunciaron extracción de carbón en Cerredo”, argumenta.

El descontrol sobre la actividad minera

El diputado Rafael Alonso, del Grupo Parlamentario Popular, avanza que, de las diferentes comparecencias ya efectuadas hasta el pasado miércoles, día 5 de noviembre, se desprende “el descontrol existente sobre la actividad minera de las empresas Combayl y Blue Solving, con un capital mínimo y de más que dudosa solvencia, que irrumpen en Cerredo en el final de la minería del carbón”.

A estas circunstancias el diputado popular suma el hecho de que era conocido en el sector carbonero y en la Administración “el vínculo y entramado familiar entre las empresas Combayl y Blue Solving”, así como el dato de que la primera de ellas ya había reconocido la extracción ilegal de carbón; un hecho detectado a raíz de otro accidente mortal en agosto de 2022 en la misma explotación.

El diputado del Grupo Parlamentario Popular Rafael Alonso.

PP: “Era la coartada para extraer carbón”

“Pese a estos antecedentes, se autoriza la trasmisión de derechos mineros entre ellas, y a Blue Solving se le concede una autorización para extraer carbón usando como coartada que ya contaban con unas subvenciones del Instituto de Transición Justa, y desde que inicia su actividad, en lugar de hacerle un seguimiento exhaustivo –destaca– no se le hace más que una inspección en los nueve meses anteriores al fatal accidente”.

“Todo eso pone de manifiesto la dejadez demostrada por la Administración que no controló como era necesario la actividad que se desarrollaba en Cerredo y, ante empresas de cuyo carácter anómalo ya había sido advertida, o bien les dejó hacer o bien no actuó de forma disuasoria para que cumplieran estrictamente con lo autorizado y con las normas de seguridad exigibles”.

IU: “Se hace un trabajo bastante serio”

El diputado de Izquierda Unida (IU)–Convocatoria por Asturies, Xabel Vegas, asevera que en la comisión se está haciendo un trabajo “en principio bastante serio”, pero lamenta también que la estrategia del Partido Popular (PP), de Vox y de Foro Asturias esté siendo “la de alargar esto todo lo posible pidiendo comparecencias que no aportan absolutamente nada”.

Maniobras “dilatorias de la derecha”

Xabel Vegas cree que es “una pena” que hayan tardado más de dos meses en empezar a hablar “de verdad” del accidente que se produjo en la mina, porque explica que “han desfilado por la Cámara un montón de funcionarios que no tenían absolutamente nada que ver y ni siquiera habían pisado las instalaciones de Cerredo”.

Unos comparecientes que, según precisa, habían sido convocados sobre todo por el PP, Vox y Foro Asturias, “precisamente para dilatar toda esta comisión de investigación y que llegue lo más allá que pueda para que se acerque sus conclusiones a las elecciones de 2027”.

Las claves de los sindicatos

El parlamentario de IU opina que las comparecencias más significativas, más allá de algún agente de Medio Natural, han sido “las de los delegados, tanto de UGT como sobre todo de Comisiones Obreras (CCOO) en la Comisión de Seguridad Minera”.

Estos comparecientes han sido los que, bajo su prisma, han proporcionado muchas claves porque “han indicado que obviamente este es un accidente cuyo principal responsable es un empresario, si es que se le puede llamar empresario, que se ha saltado cualquier criterio de seguridad laboral elemental”.

Los diputados Xabel Vegas y Delia Campomanes, representantes de IU-Convocatoria por Asturies en la comisión de investigación.

Los fallos en la administración

“Desde luego también ha habido fallos en la administración que han impedido que haya un control efectivo sobre este tipo de empresas pirata que se dedican a explotar minas que ya estaban cerradas”, señala Xabel Vegas.

“Después queda también por ver ese instrumento que es el proyecto de investigación complementario, que está siendo muy polémico, porque algunos entendemos que es un instrumento que se ha utilizado para permitir de forma subterránea o de forma oculta, la explotación de decenas de miles de toneladas de carbón, como en el caso de Cerredo, que se permitía la extracción de 60.000 toneladas de carbón”.

Expectantes ante la vertiente política

“En todo caso, –apunta el diputado– yo creo que hay que esperar a que pasen por la comisión de investigación los responsables políticos sobre todo los últimos consejeros y consejeras de Industria y de Minería, que creo que van a ser las comparecencias más relevantes porque son ellos al final los últimos responsables de las políticas en torno a la seguridad minera”.

Vegas: “Hay grupos ya con conclusiones”

No obstante, opina que hasta ahora los trabajos se desarrollan con normalidad: “Es cierto que hay grupos parlamentarios que la sensación que da es que tienen unas conclusiones ya elaboradas desde el principio y que les da lo mismo quién pase por la comisión que van a llevarlas hasta el final”.

Unas palabras que, aún sin nombrar expresamente hacia quién van dirigidas, apuntan hacia el Grupo Parlamentario de Vox, que convocó una rueda de prensa en octubre donde avanzó su primer balance del desarrollo de estos trabajos de la Comisión de Investigación.

Evitar que se repitan estos accidentes

Esta forma de actuar demuestra, según el diputado de IU–Convocatoria por Asturies, “el poco interés que tienen estos grupos en saber qué es lo que de verdad ocurrió y en plantear en el dictamen de la Comisión medidas para que no vuelva a ocurrir”.

Con esta forma de actuar calcula que realmente lo que estos grupos políticos pretenden es “simplemente hacer política y utilizar un accidente que provocó cinco muertos y en el que, desde luego, hay que dilucidar por qué la Administración no fue capaz de evitarlo. Pero quieren utilizar ese accidente –recalca– para hacer política en el peor sentido de la palabra”.

Vox: “Minas no comprobó la actividad”

Unas alusiones sin nombrarlo directamente hacia el diputado de Vox en la Junta General, Gonzalo Centeno, quien tiene claro que las comparecencias de responsables de los servicios de Guardería de Medio Natural, Gestión Forestal, Montes e Inspección de Minas, los documentos y testimonios evidencian que la Dirección General de Minas incurrió en “una clara responsabilidad al no comprobar las actividades reales que se desarrollaban en el entorno del Grupo Cerredo”.

El diputado Gonzalo Centeno, representante de Vox en la comisión parlamentaria de investigación.

“Desde 2021, cuando se inician los trabajos de la Comisión, hasta el accidente del 25 de agosto de 2022, en el que murió un trabajador y otro perdió una pierna, la actuación fue notoriamente deficiente, ya que nadie comprobaba lo que se hacía allí”, explica el diputado Centeno.

Uno de los graves fallos que se han detectado en este accidente es que las visitas de inspección “siempre se anuncian con antelación”, lo que da la posibilidad de “ocultar actividades irregulares o ilegales”.

Las autorizaciones irregulares

Gonzalo Centeno asegura que, tras ese accidente, quedó acreditado que “el carbón transportado por el camión siniestrado procedía de una mina interior sin autorización de explotación, en proceso de cierre”, y denuncia que, pese a ello, la Administración autorizó después nuevas transmisiones mineras en condiciones irregulares.

“Se permitió la concesión de derechos a una mercantil sin informes de solvencia, sin plan de restauración y sin fianza, amparándose en un instrumento –el llamado Permiso de Investigación Complementaria– que ni siquiera figura tipificado por la Ley ni por el Reglamento de Minas”, señala.

Sin informes de solvencia de la empresa

El diputado Gonzalo Centeno resalta que ese permiso se concedió única y exclusivamente porque la solicitud venía amparada por una subvención del Instituto de Transición Justa, lo que a su juicio revela “una actuación que podría haber sido influida por autoridades superiores”.

Asimismo, ha advertido que tras el accidente “se autorizaron nuevas transmisiones y actividades extractivas en condiciones irregulares, sin los informes de solvencia, planes de restauración ni fianzas exigidas por ley”, y que incluso “se permitió la extracción de 60.000 toneladas de carbón amparadas en un permiso que no figura tipificado ni en la Ley ni en el Reglamento de Minas”.

“La Administración se audita a sí misma”

El diputado de Vox cuestiona el papel de la Comisión de Seguimiento Minero, que califica de “prácticamente superflua”, ya que “sus actas no tienen fuerza ejecutiva, el orden del día lo fija la Administración y las sugerencias pueden ser ignoradas”.

“Lo que nos demuestra esta comisión es que la Administración se audita a sí misma y no rinde cuentas a nadie”, denuncia.

Centeno: “Las inspecciones se avisan”

Centeno critica igualmente el estado actual de la Inspección de Minas, ya que incide en que “ha pasado de ser una institución respetada a una burocracia de despacho”.

“Hace 30 años los inspectores imponían respeto; hoy avisan con antelación de sus visitas, no actúan de oficio y apenas pisan las explotaciones. Se limitan a certificar lo que les dicen”, lamentó.

Vox ha anunciado que continuará trabajando en la comisión para esclarecer dos cuestiones clave: “Si la Inspección de Minas facilitó la tramitación de la autorización concedida, en julio de 2024, a las empresas vinculadas a Jesús Rodríguez Morán, y si lo hizo por iniciativa propia o siguiendo instrucciones de niveles superiores”, argumenta Centeno.

Los dos tipos de comparecientes

El diputado de Foro Asturias, Adrián Pumares, integrado en el Grupo Mixto, matiza que la Comisión de Investigación del caso de Cerredo sigue con sus trabajos todavía, por lo que estima que “evidentemente es precipitado hacer una valoración de qué va a acabar determinando”, pero sí puede hacer un balance de qué temas han podido quedar claros a partir de las manifestaciones que se han escuchado en los comparecientes que ya han declarado.

En primer lugar, el diputado Pumares distingue entre dos tipos de comparecientes: “los que vienen a la Comisión de Investigación a no decir absolutamente nada, que tienen un marcado perfil político y poca memoria y los que tienen un perfil más técnico y dicen la verdad de que en Cerredo se estaba actuando con absoluta impunidad y es imposible que una administración diligente no se enterara”.

Por tanto, las manifestaciones vertidas por los comparecientes con un perfil más técnico le llevan a un razonamiento lógico: “lo que tenemos claro hasta ahora en la Comisión es que en la mina de Cerredo se estaba extrayendo carbón de forma ilegal e irregular”.

El diputado de Foro Asturias, Adrián Pumares.

No es la única conclusión a la que su grupo parlamentario ha llegado hasta ahora. Para Foro Asturias, también está claro que “las empresas o el entramado de empresas, porque al final con Blue Solving eran empresas del mismo núcleo familiar, de la misma familia, actuaban con total impunidad y ahora lo que nos queda determinar a la Comisión es por qué se actuaba de esa manera”.

Adrián Pumares da especial relevancia también a las declaraciones de los delegados sindicales, coincidiendo en este caso con el diputado Xabel Vegas.

“Desde luego, no resulta creíble que nadie supiese en la Administración que allí se estaba sacando carbón de forma irregular porque, como han dicho por ejemplo los miembros de los sindicatos, fundamentalmente de CCOO, que están en la Comisión de Seguridad Minera, con un vistazo rápido al tipo de material que se estaba utilizando, ya se puede determinar que se estaba extrayendo carbón de forma irregular”, ratifica.

El diputado de Foro Asturias cree que es también muy significativo que en esta misma explotación se registraran otros accidentes laborales con víctimas mortales.

“No podemos tampoco perder de vista que ya en el año 2022 hubo un accidente donde hubo un fallecido y una persona resultó herido grave y perdió una pierna. No debemos obviar –añade– que existen actas de la Guardería de Medio Natural que dicen que en aquella mina pasaba algo extraño, ni que existió un correo con una denuncia anónima que decía que en Cerredo se estaba extrayendo carbón de forma ilegal”.

“No es un circo, como vaticinó Barbón”

Adrián Pumares tiene claro, a tenor de las comparecencias que ya se han ido sucediendo desde la puesta en marcha de la comisión, que había una empresa que “actuaba con total impunidad” y ello conllevó un accidente con un trabajador fallecido y otro herido grave en 2022 y cinco trabajadores muertos este año 2025.

“Ahora lo que tiene que determinar la Comisión y esperemos que lo podamos hacer y que lo hagamos además con absoluta independencia –dice el diputado– es por qué la Administración pudo permitir o no se enteró de que se estaba actuando con esa absoluta impunidad”.

A modo de resumen, para Foro Asturias, otra conclusión que obtiene es que la Comisión de Investigación está realizando trabajos de una forma “muy ordenada, muy diligente y muy respetuosa” y por tanto “aquel vaticinio de Adrián Barbón de que la Comisión iba a ser un circo, se quedó en una mentira, como era predecible”, razona.