Lulú, la madre mexicana que rastrea fosas clandestinas para hallar a sus hijos: «Solo quiero encontrarles, no quiero culpables»

Mamá Lulú es el apodo que recibe María de Lourdes Ruiz Bravo, activista, defensora de los derechos humanos y buscadora de personas desaparecidas en México. Nacida en el estado Jalisco, esta mujer empezó su investigación cuando secuestraron a sus dos hijos, al primero en 2015 y a la segunda en 2020. Hoy no sólo les busca a ellos, también a los familiares de otras mujeres. Por eso el apodo. La comunidad mexicana empezó a llamarla así porque, de alguna manera, ha “adoptado a todos los desaparecidos”, como ella misma dice. 

En abril de 2024, publicó el libro Hasta encontrarles. Crónicas de una esperanza en Jalisco: Lulú, madre buscadora, en el que relata el proceso de desaparición de sus hijos a través de un texto íntimo que plasma el dolor y la esperanza de centenares de miles de familias en México. Durante el mes de octubre, ha estado presentando su libro en varias salas de Barcelona y Madrid. 

Más de 130.000 personas han desaparecido en México en los útimos 20 años, según el informe Nacional de Personas Desaparecidas del Instituto Mexicano para los Derechos Humanos y Democracia (IMDHD). Jalisco, el estado donde vive Lulú, es el que lidera la lista (sólo en 2025 se perdió el rastro a más de 15.000 personas). 

Mamá Lulú es una de las miles de familiares que busca a los suyos y, como la mayoría, sigue sin saber por qué desaparecieron. Busca respuestas y, por eso, incluso llegó a dirigirse a miembros del cártel La Barredora, respaldado por el cártel de Sinaloa y que opera en la región. Pero ellos le confirmaron que su hija no se encontraba en las listas de personas perseguidas por estos grupos. Respecto a su hijo, Lulú no sabe si tenía alguna vinculación con el cártel o no. De todas maneras, aunque fuese así, remarca, “no tienen derecho a hacerlo desaparecer, por algo existe la ley”. 

María de Lourdes Ruiz Bravo o «Mamá Lulú» durante la entrevista en Barcelona.

En busca del olor a descomposición

Mamá Lulú forma parte del colectivo de búsqueda ‘Entre Cielo y Tierra’, en el que la mayoría de sus miembros son mujeres, como es común debido a “los roles tradicionales del hogar”, explica. Dedican gran parte de su tiempo a buscar a las personas desaparecidas, lo que impide que muchas de ellas puedan trabajar. Quienes traen dinero a casa son los padres; ellas buscan día sí y día también. Siempre a la espera de alguna pista. Estas, a veces, vienen de los mismos cárteles. Ocasionalmente, las buscadoras reciben llamadas anónimas de antiguos o actuales criminales, quienes les confiesan en qué zonas podría haber cuerpos enterrados.

Esto se debe a que, frecuentemente, los miembros de estos comandos son chicos jóvenes que han sido reclutados y que no quieren estar allí. O que se arrepienten de lo que han hecho y buscan algún tipo de redención. Es por esto que muchos se disponen a ayudar a estas familias, eso sí, ocultando su identidad. 

Cuando las mujeres reciben información sobre una posible fosa común, se dirigen de inmediato al lugar. Una vez allí, emplean varas de entre 1,5 y 1,8 metros de longitud que clavan en las áreas donde se sospecha que puede haber restos humanos. Al retirarlas, las examinan, las huelen y buscan rastros de descomposición.

Si creen que puede haber cuerpos bajo tierra, inician la exhumación con sumo cuidado y utilizan una pequeña pala para cavar minuciosamente alrededor de la bolsa que envuelve el cadáver, evitando así dañar o contaminar los restos. Una vez extraído, el cuerpo es enviado al Instituto de Ciencias Forenses para su análisis.

Una de las situaciones con las que se encuentran frecuentemente es encontrar animales enterrados, como perros y gatos, en lugar de personas. Según cuenta Mamá Lulú, “esta es una técnica que utilizan los criminales para desviar el olor del cuerpo humano y evitar que las buscadoras encuentren a sus seres queridos”. Cuando aún desconocían esta técnica, dejaban de buscar. Ahora, si encuentran algún animal, siguen buscando, ya que saben que es posible que también hallen algún cuerpo humano cerca. 

Culpable de ser víctima 

A raíz de la desaparición de su hija María Lourdes, Mamá Lulú fue despedida de la escuela donde trabajaba la misma semana del secuestro. Le hicieron firmar una hoja de renuncia sin ella entender lo que estaba firmando. Llevaba nueve años trabajando allí. “Por esta situación me quedé sin trabajo, sin nada”. Piensa que, probablemente, “los directivos tenían miedo de que los criminales fueran a buscarla al centro educativo y les involucrarse”. 

Este es el pan de cada día de las buscadoras, que tienen que sufrir que sus comunidades asuman que, si sus seres queridos han desaparecido, es porque algo turbio tenían. “Seguramente estaba vinculado al cártel” o “si lo hicieron desaparecer, fue por algo”, son algunas de las frases que ha tenido que oír Lulú respecto a sus hijos.

Una vez que estaba por la calle pegando carteles con fotos de sus niños y una mujer vino a juzgarla por, supuestamente, no haberlos protegido lo suficiente. Un mes más tarde, la misma mujer acudió a la asociación porque también habían secuestrado a su hijo.

Lulú explica que, en ocasiones, dentro de los propios colectivos, surgen tensiones entre las familias y que, “en lugar de apoyarse mutuamente, algunas terminan criminalizando a otras”. Hay mujeres que llegan a vivir las desapariciones “como si fueran una enfermedad contagiosa”, al punto de culpar a otras que también han sufrido el secuestro de sus hijos por la tragedia que atraviesan. En su opinión, la situación es tan desesperante que, a veces, las familias “ya no saben ni a quién culpar”.

Las situaciones pueden llegar a ser “desesperantes” y van mucho más allá de la mera desaparición. Las buscadoras no sólo deben cargar sobre sus espaldas la responsabilidad de la búsqueda -que, aseguran, las administraciones no asumen-, sino que muchas veces deben hacerse responsables de las personas que dejan los desaparecidos atrás.

A la hija María de Lourdes se la llevaron delante de su hija Allison, que en ese momento tenía 8 años. Así que Lulú también se ocupa ahora del cuidado de la niña, que ahora tiene 14, y sus hermanos: Cristofer, de 20 años y Valeria, de 17.

El mayor y la pequeña viven actualmente con su abuela, pero la mediana está ingresada en un centro psiquiátrico. El secuestro de su madre le generó un trastorno depresivo y ha intentado quitarse la vida en distintas ocasiones. Teme que su abuela algún día halle a su madre, ya que lo más probable es que la encuentre sin vida, y se niega a ello. “Prefiero morir antes que encontrar a mi madre en pedacitos dentro de una fosa clandestina”, le reconoció a su abuela. 

María de Lourdes Ruiz Bravo o «Mamá Lulú» en la entrevista en Barcelona.

Las buscadoras actúan frente a la “negligencia”

El Estado mexicano cuenta con mecanismos específicos para hacer frente a las desapariciones forzadas, como la Comisión Nacional de Búsqueda, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y por Particulares (aprobada en 2017) o la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos.

Sin embargo, Mamá Lulú piensa que las instituciones “trabajan de manera negligente. Por algo existen los colectivos de búsqueda”. Asegura que, “por culpa de la administración”, su hijo Marcos desapareció tres veces. “La primera cuando se lo llevaron, la segunda cuando se perdió su expediente y la tercera cuando su ADN se perdió en el centro forense por cinco años”, explica. 

El Gobierno de México negó hace dos semanas que las desapariciones en el país fueran sistemáticas, en respuesta a las recientes afirmaciones del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, alegando que “carecen de sustento y no son admisibles”. Además, remarcaron que el gobierno ha implementado una Estrategia Nacional de Construcción de Paz y Seguridad.  

Este plan se refiere a un paquete de medidas para reformar la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas que aprobó el Senado de México a finales de junio. Principalmente, las reformas buscan fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda e implementar nuevas herramientas tecnológicas para mejorar la coordinación institucional.

Sin embargo, para Lulú, todas las medidas que el gobierno ha intentado llevar a cabo para combatir el problema de los secuestros, “son puros intentos fallidos”. Asevera que, actualmente, “en México se han normalizado las desapariciones” y, en su opinión, “no interesa trabajar en ello”. 

Lulú pone ejemplos concretos y asegura el trabajo de las buscadoras puede llegar a entorpecer proyectos de Gobierno. Desde el colectivo Entre Cielo y Tierra, dónde ella trabaja, confirman que hay fosas clandestinas alrededor de las vías de la próxima línea 4 del tren ligero, que irá de Tlajomulco a Tlaquepaque y que debía conectar el aeropuerto con el estadio de fútbol, una infraestructura pensada ad hoc para el Mundial.

En total, los colectivos de búsqueda han encontrado más de 400 bolsas con restos humanos en varias zonas de los municipios por los que pasará este tren, como Lomas del Sur, Zapopán, Tlaquepaque o Tlajomulco, pero Lulú sostiene que a los dirigentes del Gobierno “no les importa”. E, incluso, llegan a culpar a la misma administración de las desapariciones.

Un informe de Amnistía Internacional advierte que “en ocasiones, los perpetradores [de la violencia] son funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno (municipal, estatal y federal)” y destaca “la negación por parte de las autoridades mexicanas de la situación”. Además, señala que las desapariciones “ocurren en un ambiente de impunidad casi absoluta que genera una idea de permisibilidad, a la vez que revictimiza a las víctimas”.

Este escenario ha provocado que sean las propias familias quienes realicen las búsquedas y las investigaciones por su cuenta, “enfrentando diversos riesgos y violaciones a sus derechos humanos”, según muestra el mismo estudio. Solo en 2025, al menos 16 mujeres buscadoras fueron asesinadas. “Sabemos que las buscadoras estamos en riesgo desde el primer momento”, reconoce.

La investigación también recoge que el 97% de las mujeres buscadoras ha sufrido algún tipo de violencia mientras desarrollaba su labor, como amenazas, ataques, secuestros, tortura e incluso violencia sexual, y que solo el 17% de las mujeres buscadoras acudieron a las autoridades para denunciar actos de violencia en 2025. 

Frente a todos estos riesgos y amenazas, encontrar un cuerpo representa un pequeño alivio en medio de la impunidad que domina el país. Los hallazgos devuelven algo de sentido al esfuerzo de las buscadoras. Mamá Lulú no sabe si algún día encontrará a Marcos y a María de Lourdes, pero asegura que seguirá buscando mientras tenga fuerzas: “Solo quiero encontrarles, ya no quiero culpables”, remacha.