El Consejo Económico Social confirma que la llegada de inmigrantes potencia el crecimiento económico y la innovación en España

Tras unos años en los que la narrativa antiinmigración ha pasado de ser residual a aumentar su espacio en las instituciones, el Consejo Económico y Social (CES) ha elaborado un informe encargado por el Ministerio de Inclusión para hacer un diagnóstico sobre la realidad de la inmigración en España en medio de tanto ruido. Después de varios años de intenso incremento de la población extranjera tras el parón de la pandemia, el órgano consultivo concluye que la inmigración se ha convertido en un factor estructural para el crecimiento económico, el sostenimiento del sistema de bienestar y la cohesión social.

El documento ha sido presentado en el Ministerio de Inclusión por parte de la ministra Elma Saiz y el presidente del CES, Antón Costas. “El modelo migratorio español genera prosperidad compartida, y no lo decimos solo nosotros: nuestra política migratoria es reconocida en Europa, y fuera de ella, como ejemplo de equilibrio, eficacia y humanidad y parte de ese éxito radica en una convicción: las políticas públicas deben basarse en el conocimiento”, ha señalado la responsable de Migraciones tras recibir el documento por parte de Costas.

“Desde 2019, el ciclo inmigratorio en España ha entrado en una fase más madura. Después del pico alcanzado en 2024, el ritmo de crecimiento se ha moderado en 2025 y tiende a reducirse”, ha indicado Costas.

El estudio confirma que el empleo es la motivación principal de la mayoría de los proyectos migratorios: ocho de cada diez personas llegadas a España a lo largo de este siglo se han incorporado a la población activa, concluyen sus estimaciones. “La inmigración, por tanto, sin constituir la solución al envejecimiento de la población, resulta imprescindible para el mantenimiento del crecimiento demográfico y la capacidad productiva en nuestro país, siendo decisiva para el funcionamiento de la economía, el mercado de trabajo y el Estado de Bienestar”, reitera el CES. Por ello, añade, España necesitará 2,4 millones de trabajadores en la próxima década para mantener su capacidad productiva.

El informe del CES confirma que la inmigración ha sido un motor esencial del crecimiento español en la última década. Según el Consejo, las personas de origen extranjero han contribuido a la recuperación tras la pandemia, han ampliado la población activa y han sostenido el sistema de pensiones en un país con envejecimiento acelerado.

“Este impacto ha sido especialmente importante tras la pandemia, donde la intensidad de los flujos migratorios hacia España ha tenido un papel decisivo en la recuperación de la actividad, contribuyendo de forma sustancial al crecimiento continuado del PIB que se ha venido registrando en los últimos años”, sostiene el documento. “Más allá del impacto económico a corto plazo, los flujos migratorios ”contribuyen a largo plazo a un mayor dinamismo en la innovación, el progreso tecnológico y el emprendimiento, lo que eleva el potencial de crecimiento a largo plazo“.

En el caso de España, el estudio sostiene que antes de la pandemia las personas recién llegadas tenían menor nivel de cualificaciones y se empleaban, con carácter general, en sectores intensivos en mano de obra y en ocupaciones de menor valor añadido y baja cualificación que, “o bien no estaban ocupadas por los autóctonos o bien se habían abandonado por estos para desplazarse hacia otras ocupaciones más cualificadas y mejor retribuidas, además de mejor consideradas socialmente”.

Sin embargo, tras la pandemia se observa “ un mayor nivel educativo en los recién llegados -aunque se mantienen brechas en cualificaciones con respecto a la población autóctona- y su empleo en actividades de mayor cualificación y mayor valor añadido, lo que junto con el proceso de asimilación, tras veinte años, de los flujos migratorios que entraron a principios de este siglo, permite constatar una mejora de la productividad relativa de los trabajadores extranjeros en relación con la de los trabajadores nacionales”.

Evitar la irregularidad sobrevenida

El CES dedica buena parte de su análisis a la necesidad de garantizar la regularidad de las personas migrantes. “La regularidad administrativa, uno de los principales vectores de la integración social, constituye la norma entre la inmensa mayoría de las personas extranjeras”, sostiene el estudio. Según su diagnóstico, más de la mitad de las extracomunitarias poseen autorización de larga duración, siendo destacable el importante crecimiento de las nacionalizaciones. Sin embargo, sostiene, “aunque sea minoritaria, la presencia de un volumen variable y difícilmente cuantificable de población sin las autorizaciones pertinentes representa un importante desafío en términos de cohesión social”. En este sentido, el Consejo recuerda que “la irregularidad administrativa conlleva en muchas ocasiones sobrevivir en condiciones de vulnerabilidad y riesgo de exclusión social”.

Sobre ello, el informe llamar la atención “sobre la necesidad de prevenir y abordar las situaciones de irregularidad sobrevenida que no pueden canalizarse a través de las distintas figuras del arraigo”. Aunque no introduce una valoración sobre ella, el informe destaca la Iniciativa legislativa popular que espera avances en su tramitación en el Congreso de los Diputados. “Al margen del curso de esta iniciativa y de la implementación del nuevo Reglamento, cabe recordar la necesidad de seguir mejorando de manera estructural los procesos administrativos y los recursos de apoyo para garantizar la regularidad administrativa y la integración social de los colectivos vulnerables”, indica.

Las reformas normativas en materia de inmigración durante las últimas legislaturas han supuesto, sostiene, “avances en favor de una ordenación de las migraciones mutuamente beneficiosa para las personas que vienen a España en busca de mejores oportunidades de vida y para la sociedad y la economía españolas”. No obstante el Consejo recuerda al Gobierno que “queda todavía margen para la mejora normativa”, y recomienda “reforzar la concreción y la claridad jurídicas, y flexibilizar las vías de arraigo ajustando el esquema de requisitos y periodos de permanencia previa”.

El estudio identifica otros retos pendientes en materia de extranjería. Entre ellos, la lentitud de los procedimientos, la falta de personal y la disparidad de criterios en materia de extranjería entre provincias. También alerta del impacto de la digitalización, que “ha mejorado la eficiencia en algunos ámbitos, pero ha creado nuevas barreras para quienes carecen de medios tecnológicos o conocimientos suficientes”.

Además, alerta sobre el colapso del sistema de citas en extranjería, que se ha convertido en un obstáculo estructural para acceder a los trámites. El organismo denuncia la proliferación de prácticas, como la reventa de citas, y reclama un refuerzo urgente de los recursos humanos y técnicos para evitar este tipo de prácticas que considera “alegales”

“La confluencia de todo ello sitúa a muchas personas migrantes en un callejón sin salida administrativo que puede poner en riesgo su estatus migratorio, el acceso al mercado laboral o su acceso a determinados servicios. Por ello, es necesario continuar realizando esfuerzos para poner fin a las mencionadas prácticas que pueden suponer la imposibilidad de obtener cita previa e implementar adicionalmente mecanismos alternativos para su obtención”, sostiene el documento.

Su análisis también alerta sobre el impulso de la inmigración como un tema central de debate público. “Aunque la convivencia cotidiana con personas migrantes en España sigue siendo mayoritariamente positiva y aceptada, la estigmatización de la inmigración por parte de determinadas corrientes políticas con enfoques xenófobos, nativistas y nacionalistas excluyentes ha incrementado su percepción como un problema para el país”, sostiene. “Esta visión negativa no se origina en la experiencia directa con personas migrantes, sino en contextos de desinformación que sitúan a la inmigración como eje del descontento y de la desafección social y política, reforzando estereotipos y actitudes hostiles hacia los diferentes grupos migrantes”, continúa.

Frente a esa narrativa, el CES recomienda al Gobierno que la lucha contra los discursos de odio “no solo debe basarse en la veracidad informativa y los datos sobre la realidad económica y social, sino también en la desarticulación de los marcos emocionales que presentan la inmigración como problema o amenaza, proponiendo narrativas alternativas que interpelen a la ciudadanía no solo desde la objetividad y la razón, sino también desde la ética y la empatía”.

El presidente del CES ha añadido que “sin embargo, la percepción pública sobre la inmigración ha empeorado, posiblemente por la concentración en algunos espacios y la insuficiente cooperación interadministrativa en la gestión de los flujos de inmigración irregular. ”En este sentido, Costas ha señalado tres actuaciones necesarias “para mantener los impactos positivos y mejorar la percepción pública: una mayor coordinación entre administraciones, y una mejor integración social de las mujeres migrantes y de la infancia y juventud, sea cual sea su nacionalidad de origen”.