La defensa del fiscal general denuncia que la pareja de Ayuso “ocultó” datos clave y pide la absolución

El Abogado del Estado José Ignacio Ocio ha solicitado al Tribunal Supremo la absolución del fiscal general al no haber pruebas de su participación en la filtración de la confesión de fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. “Una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario”, ha dicho al principio de un informe en el que ha cargado contra el juez Ángel Hurtado, el comisionista y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civi. “No hay absolutamente ninguna prueba”, ha añadido posteriormente. “No hay ningún indicio, ninguna prueba, de que ese correo llegase porque así lo ordenase el fiscal general”.

“En la querella no se hace referencia a que Neira mandó ese correo a la Abogacía del Estado. También ocultó una interacción interesante, la que mantuvo con un periodista de El Mundo”, ha apuntado Ocio. “Se nos ocultó”, ha añadido, que Miguel Ángel Rodríguez tuvo un correo del fiscal Julián Salto y lo hizo circular entre decenas de periodistas. “¿Cuántas cosas más ignoramos por la mala fe del querellante que ha omitido datos relevantes en la querella?”, ha preguntado. “Cuando el titular de un secreto hace partícipes a terceros de ese secreto, pierde su carácter reservado”.

Ha destacado también que para cuando el email llega a manos del fiscal general en la noche del 13 de marzo varios periodistas ya habían tenido acceso a su contenido: “Para cuando lo recibe este no tenía carácter reservado”. El Abogado del Estado, a diferencia de Hurtado y las acusaciones, sí ha dado credibilidad a estos informadores.

Consuelo Castro, Abogada del Estado que se ha incorporado al proceso ya en fase de juicio, ya avanzó estos argumentos en la primera sesión, cuando calificó de “inquisitiva” la investigación y aseguró que García Ortiz había sido sometido a un “proceso injusto”. El Abogado del Estado Ocio, que ya defendió a García Ortiz en fase de instrucción, también ha aludido a la “contaminación externa” que ha rodeado al proceso hasta el punto, ha dicho, de generarse un “juicio paralelo basado en conjeturas”.

La primera parte del informe ha ido dirigido a solicitar la “nulidad” de la prueba clave del caso: los registros de la UCO en los despachos del fiscal general y la fiscal provincial de Madrid en octubre del año pasado. “Hubo una orden del juez que no fue cumplida, no fue legal. No se hizo un cribado por palabras”.

Ha empezado entonces a relatar cómo Alberto González Amador fue investigado y denunciado por fraude fiscal y cómo su abogado Carlos Neira, tras explicarle las consecuencias, envió un correo al fiscal Julián Salto el 2 de febrero de 2024 ofreciendo un pacto. “Hay una laguna”, ha dicho, sobre si Neira envió el correo a “otros interesados” como los otros denunciados o si algún trabajador de su despacho pudo tener acceso a él. “Hay una laguna en la investigación con todo lo que tiene que ver con el emisor”.

El Abogado del Estado ha explicado a la Sala de lo Penal que “no hay constancia” de cuántas personas tuvieron acceso al correo y la documentación del caso en todas sus fases: antes y después de que el comisionista fuera denunciado en los juzgados de Madrid el 5 de marzo de 2024. Si ha trascendido que más de 400 personas tuvieron acceso a la causa, ha dicho Ocio, es gracias a “la labor de la Abogacía y la Fiscalía, hubo una voluntad de no investigar el espectro de personas que hubieran podido tener acceso”.

El abogado del Estado José Ignacio Ocio ha cuestionado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, pusieron en marcha una “dinámica de cuestionamiento” de la Fiscalía y Hacienda después de que elDiario.es revelara el fraude fiscal de la pareja de la jefa del Ejecutivo madrileño. Ocio ha explicado que se apuntó a la existencia de “una trama de poderes del Estado”, en la que todo era “turbio y feo”.

El abogado del Estado ha afirmado incluso que hubo “un señalamiento concreto con nombre y apellidos a una fiscal concreta”, la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. Y que en la tarde del 13 de marzo el citado Miguel Ángel Rodríguez empezó a distribuir “una versión lesiva contra la Fiscalía” en la que se apuntaba que era la Fiscalía quien había ofrecido un acuerdo de conformidad a Alberto González Amador y que luego se había retirado “por órdenes de arriba”.

La defensa del fiscal general también ha tenido críticas para la Fiscalía de Madrid que dirige Almudena Lastra. “Lo que sorprende es la falta de tratamiento habitual normal por parte del gabinete de prensa, el cerrojazo informativo. Con carácter habitual se emite una nota de prensa y los medios quedan enterados con transparencia”. Los testigos vinculados a esta Fiscalía de Madrid negaron ante el Supremo haber evitado informar sobre el caso en esos días, explicando que suelen esperar a que una denuncia sea repartida a un juzgado para informar públicamente de un caso mediático.