Moreno declara la guerra a Amama y le requiere legalmente que demuestre sus datos de afectadas por los cribados

Guerra total entre la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama) y el Gobierno andaluz, que le ha requerido “formalmente” para que, en el plazo máximo de 10 días hábiles, le remita todos los casos que conozca de mujeres afectadas por fallos con el cribado del cáncer de mama. El Ejecutivo de Juan Manuel Moreno esgrime que la petición es de obligado cumplimiento por ley, y que lo que se pretende con ello es “evitar la generación de alarma social” por la difusión de “cifras o afirmaciones no verificadas”.

Mediante este requerimiento, al que ha tenido acceso este periódico, se apunta que desde Amama se están difundiendo casos de mujeres afectadas por errores con el cribado “en una magnitud muy superior” a la que transmite la administración sanitaria, por lo que le reclama “toda la información, documentación o testimonios de los que pudieran disponer”. El documento (firmado por la directora gerente del SAS, Valle García) subraya que las cifras de Amama “no se corresponden con los datos verificados en los registros clínicos oficiales”.

Esto genera “una discrepancia que, por su impacto sanitario y social, exige una aclaración inmediata y documental”. La asociación lleva semanas denunciando que las cifras oficiales son mucho más reducidas que las que maneja, a lo que la Junta de Andalucía responde en este requerimiento que se ha ido facilitando “información completa, precisa y contrastada” sobre los fallos en el programa de detección precoz del cáncer de mama en la sanidad pública andaluza.

“Colaboración obligada”

Por ello, la Consejería de Sanidad reclama a la entidad que le haga llegar todos los casos de los que tenga conocimiento, para así “garantizar la revisión exhaustiva de cualquier posible caso no detectado por los círculos oficiales”. Además de garantizarle que la información que aporte “será tratada con absoluta confidencialidad”, le asegura que el objetivo de este paso es “garantizar la revisión exhaustiva de cualquier posible caso no detectado por los circuitos oficiales”.

Eso sí, le hace saber que su colaboración es “obligada” en base a la normativa. En este sentido, apela a lo que marcan el Estatuto de Autonomía y la Ley de Salud Pública de Andalucía, “especialmente” el artículo 18, que establece el “deber de colaboración”.