El Govern balear del PP reconoce que la ‘macrogranja de los horrores’ es ilegal en su funcionamiento actual

El Govern balear ha reconocido este jueves que no puede tramitar los permisos ambientales de la conocida como la ‘macrogranja de los horrores’, ubicada en Llucmajor (Mallorca), que se situó en el foco informativo después de que elDiario.es publicara en primicia las condiciones de insalubridad, suciedad extrema y presunto maltrato animal que presentaba el interior de las instalaciones. El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha admitido que, con la legislación vigente, las actuales condiciones de la granja no permiten efectuar esa tramitación.

Así lo ha señalado tras ser interpelado por Ferran Rosa, diputado del grupo ecosoberanista Més per Mallorca, en la comparecencia parlamentaria que ha ofrecido el conseller para informar sobre la situación actual de la explotación avícola. Cabe recordar que la granja acaparó la atención mediática después de que, el pasado 26 de mayo, este periódico publicara imágenes inéditas de su interior, grabadas por las asociaciones de protección medioambiental y animal ARDE y Satya Animal entre los días 21 y 29 de abril. En ese primer reportaje, este medio informó de que los dueños de la granja de gallinas ponedoras habían recibido una sanción de de 150.000 euros por parte del Ejecutivo autonómico por no disponer de la autorización ambiental integrada.

La obligatoriedad de esta autorización se encuentra recogida en el Real Decreto Legislativo 1/2016, que delimita los requisitos a tener en cuenta para regular la contaminación de este tipo de explotaciones. Este año, además, entró en vigor el Decreto Ley 1/2025, de 17 de enero, que endurece los requisitos para las explotaciones avícolas intensivas de Balears. La disposición adicional cuarta del texto establece que las nuevas explotaciones avícolas, así como las ampliaciones de las ya existentes, podrán autorizarse únicamente si respetan unas distancias mínimas de cualquier núcleo residencial, determinadas según su capacidad ganadera. En concreto, las granjas con más de 80.000 gallinas deben situarse a más de seis kilómetros de las zonas poblacionales.

En el caso de la granja de Llucmajor, esta se encuentra a aproximadamente un kilómetro de los núcleos urbanos de Tolleric y Badia Gran. Si la explotación supera las 80.000 gallinas ponedoras, según la nueva normativa, debería mantener una distancia “no inferior a 6.000 metros lineales respecto al suelo urbano residencial más cercano”. Por tanto, si se pretendiera tramitar cualquier nueva autorización, ésta debería ajustarse a las exigencias del nuevo decreto-ley, requisitos que actualmente la explotación no cumple, tal como informó en su día este diario.

La oposición cuestiona al Govern

Durante su intervención, el ecosoberanista Ferran Rosa ha recordado que la Dirección General de Armonización Urbanística y Evaluación Ambiental —dependiente de la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad— desestimó la solicitud de autorización ambiental integrada en la explotación de Llucmajor mediante una resolución firmada el 25 de septiembre, lo que, en su opinión, pone en evidencia las contradicciones de la Conselleria de Agricultura al no haber archivado con anterioridad el expediente.

En dicha resolución, la directora general, Paz Andrade, señala que, para autorizar la tramitación ambiental, se debe tener en cuenta la entrada en vigor de la ley 2/2025 -derivada del decreto ley 1/2025-, principalmente en lo referido al número máximo de gallinas ponedoras —como era el caso, en ese momento, de la granja de Llucmajor— y a la distancia respecto a los núcleos urbanos, condiciones que el proyecto no cumple. “La instalación no es autorizable”, concluye Andrade.

No en vano, la descripción del proyecto, recogida en la resolución, indica que la granja de Llucmajor tiene una autorización máxima de 40.000 gallinas ponedoras, pese a lo cual estuvo funcionando con seis naves con capacidad de hasta 135.696 aves. La solicitud de legalización de las instalaciones, sin embargo, fue desestimada. La resolución de la Dirección General confirma así que la granja ha estado durante varios funcionando de forma ilegal.

Además de archivar la solicitud de autorización ambiental, el documento emplaza al promotor (Avícola Son Perot S.A., la sociedad que explota la marca Avícola Ballester) a reducir la capacidad de la granja a un máximo de 40.000 gallinas ponedoras, además de a presentar, antes del 31 de diciembre de 2025, un plan verificable de cumplimiento de estos objetivos, que la empresa deberá presentar ante la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, que dirige Fernando Fernández (PP).

También deberá tramitar “las correspondientes autorizaciones necesarias de las cuales no dispone actualmente”, relativas tanto a la capacidad máxima de la explotación como a su vertedero, el de Sa Llapassa; contar con la autorización APCA (actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera), y cumplir con la Ley 3/2019, de 31 de enero, de actividades agrarias, así como con el Real Decreto 637/2024, de 27 de julio, por el que se establecen las normas básicas de ordenación de las granjas avícolas.

Ferran Rosa (Més per Mallorca): “Nos toman el pelo”

Rosa, en su intervención, se ha mostrado sorprendido de que Simonet haya comparecido el 13 de noviembre, cuando el “escándalo” se hizo público el pasado 26 de mayo. “No solo afecta a los vecinos de Llucmajor, sino que escandalizó a buena parte de la población de las Illes Balears”, ha argumentado. El diputado ecologista ha dado inicio a su intervención haciendo referencia, precisamente, a la resolución que desestimó la autorización ambiental integrada, firmada el 25 de septiembre y publicada el 9 de octubre en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

“La propuesta de desestimación se hizo el 23 de julio”, ha aseverado. Dado que no se presentaron alegaciones, desde el 11 de agosto se podría haber concluido ya el proceso, ha subrayado el ecosoberanista, quien ha ido más allá: “Lo curioso es que, en todo este periodo de la elaboración del procedimiento de evaluación ambiental integrada, no hayan informado desde el minuto uno de que la ley agraria había cambiado y de, por tanto, era legalmente imposible” otorgar dicha autorización.

En este punto, Rosa ha comenzado a enumerar todos los cambios normativos que se han sucedido desde enero de 2025, reprochando al Govern su tardanza en archivar un expediente que “podía haberse cerrado en enero”, en cuanto entró en vigor la nueva ley, y no en octubre, como finalmente ha ocurrido. Además, ha aseverado que de la resolución de la directora general de Armonización Urbanística se desprende que los informes que remitía la Conselleria de Agricultura -concretamente a través del Servicio de Producción Ganadera- eran “condicionados” en lugar de “desestimatorios”. “No eran informes desestimatorios, como usted ha dicho hoy [este jueves], sino condicionados”, ha recriminado.

En base a estos argumentos, sostiene Rosa, los técnicos de la Conselleria deberían haber remitido un informe de oficio a la Dirección General “explicando que, como órgano sustantivo, instaban a archivar este expediente porque no era legalmente viable de acuerdo a la normativa vigente”.

El ecosoberanista ha recordado que esos informes condicionados del Servicio de Producción Ganadera se emitieron los días 15 de abril y 27 de mayo, respectivamente, remarcando el hecho de que ese segundo informe se emitiera un día después de que este diario desvelara, en primicia, la situación del interior de la granja, y que en él se estableciesen las condiciones mediante las cuales la granja podría tramitar esa autorización ambiental integrada, que es obligatoria para su funcionamiento.

Unas condiciones que, dado que no se cumplen las distancias mínimas entre la explotación avícola y los núcleos urbanos de los alrededores, son imposibles. Una de las opciones de las que dispone la granja para poder continuar de forma legal con su actividad pasaría por cambiar de ubicación y tramitar nuevos permisos. Otra de las alternativas, por la que finalmente se ha optado, es reducir la capacidad máxima de las instalaciones a 40.000 gallinas para operar legalmente. “Me sabe mal, señor conseller, pero creo que nos toman el pelo”, ha afirmado Rosa. “No hicieron nada en el momento en que se aprobó la ley y no lo hicieron hasta que se publicó en prensa”, ha lamentado.

Simonet (PP): “Nuestros informes son desfavorables”

Simonet, que en su primera intervención se ha limitado a leer los expedientes relacionados con la explotación investigada por sus irregularidades, así como a defender la gestión de su Conselleria, ha respondido a Rosa: “Creo que la Dirección General de Armonización [Urbanística y Evaluación Ambiental] sabe perfectamente qué leyes se aprueban”. “De todas maneras, cuando nos piden informes (…), todos han sido desfavorables”, ha indicado el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural.

“No condicionados, desfavorables”, ha insistido Simonet. En los informes de autorización de impacto ambiental, ha argumentado el conseller, “nos piden que digamos cuáles son los condicionantes que debería haber para superarla si fuera el caso”. Así ha justificado su actuación Simonet, quien ha añadido que el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo (PP), ya había argumentado anteriormente que el procedimiento se llevó a cabo de esta forma por una cuestión de “doble seguridad jurídica”.

Por su parte, Marc Pons, portavoz adjunto del PSIB-PSOE en el Parlament balear, ha lamentado que existen “lagunas evidentes”, en su opinión, en cuanto al procedimiento que ha llevado a cabo la Conselleria de Agricultura, y que tendrían su reflejo en los expedientes. El parlamentario socialista ha descrito el proceso iniciado por la Conselleria a través de diferentes informes y expedientes relacionados con la explotación avícola: el informe y expediente sancionador relativos a la gestión del estercolero, así como a su plan de gestión —firmados los días 12 de diciembre de 2023 y 26 de septiembre de 2024, respectivamente—, según los cuales podrían haberse cometido tres infracciones graves y dos leves, como informó elDiario.es.

Sin embargo, ha recordado Pons, la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural suspendió el 5 de noviembre de 2024 un procedimiento sancionador, así como las medidas cautelares aparejadas al mismo, iniciado contra Avícola Son Perot S.A. Todo ello a pesar de las graves deficiencias detectadas por los técnicos del propio Ejecutivo balear. “Quien firma esta suspensión de las medidas es el director general de Agricultura, Ganadería y Medio Rural, Fernando Fernández”, ha detallado el socialista, quien ha añadido que lo hizo pese a que la suspensión no iba acompañada “de ningún informe técnico que avalase la suspensión del procedimiento sancionador”. Asimismo, se ha cuestionado si no se habría incurrido en un presunto delito de prevaricación administrativa.

“No es prevaricación ni mucho menos”, ha zanjado Simonet. El conseller del ramo ha argumentado que, cuando hay un procedimiento abierto tanto en la Fiscalía como en un Juzgado, la jefa de servicios jurídicos de la Conselleria prepara una resolución. “No la redacta el director general”, ha aclarado, añadiendo que se desarrolla en base a la normativa en vigor de procedimiento administrativo así como a la ley agraria. “Tranquilidad total en relación a este tema”, ha espetado: “Se suspenden los procedimientos sancionadores que luego se vuelven a activar”.