EEUU eleva la presión sobre Maduro tras llegar el portaaviones a la zona y llama «Lanza del Sur» a la operación militar en el Caribe

Estados Unidos lleva dos meses y medio matando personas en el Caribe y el Pacífico –80 en 20 ataques; el último, comunicado este jueves, con cuatro muertos más–, acumulando más de 15.000 soldados en la zona, un portaaviones, fragatas, destructores y acondicionando bases militares en Puerto Rico, mientras el presidente de EEUU, Donald Trump, afirma que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, “tiene los días contados” al frente del país.

La línea de puntos es clara, más aún teniendo en cuenta que Trump ha autorizado operaciones encubiertas de la CIA y ha anunciado que, después de los ataques en el mar, llegarán los “ataques en tierra”.

En este contexto, a los dos días de anunciar la Armada que el portaaviones Gerald Ford, el más grande de los que tiene EEUU, ha entrado en aguas latinoamericanas, el secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth ha hecho un anuncio ceremonioso del lanzamiento de una operación llamada “Lanza del Sur”, que no deja de ser una forma de bautizar la operación militar que se está desarrollando desde el 2 de septiembre y cuyo final está por despejarse. Entre otras cosas, porque en el Congreso de EEUU crece la oposición a una intervención militar en Venezuela como se vio en una reciente votación en el Senado, que sacó la Administración por dos votos –51-49– tras la promesa que aún no tenían amparo legal para el ataque, si bien lo estaban buscando.

Lo que aún no tenían en esa votación, la semana pasada, era el portaaviones y todo el despliegue que lo acompaña, en la zona.

Pero ahora ya sí.

“El presidente Trump ordenó actuar, y el Departamento de Guerra está cumpliendo”, ha publicado Hegseth: “Hoy anuncio la Operación Lanza del Sur. Liderada por la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur y el Comando Sur (SOUTHCOM), esta misión defiende nuestra patria, expulsa a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y protege a nuestra nación de las drogas que están matando a nuestra gente. El hemisferio occidental es el vecindario de Estados Unidos, y lo protegeremos”.

Hegseth, en su post, no detalla nada. De la misma manera que nunca aporta pruebas de los asesinatos extrajudiciales en el Caribe y el Pacífico, en este caso tampoco da detalles de a qué se está refiriendo y qué novedad comporta lo que está anunciando.

Es más, como publica The Guardian, el anuncio de Hegseth se produce casi 10 meses después de que el Comando Sur de las Fuerzas Navales de Estados Unidos anunciara en enero que la Operación Lanza del Sur comenzaría a finales de ese mes y que utilizaría una combinación heterogénea de Sistemas Robóticos y Autónomos (SRA) para apoyar la detección y el monitoreo del tráfico ilícito en el Caribe.

“Despliegue principalmente martítimo”

Hace un mes, sin embargo, una nota del Pentágono que pasó inadvertida anunciaba “la creación de una nueva Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) bajo el mando de la II Fuerza Expedicionaria de la Infantería de Marina (II MEF) para sincronizar y reforzar los esfuerzos antinarcóticos en todo el hemisferio occidental. La FTC integrará las capacidades expedicionarias de la II MEF con las de la Fuerza Conjunta y sus socios entre agencias estadounidenses, representados por el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional”.

Los objetivos clave la fuerza conjunta serían: “Identificar patrones de narcotráfico para interceptar envíos ilegales de narcóticos antes de que lleguen a los territorios de Estados Unidos y de naciones aliadas, utilizando aeronaves de inteligencia, vigilancia y reconocimiento; ampliar la fusión de inteligencia en tiempo real entre las fuerzas armadas estadounidenses, las fuerzas del orden federales y las agencias de naciones aliadas; realizar entrenamiento conjunto para mejorar la interoperabilidad entre los servicios militares estadounidenses y aumentar la capacidad de respuesta rápida: mejorar la capacidad de las naciones aliadas en operaciones antinarcóticos mediante equipos de asesoramiento y operaciones combinadas”.

El teniente general Calvert Worth, comandante general de la II Fuerza Expedicionaria de Marines (II MEF) y comandante designado de la Fuerza de Tarea Conjunta, explicaba: “Es principalmente un despliegue marítimo, y nuestro equipo aprovechará los patrullajes marítimos, la vigilancia aérea, las intercepciones de precisión y el intercambio de inteligencia para contrarrestar el tráfico ilícito, defender el estado de derecho y, en última instancia, proteger mejor a las comunidades vulnerables en nuestro país”.

El senador trumpista de Carolina del Sur, Lindsay Graham, daba más pistas de lo que está en marcha: “Para quienes se preguntan qué sucede en Venezuela, deben saber que el presidente Trump está completamente decidido a impedir que el estado narcoterrorista venezolano siga envenenando a los estadounidenses con drogas ilegales. El presidente Trump también cree que Maduro es un líder ilegítimo cuyos días están contados. Coincido con la evaluación del presidente Trump sobre la situación en Venezuela. No considero a Maduro un líder legítimo, sino un narcotraficante procesado en tribunales estadounidenses. Bush padre derrocó al líder panameño Noriega en circunstancias similares. Existe un califato de la droga en nuestra región que incluye a Venezuela, Colombia y Cuba. Me alegra mucho que el presidente Trump esté comprometido a poner fin a este régimen de terror. Cuanto antes se vaya Maduro, mejor para el pueblo venezolano y para EEUU”.

Cobertura legal a medida para asesinatos extrajudiciales

Un informe secreto del Departamento de Justicia aprueba los ataques a supuestas narcolanchas como legales fundamentado en la idea de que Estados Unidos se encuentra legalmente en un estado de conflicto armado con los cárteles de la droga, una premisa que se deriva en gran medida de las argumentaciones que la Casa Blanca ha presentado, según adelanta The New York Times.

El informe de la Oficina de Asesoría Legal del departamento, que tiene más de 40 páginas, aprobó en verano la campaña militar iniciada el 2 de septiembre y que ya se ha cobrado la vida de 80 personas en el Caribe y el Pacífico Oriental, afirmando que tales ejecuciones extrajudiciales son legales en virtud de los poderes de guerra de Trump.

La Administración ha insistido en que Trump tiene la autoridad para ordenar legalmente los ataques conforme a las leyes de la guerra, pero ha proporcionado escasos detalles sobre su análisis jurídico para fundamentar dicha conclusión. Y el informe evidencia cómo los abogados aprobaron lo que quería Trump sin reservas de la versión presentada por la Casa Blanca.

El memorándum, finalizado a finales del verano, comienza con una extensa enumeración de las afirmaciones presentadas por la Casa Blanca, incluyendo que los cárteles de la droga intentan intencionalmente matar estadounidenses y desestabilizar el hemisferio occidental. Estos grupos se presentan no como empresas sin escrúpulos que buscan lucrarse con el narcotráfico, sino como terroristas que venden narcóticos para financiar la violencia.

El documento afirma, según The New York Times que, basándose en estas afirmaciones, Trump tiene autoridad para determinar que Estados Unidos y sus aliados se encuentran legalmente en un estado formal de conflicto armado con cárteles de la droga “narcoterroristas”. El resto del razonamiento se fundamenta en esta premisa.

Por ejemplo, el memorándum sostiene que las embarcaciones que se cree transportan narcóticos son objetivos militares legítimos, ya que su carga generaría ingresos que los cárteles podrían usar para comprar equipo militar y financiar el supuesto conflicto armado.

Además, se ofrece posibles defensas legales en caso de que un fiscal acusara a funcionarios de la administración o a tropas por su participación en los asesinatos.

El memorándum afirma que todo aquel en la cadena de mando que siga órdenes que cumplan con las leyes de la guerra goza de inmunidad en el campo de batalla, dado que se trata de un conflicto armado.

Movilización militar extraordinaria

El ejército estadounidense está modernizando una antigua base naval de la Guerra Fría, abandonada hace mucho tiempo en el Caribe, según una investigación de Reuters, lo que abona la tesis de posibles ataques de EEUU dentro de Venezuela. Las obras en la antigua base naval Roosevelt Roads en Puerto Rico —cerrada por la Armada hace más de 20 años— comenzaron el 17 de septiembre, según fotografías tomadas por Reuters.

Además de las mejoras en Roosevelt Roads, EEUU está construyendo instalaciones en aeropuertos civiles en Puerto Rico y St. Croix, en las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Los dos territorios se encuentran a unos 800 kilómetros de Venezuela.

En una entrevista reciente con 60 Minutos, de CBS, la periodista, Norah O’Donnell, intentaba repreguntar varias veces por los ataques a Venezuela a Trump, quien se ha mostrado esquivo: “No te voy a decir eso. No digo que sea verdad o mentira, pero… ya sabes, yo no…no me inclinaría a decir que lo haría. Pero porque no le cuento a un periodista si voy a atacar o no. No te voy a decir qué voy a hacer con Venezuela, si es que lo voy a hacer o no”. ¿Tiene Maduro los días contados como presidente?, le preguntaban en la CBS, y Trump responde: “Yo diría que sí. Creo que sí”.

Según publicó el Wall Street Journal, la Administración Trump ya ha identificado objetivos en Venezuela, entre ellos supuestas “instalaciones militares utilizadas para el narcotráfico”. De acuerdo con el diario, una posible campaña aérea “se centraría en objetivos que se encuentran en la intersección de los cárteles de la droga y el Gobierno de Maduro”.

Según las fuentes citadas por el WSJ, entre los posibles objetivos que se incluyen puertos y aeropuertos de las fuerzas armadas que supuestamente “se utilizan para el tráfico de drogas, incluyendo instalaciones navales y pistas de aterrizaje”.

En este sentido, el Miami Herald publicaba que los ataques podrían producirse en cualquier momento y que Estados Unidos se está preparando para iniciar la siguiente fase de su campaña, para la que no ha aportado ninguna prueba, contra el supuesto “narcoterrorismo” en la región.

Por otro lado, según The Washington Post, Maduro, ante esta situación, ha pedido ayuda del presidente ruso, Vladímir Putin, entre otras cosas la modernización de radares defensivos, la reparación de aviones militares y, potencialmente, misiles, según documentos internos del gobierno estadounidense obtenidos por el diario.

Movilización en Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por su parte, ha anunciado este lunes una movilización extraordinaria ante un hipotético ataque de Estados Unidos al firmar la ‘Ley del Comando para la Defensa Integral de la Nación’, aprobada este martes por la Asamblea Nacional venezolana, que fija las características y funciones de estos cuerpos.

“Esta ley establece la creación de los comandos de defensa integral a nivel nacional, en el ámbito de cada estado, entre los 335 municipios”, ha afirmado Maduro: “Los comandos de defensa integral tienen muy claras sus tareas, sus estructuras y sus misiones en todas las etapas. A partir de este momento debe activarse la orden para que los comandos de defensa integral se instituyan, se estructuren y entren al trabajo para estar preparados, si nos tocara, como república, como pueblo, ir a la lucha armada para defender esta sagrada herencia de los libertadores y libertadoras, y estar listos para ganar, para triunfar por el camino del patriotismo y la valentía”.

Según el Gobierno de Venezuela, se han alistado “más de ocho millones” de venezolanos en la milicia y ha habido jornadas de entrenamiento de ciudadanos sobre “técnicas militares” y de despliegue de la FANB “estado por estado”, informa Efe, que señala que la nueva ley, según el proceso de discusión en la Asamblea, indica que un comando de defensa integral “es una dependencia adscrita” al Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada (Ceofanb) que “tiene como misión integrar, planificar, articular, coordinar, dirigir, supervisar y ejercer el control” de los llamados Órganos de Dirección para la Defensa Integral (ODDI).

Entre sus actividades, están “apoyar operaciones militares”, así como “velar por la continuidad de las actividades productivas y el funcionamiento de servicios públicos esenciales e infraestructura crítica, una vez decretada la movilización”.