Los contratos de alquiler que se actualicen en noviembre podrán subir un 2,25%, el máximo en lo que va de año

La inflación conocida este viernes, y que supone el dato más alto desde junio de 2024, arrastra también al alza la actualización de los precios del alquiler cuyos contratos tengan que revisarse este mes de noviembre. En total, los propietarios de casas sujetas a actualización en noviembre podrán incrementar la renta a sus inquilinos en un 2,25%, el porcentaje más alto desde que se puso en marcha el índice de referencia de arrendamientos de vivienda, que publica el Instituto Nacional de Estadística desde el pasado mes de enero.

Esta tasa es uno de los mecanismos contenidos en la Ley Estatal de Vivienda, para tratar de contener los precios de los alquileres. Con ella, el Gobierno buscaba desvincular las actualizaciones de la renta, que los propietarios pueden exigir año a año, del IPC y “evitar incrementos desproporcionados”, cuando la inflación supere el 2%. En este caso, mientras el coste de la vida ha subido un 3,1%, presionada especialmente por la electricidad, el transporte y productos básicos como los huevos, los inquilinos podrán afrontar subidas de renta del 2,25%.

Este indicador entró en vigor el 1 de enero de 2025 y se ha mantenido en el entorno del 2% desde entonces. No osbtante, como puede apreciarse en el siguiente gráfico, este se ha ido incrementando de manera constante desde junio.

En cualquier caso, este indicador no afecta a todos los contratos. Aquellos firmados con anterioridad a la entrada en vigor de la ley, en mayo de 2023, siguen vinculados al IPC, por lo que la subida puede ser hasta del 3,1%. Por ejemplo, un inquilino con un contrato de 1.000 euros al mes que entrase a vivir en su actual residencia en noviembre de 2022, podrá afrontar una subida de hasta 31 euros al mes —372 al año—, mientras que otro, en la misma situación, pero con un contrato firmado el mismo mes del año 2023, pagaría hasta 22,5 euros más al mes —270 al año—.

También se quedan fuera de esta tasa los nuevos contratos, aunque en este caso entran en juego las zonas tensionadas. Allá donde se hayan declarado zonas tensionadas, los precios de los nuevos contratos están vinculados a los anteriores o al índice de referencia que se determine en cada caso. En total, actualmente hay unos nueve millones de ciudadanos viviendo en estas áreas, principalmente en Catalunya, Euskadi y Navarra, pero también en Galicia.

El índice, que va ya camino de cumplir su primer año el próximo mes, activa lo que desde los ministerios de Economía y Vivienda han venido a llamar “mecanismos de corrección”, cuando la inflación está por encima del 2%. Cuando el IPC general o el subyacente, que excluye los precios de la energía y los alimentos frescos, están por debajo de esa tasa, se toma como referencia el más bajo. Cuando sean superiores, como en este caso, se busca “un punto intermedio”, a través de una fórmula que tiene en cuenta ambos datos, una estimación de Economía y un coeficiente basado en las circunstancias del mercado.