La UCO registra las sedes de Acciona en Madrid, Bilbao y Sevilla dentro del caso Ábalos

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han personado este viernes en las sedes de la empresa Acciona en Madrid, Bilbao y Sevilla con un requerimiento judicial dictado en el marco del caso Ábalos, han informado a elDiario.es fuentes próximas a la investigación. La orden judicial se ha dictado bajo el secreto de las actuaciones, en el marco de una pieza separada, e incluye la autorización de registrar las sedes. Las fuentes consultadas confirman que los agentes de la UCO van a permanecer durante horas en el interior de las tres sedes de la empresa.

El nombre de la constructora aparece mencionado en seis ocasiones en el auto del juez Leopoldo Puente que envió a la cárcel a Santos Cerdán el pasado julio. El magistrado decía que la obtención de contratos por la constructora de la familia Entrecanales, “actuando en UTE con otras de menor envergadura”, representa el “elocuente denominador común” de la trama.

El hilo conductor del magistrado se completaba en el hecho de que en los casos bajo investigación, Acciona y la otras empresas con las que concurrió formando una UTE nunca presentaron “la mejor oferta económica, invariablemente favorecida en la licitación por criterios de valoración subjetiva”, escribió el juez del Tribunal Supremo.

El magistrado del Tribunal Supremo que investiga esta ramificación del caso Koldo –ya ha enviado al exministro Ábalos al banquillo por supuestos amaños en la compraventa de mascarillas a cambio de beneficios personales– considera que Acciona está en el centro de la trama y ha llegado a interrogar a un exdirectivo. El pasado mes de junio emitió un requerimiento de información a la compañía de la familia Entrecanales para solicitar información.

Ese auto del juez ya apuntaba a varias obras en Logroño, Sevilla, Sant Feliu de Llobregat y Murcia y cómo su supuesta “adjudicación indebida” pudo desembocar en “premios y comisiones” para Koldo García y José Luis Ábalos, aunque algunas de ellas estarían “pendientes de cobro”. Ya en ese momento el magistrado del Supremo optó por requerir la información y no enviar a la UCO a registrar Acciona porque podría ser una medida “invasiva” ya que el exdirectivo bajo sospecha ya no trabaja allí.

El instructor del caso Koldo pidió entonces a Acciona toda la documentación relacionada con ese exdirectivo y su correo corporativo, así como “toda la documentación tanto en formato físico como digital” de cinco obras públicas adjudicadas a Acciona en UTE con otras empresas: dos adjudicadas por la Dirección General de Carreteras y otras tres de ADIF, el gestor público ferroviario.