El matrimonio forzado, una lacra silenciosa en España: «Las denuncias son la punta del iceberg»

Zaida estuvo oficialmente casada en Barcelona durante cuatro años, hasta que consiguió separarse de su marido. Pero el suyo no fue un matrimonio libre. A los 20 años, mientas estudiaba Bachillerato en su país, Marruecos, su padre la obligó, entre amenazas y agresiones, a aparejarse con un amigo suyo que vivía en la capital catalana. “Le aseguraron que podría estudiar y trabajar, pero fue lo contrario: su vida se convirtió en una cárcel”, relata Siham El Kafroune, una de las técnicas de la asociación Valentes i Acompanyades, que la atendió y le ofreció uno de sus pisos para emergencias cuando ella accedió a denunciar a la que ya es su expareja. 

El de Zaida es uno de los casos recientes de enlaces forzados en los que ha intervenido esta entidad radicada en Girona, Valentes i Acompanyades, una de las pocas en España que trabaja en prevención, detección y acompañamiento de víctimas de estos matrimonios. A pesar de ser un delito penado con cárcel, cada año se registran casos, a menudo incluso con menores de edad involucradas. 

El más dramático esta vez, que ha puesto de nuevo el foco sobre estas prácticas, ha sido el de una niña de 14 años de Navarra que fue obligada por sus padres a casarse con uno de 35 en Lleida, y que fue liberada por la Guardia Civil. La juez archivó el caso al declarar la niña que su situación era voluntaria, pero la Fiscalía ha recurrido la decisión. En la memoria de quienes luchan contra esta forma de violencia están Arooj y Aneesa Abbas, dos hermanas pakistanís asesinadas en 2022 por no querer seguir con sus matrimonios de conveniencia. 

El alcance de los matrimonios forzados, incluidos los infantiles, es difícil de radiografiar, según las voces que conocen bien esta lacra. A nivel estatal, el Ministerio del Interior solo cuenta los que incluyen delitos de trata, es decir, en los que hay intimidación y violencia para captar y trasladar a una mujer con este fin. En 2024 fueron ocho. En Catalunya, sin embargo, los Mossos d’Esquadra poseen registro de todas las denuncias por enlaces concertados, que suman 235 en los últimos quince años. Más de 100, menores.

El año que afloraron más denuncias fue 2012, con 26. Y el de menos por ahora es 2025, con tan solo una. La cifra da cierta esperanza a los encargados de la prevención y de la aplicación de protocolos como el que puso en marcha la Generalitat en 2014. 

Pero aun así, expertas como El Kafroune alertan de que las que llegan a las comisarías de policía son solo una parte de las que lo sufren. Incluso de las que atienden en Valentes i Acompanyades, a quienes a menudo contactan víctimas, familiares o profesionales como docentes o médicos para trasladar indicios de matrimonios forzados. Solo en 2024 recibieron más de 300 consultas, de las que 142 acabaron en atención directa: ya sea asesoramiento jurídico, apoyo psicológico o acogida residencial. 

“Las denuncias que llegan a los Mossos son la punta del iceberg, una parte muy pequeña del problema”, constata Alba Alfageme, experta en violencias machistas y autora del informe La realidad de los matrimonios forzados en Catalunya. Explica esta académica que las mujeres, sobre todo si son menores de edad, lo tienen muy difícil para romper con el mandato familiar de casarse. Más aún si ello supone enfrentarse sus propios progenitores y señalarlos. “Muchas acaban aguantando la situación para no generar dolor en los demás, o a veces buscan caminos alternativos como huir”, afirma. 

La práctica del matrimonio forzado hunde sus raíces en tradiciones culturales de ciertas regiones y comunidades, no tanto de países o religiones concretas, según refieren las expertas. En todo el planeta se estiman 68 millones de enlaces de niñas este siglo, según Unicef, mayoritariamente en África subsahariana y de Asia del Sur (sobre todo, India). En Catalunya, las nacionalidades más habituales de quienes pasan por Valentes, además de la española, son la pakistaní, la marroquí, la senegalesa o la gambiana. “No es que en esos países promuevan esta violencia, sino que tiene más que ver con tradiciones de algunos de sus pueblos o regiones, igual que ocurre en India”, expone Alfageme. 

El Kafroune constata que muchas de las niñas y jóvenes sometidas a esta obligación son ya nacidas y criadas aquí. “Es un problema que forma parte de nuestra sociedad”, afirma, para luego añadir que cuentan también con casos procedentes de sectas. 

Hacer aflorar los matrimonios forzados no es sencillo. A Zaida, fue la psicóloga de un centro de salud la que intuyó su situación. “Vio el terror con que contestaba a algunas de sus preguntas y activó por protocolo a los Mossos”, explica la técnica de Valentes. A partir de ahí, la derivaron a la entidad para ayudarla a recoger sus pertenencias de casa y trasladarla a un piso de emergencia. También la acompañaron a poner la denuncia por violencia machista. “Los primeros meses sufría ansiedad, ataques de pánico, no podía dormir… Incluso desarrolló un trastorno alimentario porque su marido le decía que estaba demasiado delgada, demasiado gorda…”, relata.

Cuando son adolescentes, los indicios pueden llegar a través del instituto. Puede que ellas mismas manifesten a algún docente que su familia les enseña fotos de hombres como futuros maridos, o les hace propuestas de matrimonio, algo de lo que ellas recelan. También levantan sospechas algunos viajes al país de origen de los progenitores, sobre todo cuando son repentinos. “Si nos enteramos intentamos actuar rápido, a veces con la policía, pero la joven debe verbalizarlo”, señala El Kafroune. 

Lo que suele frenar a la mayoría de víctimas es el rechazo familiar. “Se trata de denunciar a tus padres, asumiendo que supone la ruptura directa no solo con tu familia, sino con tu comunidad; se pueden llegar a sentir huérfanas o parias”, afirma Alfageme. Estas adolescentes, argumenta, viven entre dos mundos, el de la tradición familiar y el que se encuentran en el instituto, y tratan de “hacer las paces” con ambos. Una forma de escapar de estos compromisos que no cuentan con su consentimiento, añade la experta, es a hacerse valer académicamente y sacar buenas notas para defender en su casa otro horizonte vital. 

En lo que coinciden tanto Alfageme como El Kafroune es que los protocolos funcionan y la sensibilización entre los profesionales de la Administración está dando frutos. En las denuncias donde figura la procedencia, que son 83, el 50% salieron de las propias víctimas y el resto, sobre todo de profesionales públicos: docentes, servicios sociales y policía.