La oficina antiokupas de PP y Vox en València solo atiende ocho casos en cuatro meses con dos policías a tiempo completo

Dos peticiones en la web, tres correos electrónicos y tres llamadas telefónicas. Es el balance de las actuaciones de la oficina ‘antiokupación’ del ayuntamiento de Valencia en sus primeros cuatro meses de vida. La medida estrella de PP y Vox en materia de vivienda, un anuncio electoral harto repetido por María José Catalá, cuenta con dos funcionarios de Policía Local a tiempo completo dedicados a esta tarea. Desde su puesta en marcha el 16 de junio, apenas ha atendido dos consultas al mes. Pueden haber hecho una cada uno.

El consistorio encalomó esta oficina a la Policía Local, ubicada en la sección administrativa de la central. La oficina se integra en las dependencias de la central y cuenta con dos agentes que coordinan las denuncias de las comisarías, de la policía de barrio -la UPIC-, un teléfono y un mail específico. Implica tener a un oficial y un agente en un despacho para atender llamadas y correos electrónicos y prevé que hasta 10 policías de calle puedan pasar a reforzar el servicio, si fuera necesario. Por el momento, dada la actividad en estos ocho meses, no parece que vaya a ser necesario. Ni que las consultas sobre ocupación irregular de vivienda sean un clamor popular en la ciudad.

Lo cierto es que los datos de los que disponía el Ayuntamiento ya anticipaban una escasa actividad de la oficina. El consistorio ya reconoció que apenas tiene más competencias que la información y la mediación en caso de ocupación irregular de vivienda y solo cuenta con 83 casos activos en la ciudad, tras un descenso significativo en los últimos años. Lo recoge así una respuesta del pleno a Compromís, pero también lo hizo el comisario principal responsable de la División Operativa, que coordina todas las comisarías de barrio: “Ha habido una rebaja importante” en los casos en dos años, dijo en la presentación del recurso. Pasaron de 474 casos activos a 83 en dos años. Por contra, la oficina por el derecho a la vivienda, que PP y Vox cerraron, atendía a más de 5.000 personas al año.

En una respuesta del pleno al concejal de Compromís Ferran Puchades, el concejal de Seguridad, Jesús Carbonell, informa de que la morosidad en el pago del alquiler, lo que se ha venido a llamar inquiokupación’, “no es objeto de actuaciones por parte de esta oficina, ya que no están consideradas como ocupaciones ilegales por parte de la oficina. En consecuencia, tales situaciones se ventilan por cauces jurídicos ajenos a esta oficina”. La respuesta del responsable de Seguridad de València contradice las palabras de la alcaldesa en el acto institucional, cuando aseguró: “El barómetro de la ciudad señala que hay 10.000 viviendas vacías, muchas de ellas no salen al mercado por miedo a la inquiokupación”. Por eso, dijo, la Oficina Antiocupación de València “llega en un momento oportuno para ofrecer respuestas rápidas y alternativas eficaces antes de llegar a los tribunales”.

La moción aprobada por la Junta de Gobierno que impulsó este recurso justifica que se debe “prestar y agilizar, con la mayor seguridad jurídica posible, el apoyo que requieren los vecinos de València para encauzar las acciones que les corresponda y que les permita iniciar los trámites para la celebración de los juicios rápidos”. El Ayuntamiento lleva meses alentando el miedo a la ocupación y asegurando que es la causa por la que las viviendas vacías no salen al mercado; incluso ha pedido a los grandes propietarios -fondos o bancos- que instalen alarmas en los pisos vacíos. El PP y Vox se niegan sistemáticamente a limitar los precios del alquiler. Al margen de la oficina completamente inutilizada y la apelación constante a rebajas fiscales, la alcaldesa anunció una agencia pública de vivienda municipal.