En defensa del periodismo

El 12 de marzo de 2024, elDiario.es publicó en exclusiva una noticia titulada ‘La pareja de Ayuso defraudó 350.951 euros a Hacienda con una trama de facturas falsas y empresas pantalla’, firmada por José Precedo, Antonio M. Vélez y Pedro Águeda. La información había llegado a Precedo unos días antes a través de una de sus fuentes, y buena parte de la redacción se movilizó para confirmarla en todos sus extremos, incluso para traducir al román paladino el lenguaje abstruso de los documentos fiscales. El día previo a su publicación, se contactó con el defraudador, Alberto González Amador, y con Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid. “Vosotros veréis…”, respondió este último.

Al día siguiente, 13 de marzo, El Mundo publicó que la Fiscalía había ofrecido a González Amador un acuerdo de conformidad para minimizar las consecuencias penales del fraude. Otros tres medios digitales repitieron esta información y añadieron que la operación había sido frenada “desde arriba”. La noticia iba acompañada con el pantallazo de un correo electrónico enviado por el fiscal del caso al abogado del defraudador en el que el remitente se muestra proclive a negociar el acuerdo. La información partió del jefe de gabinete de Ayuso y los medios amigos la publicaron obsecuentemente sin contrastar y sin hacer el menor esfuerzo por contactar a las partes concernidas.

La noticia de elDiario.es, que destapó el escándalo de las andanzas tributarias y pelotazos del novio de Ayuso, no ha podido ser rebatida por nadie, como no lo ha sido ninguna de las exclusivas que ha publicado desde entonces sobre el caso. La noticia de El Mundo y los tres medios digitales resultó un bulo como la copa de un pino, una intoxicación que los periodistas ingirieron sin rechistar. El acuerdo de conformidad no lo había ofrecido el fiscal, sino que lo había pedido el abogado de González Amador en un mail previo, y no existía ninguna orden “desde arriba” para abortar la posible negociación. El objetivo de la patraña era enredar y convertir el caso González Amador en el caso Fiscal General, como en efecto ocurrió.

La diferencia entre ambas aproximaciones a la información no es la que media entre el buen y el mal periodismo. Es la que distingue al periodismo de lo que no lo es.

A pesar de ello, en el juicio al fiscal general que se celebró esta semana en el Tribunal Supremo lo que vimos fue un ataque contra los medios y periodistas que actuaron con honestidad y rigor. El abogado de González Amador insinuó que esos medios habían actuado sincronizados con la Fiscalía. Incluso dejó caer que pudo haber motivaciones económicas de por medio. Curiosamente, ninguno de los letrados de la acusación cuestionó la veracidad de las informaciones. Sabían que ahí llevaban las de perder, pues se trataba de noticias veraces y debidamente contrastadas. Por cursi que suene en estos tiempos sinuosos, la verdad es indestructible.

Quizás lo más preocupante del juicio, en lo que respecta a la libertad de información, fueron los intentos por poner en entredicho uno de los instrumentos fundamentales con que cuentan los periodistas para sacar a la luz hechos que de otra manera quedarían envueltos en la oscuridad: el derecho al secreto profesional, a proteger a las fuentes que se atreven a contarles cosas y cuya seguridad –física, laboral, judicial o de cualquier tipo– correría peligro si se conociera su identidad. Los periodistas de este y otros medios –El País, la Ser, la Sexta– que testificaron en el juicio se abstuvieron de revelar sus fuentes, pero aseguraron bajo juramento que la información no se las había proporcionado el fiscal general. El abogado de González Amador puso en tela de juicio la validez del testimonio de los periodistas alegando que el secreto profesional que invocaban era un obstáculo para establecer “la verdad” a la que estaban obligados bajo juramento. Un argumento tramposo, puesto que lo que se juzga es si el fiscal filtró o no los mails de la polémica, y los periodistas que recibieron los correos juraron no solo que el fiscal general no se los había proporcionado, sino que los tenían antes del momento en que, según la investigación, llegaron a manos del jefe del Ministerio Público.

En ese ambiente hostil hacia el periodismo se produjo un hecho inusitado: la reacción intimidatoria del presidente del tribunal cuando el periodista José Precedo dijo tener un “dilema moral” porque su obligación profesional de guardar el secreto sobre su fuente podía llevar a la condena de un inocente, en alusión al fiscal general. “No nos amenace”, le espetó el magistrado Martínez Arrieta. ¿Cuál era la amenaza? ¿Que un periodista expresara un dilema moral? ¿Que se obstinara en guardar el secreto profesional? ¿Que hubiera advertido de que el tribunal podría acabar condenando a un inocente? Nada justificaba la reacción desproporcionada del presidente del tribunal. Es como si, cuando González Amador dijo que no sabía si suicidarse o irse de España, el magistrado le hubiera replicado con furia: “¿está amenazando con escapar a la justicia?”, teniendo en cuenta que el novio de Ayuso está inmerso en una causa penal por su fraude a Hacienda.

El periodismo, el de verdad, el que practicamos en elDiario.es, ha estado sometido desde sus orígenes al acoso o a los ataques abiertos desde el poder. Pero en estos tiempos de realidades alternativas y fabricación industrial de bulos, en los que cada vez es más difícil distinguir la verdad o la mentira y se transmite la peligrosa idea de que todo vale en la jungla de la información, el periodismo está sometido a presiones de una intensidad desconocida. Lo inquietante es que esas presiones se hayan trasladado a la sede del máximo tribunal de justicia de España. Y que las hayamos escuchado incluso en boca del presidente de la Sala de lo Penal. El cerebro del bulo, Miguel Ángel Rodríguez, se ha ido, de momento, de rositas. Con su habitual desfachatez, dijo al tribunal que lo suyo fue una “deducción” y comentó algo sobre sus canas. El autor del fraude fiscal, González Amador, origen de todo cuanto ha sucedido, sigue sin ser juzgado mientras que el juicio al fiscal ya ha quedado visto para sentencia. Los medios que difundieron el bulo no han hecho el menor acto de contrición. Solo los medios y los periodistas que ejercieron con rigor su profesión han sido objeto de insidias y ofensas. De algún modo, han sido sentados en el banquillo junto al fiscal general.

No sé si las asociaciones de prensa prevén algún pronunciamiento sobre el terrible espectáculo que se vivió en el Tribunal Supremo durante el juicio. Deberían. Por el bien de una profesión acosada, sometida a una campaña brutal de demolición cuyo objetivo último es la captura, o el propio desmantelamiento, de la democracia.