Los jueces han curado a la izquierda de adanismo

Ya no nos acordamos, porque en política una década es toda una vida y más aún en el mundo contemporáneo donde los ciclos que duran más de cuatro años nos parecen inabarcables, pero hubo un tiempo en el que las reivindicaciones más firmes del progresismo y de quienes llamaron a la puerta de la vieja política incluían como reivindicación máxima que los políticos tenían que doblegarse ante una mano superior, incólume y de prestigio intachable que era el juez instructor. Eso es lo que significaba exigir la dimisión de cualquiera que se viera sometido a la apertura de juicio oral o a una imputación. Porque eso es lo que pedíamos, dimisión inmediata cuando cualquiera fuera investigado. Esa medida estaba en el núcleo de la regeneración democrática quincemayista y ha sido un error difícilmente superable. Ya queda poca duda de que éramos muy ignorantes al pedirlo porque no conocíamos la estructura de nuestro propio país y no por falta de información ni alertas de quienes nos precedieron. 

A veces reviso una conversación que tuve en aquellos años de euforia quincemayista con un exalcalde de Fuenlabrada, un hombre de experiencia política para cuatro vidas, en la que discutíamos porque no entendía nuestra exigencia irrevocable de pedir la dimisión con vehemencia de cualquier político que fuera investigado. Él, que sí que peinaba canas en el buen sentido y no como Miguel Ángel Rodríguez, fue el primero en advertirme de una situación que en aquel momento consideré una excusa de quien se sabía corrupto y se ponía una venda antes de la herida. Me aseguró con calma que lo que pedíamos era la muerte política de los que quieren participar de la vida pública y son paganos de los poderosos. “¿Sabes lo fácil que es abrir una investigación con una denuncia falsa de cualquiera que te quiera quitar de en medio? Una vez dimitido ya no se puede reparar el daño y los poderosos habrán ganado”. No lo entendí, no creía en lo que decía, la bisoñez era insoportable. No creía posible que un juez fuera a actuar de esa manera y poner en riesgo su carrera actuando de manera incorrecta, porque no era consciente de que nunca va a poner en peligro su carrera porque serán otros jueces los que lo protejan protegiéndose a sí mismos para cuando sean ellos los requeridos para esa causa patriótica superior. 

De aquellos barros estos lodos, un colega anarquista, sabio a más no poder, me decía que teníamos que cuidarnos siempre de pedir medidas que en momentos de ensanche progresista nos podían parecer adecuadas pero que cuando el péndulo reaccionario se girara irían a destruirnos con todo a quienes de manera inocente nos creíamos que era un avance democrático. Esa máxima la tengo presente cuando cualquier medida se presenta y siempre me pregunto lo que podrá hacer la reacción con ella en sus manos. 

Estos diez años de transgresión democrática de los pilares fundamentales del régimen del 78, primero con la aparición del Podemos primigenio, y después con el procesismo, desacomplejaron a la judicatura y le hicieron actuar a calzón quitado. Pero también ha tenido el lado bueno de que con los jueces ha pasado como con el elefante del rey: ahora vemos aquello que hacían sin que tuviéramos el ojo crítico sobre ellos y nos hemos dado cuenta de que no solo no son un colectivo intachable, es que son uno de los que no han hecho la Transición y siguen anclados en un tiempo en el que su toga estaba por encima de la ley que tienen que hacer cumplir. 

A mí se me ha curado la inocencia. Ya no hay investigado ni juzgado sobre el que no me pronuncie sin haber estudiado el caso, los informes, los hechos y toda la información posible al respecto. La primera impresión que tengo cuando se abre un juicio político, porque ya todo juicio a un político o activista es un juicio político, es la de sospecha, no por lo que haya hecho el encausado, sino por quién es el instructor, cuál es su posicionamiento político, qué ha hecho en la instrucción y cuáles son sus intereses. No creo en la justicia cuando se trata de dirimir causas que tienen relevancia política porque no solo no pienso que no sean capaces de eludir la opinión pública, sino que creo que buscan el favor de esa opinión pública mediatizada en favor de su ideología política. Quieren ser protagonistas, quieren el favor de sus cenáculos, quieren ser aplaudidos y vitoreados en presentaciones de libros, recepciones privadas y columnas cipotudas. 

Pero es necesario que lo usemos como aprendizaje. Somos muy responsables de haber mitificado la justicia sin haber mirado con mayor conciencia crítica lo que pasó durante los años de lucha contra ETA. Una pareja de mujeres mayores, euskaldunas y abertzales, me reconocieron en el casco viejo de Bilbao hace unos años. La casualidad hizo que me pararan justo enfrente de La Cepa, el bar donde fue asesinado Gregorio Ordóñez. En la conversación, que fue amigable y divertida, me aconsejaron entre risas que dijera a los de Podemos en Madrid que no lloraran tanto con la persecución judicial y que miraran un poco a Euskadi para darse cuenta de que no han sido los primeros ni, por supuesto, los que más graves consecuencias sufrieron de una persecución policial y judicial que no distinguía entre etarras y vascos de izquierdas. 

El juicio al fiscal general del Estado es el corolario de una degradación de las estructuras judiciales a la que asistimos con mayor distancia con el juicio al procesismo sin darle la importancia requerida a que acabaran en la cárcel personas por haberse subido a un coche de la Guardia Civil. No nos pareció bien, no fue justo, pero no ponderamos de manera adecuada lo escandaloso que fue aquel juicio en el que Marchena y compañía dictaron venganza patriótica en vez de la justicia que se le espera a un estado de derecho de Europa occidental. Al gobierno de coalición le queda poco tiempo de legislatura en unas condiciones exangües habiendo desaprovechado la ocasión de hacer reformas democráticas en la judicatura. Lo pagaremos caro cuando el péndulo vire y se dirija con venganza y resentimiento a los que nos consideran enemigos internos.