El caso de una mujer sometida a una «cesárea forzada» por tener covid llega al Constitucional: «Me sentí un trozo de carne»

Nadie le explicó a Teresa en el momento en que estaba a punto de dar a luz a su tercera hija que le practicarían una cesárea. Llegó al hospital el 1 de abril de 2020, en lo peor de la pandemia de coronavirus, ya con el proceso de parto muy avanzado, pero en el momento en el que la matrona confirmó que presentaba dilatación completa, fue trasladada a quirófano para la cirugía. No había motivos obstétricos para ello, pero Teresa había dado positivo en covid y el hospital había aprobado dos días antes un protocolo en el que ordenaba terminar todos estos partos por la vía de la cesárea.

“Para mí fue horrible. En ningún momento se me pasó por la cabeza que me pudieran hacer una cesárea porque yo notaba que mi hija ya estaba a punto de salir. El primer momento fue desgarrador, me di cuenta de lo que estaba pasando porque noté el corte en la tripa”, explica más de cinco años después la mujer, que dio a luz en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander. Teresa, que aunque ha querido salir con su imagen en este reportaje prefiere no usar su nombre real, llevó al Servicio Cántabro de Salud a juicio, pero dos sentencias rechazaron que se hubiera producido una vulneración de sus derechos fundamentales. Lo que sí consideraron probado es que había sufrido una “cesárea forzada”.

Ahora el caso acaba de llegar al Tribunal Constitucional, que ha admitido a trámite el recurso de amparo presentado por su defensa. Los magistrados tendrán que pronunciarse sobre la colisión de derechos entre la salud pública y la individual porque hasta ahora no ha emitido doctrina sobre casos de intervenciones forzadas por motivos de riesgo para la salud de la población general ni tampoco cuando estas se dan sin autorización o ratificación judicial, como ocurrió. Preguntada la Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria por el proceso, ha preferido no entrar a hacer valoraciones.

El origen del caso se remonta a abril de 2020, solo dos semanas después de que el Gobierno confinara a los españoles en sus casas frente a la expansión del coronavirus. Dos días antes de que Teresa diera a luz, la jefa de servicio de Ginecología y Obstetricia del hospital había emitido una directriz en la que estipulaba que la vía de finalización de todas las gestaciones en caso de covid positivo sería la cesárea. “Todas las experiencias de otros países así lo aconsejan y desde el punto de vista de nuestra seguridad, es lo mejor que podemos hacer”, justificaba la sanitaria, que cerraba el texto afirmando: “Nuestra seguridad y la de nuestras familias es lo más importante ahora”.

No se siguió el procedimiento

La instrucción dio lugar a que la mujer fuera sometida a una cesárea “en contra de su voluntad”, según da por hecho la sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo nº2 de Santander a la que ha tenido acceso elDiario.es. El órgano judicial estudió el recurso presentado por Teresa contra la resolución del Servicio Cántabro de Salud, que había denegado su petición de reclamación patrimonial por lo ocurrido. Y el fallo, aunque concluyó que practicar la cesárea fue “una decisión acertada”, estimó parcialmente las alegaciones. De hecho, condenó al organismo público a indemnizarla por tratarse de una intervención forzosa en la que no se recabó el consentimiento ni oral ni escrito de la mujer a pesar de su “negativa reiterada”.

El Tribunal Constitucional acaba de admitir a trámite el recurso de amparo de Teresa por la cesárea.

Teresa recuerda “como si fuera ayer” cómo durante todo el rato imploraba para que “me dejaran empujar” y no le hicieran una cesárea mientras “lloraba sin cesar”. Tanto es así que antes de que la sedaran del todo, llegó a escuchar una voz en el quirófano que decía “pero parad ¿no la estáis escuchando?”, asegura. “Me hicieron sentir que no importo, como si fuera un cacho de carne tirado en una camilla. Nadie se dirigió a mí ni se detuvo a explicarme con un mínimo de empatía lo que me iban a hacer”, afirma la mujer, que pudo sostener en brazos a su hija por primera vez ya en casa. La bebé salió del hospital a los dos días, pero ella tuvo que estar cinco más por “complicaciones” tras la cirugía.

La sentencia señala que, durante el juicio, una de las ginecólogas aseguró que Teresa había consentido la cirugía porque “de lo contrario se hubiera ido”, pero el juzgado contradice esta versión y recalca que los profesionales no respetaron el “procedimiento adecuado”. No solo porque “no se le dio información oportuna” a la paciente –aunque después matiza que Teresa, al ser enfermera del mismo hospital, sabía que la cesárea era una posibilidad–, sino que “su falta de consentimiento no se hizo constar por escrito”. Tampoco se solicitó una ratificación judicial en 24 horas, como estipula la ley, ni se aludió a la “existencia de un protocolo consensuado por el servicio dos días antes”.

El fallo, confirmado después por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, no dio la razón a Teresa, sin embargo, en que la cesárea vulnerara sus derechos. Así, la sentencia concluye que la operación fue conforme a la ley debido a la “situación excepcional” de inicio de la pandemia, en la que terminar el embarazo en quirófano “era lo que aconsejaba la prudencia”. Eso porque los protocolos, que “debían adaptarse de manera rápida y a veces insegura”, buscaban “preservar la salud de las personas y evitar la ya preocupante propagación del coronavirus”. Así pues, la jueza estima que el hospital actuó “con respeto” a la ley y “al conocimiento científico disponible” en un contexto extremo de “miedo y pánico generalizados” de los médicos y la población general.

La evidencia científica

Teresa, a través del equipo jurídico de Medusa, presentó entonces el recurso de amparo que tendrá que estudiar ahora el Tribunal Constitucional. En él, la mujer considera que la cesárea se practicó “sin criterio obstétrico, sin su consentimiento y sin consideración de la evidencia científica disponible en ese momento”. “La actuación sanitaria, con el fin de salvaguardar la salud de los profesionales sanitarios y sus familias, vulnera el derecho de la demandante a su integridad física amparado por el artículo 15 de la Constitución”, apunta el texto.

La directriz de la jefa de servicio de Ginecología “ni siquiera se basó en la escasa evidencia” que había, explica el recurso, que remite a un documento del Ministerio de Sanidad del 17 de marzo. La guía señalaba entonces que la decisión sobre cómo finalizar los partos debía ser “individual y multidisciplinar” teniendo en cuenta en primer lugar “el criterio obstétrico” si el estado de salud de la madre no permite el parto vaginal y “en segundo lugar, el principio de precaución y protección para el personal que la asiste”.

Teresa le da la mano a su hija de cinco años.

La enorme incertidumbre ante el covid que se vivía en aquellos momentos, con hospitales colapsados, escasa previsión y datos que cambiaban casi cada hora, llevó a que en España el número de cesáreas se incrementaran considerablemente, según una investigación publicada en Journal of Clinical Medicine. El estudio cifró en el 35,9% la proporción de gestantes con coronavirus a las que se les practicaron entre marzo y septiembre de 2020, sobre todo, a aquellas en estado grave que presentaban neumonía bilateral. En aquel momento, morían al día cientos de personas por covid.

“Yo era asintomática desde hacía 15 días. Si hubiera estado mal y me lo hubieran explicado, yo misma hubiera entendido que quizá no había otra opción, pero no fue el caso”, esgrime Teresa, que no entiende que nada más dar a luz, la bebé “fuera entregada al padre, también positivo en coronavirus”. El recurso también considera que los tribunales han vulnerado la tutela judicial efectiva de la mujer porque cree la defensa que las sentencias no detallan qué beneficio concreto para la salud pública tenía practicar una cesárea “en contra de la voluntad de la paciente” frente a un parto vaginal.

Al mismo tiempo, el recurso que tiene ya sobre la mesa el Constitucional señala a los tribunales por “discriminación por razón de sexo” de la recurrente al “aplicar nociones estereotipadas” en la argumentación, entre ellas la de “reducir el valor de las mujeres a su capacidad reproductiva”. El texto rescata algunas frases contenidas en la sentencia en las que se habla de “excesivas expectativas” o de “parto mitificado” para concluir que los jueces “omiten las implicaciones para la integridad física y psicológica de la mujer” de una cesárea forzada “reduciéndolo a una cuestión de deseos o meras preferencias” y no tanto de derechos.

Por otro lado, el equipo jurídico que lleva el caso estima que también ha habido una “minusvaloración” de los daños y de la “depresión, ansiedad y trastorno de estrés postraumático” que ha causado en Teresa lo ocurrido. “Físicamente no me reconozco, no reconozco mi cuerpo. Y mentalmente fue una ruptura total. El vínculo con mi hija costó muchísimo. Ahora la veo y la siento mía, pero veo fotos y no me acuerdo de cuando era más pequeña”, cuenta la mujer, que estuvo “dos años encerrada en casa” y pidió cambio de centro de trabajo para no acudir más al hospital. “No me puedo ni acercar”, dice. Y añade: “He sentido que me robaban una parte de mi vida”.