El Gobierno se compromete a ajustar 14.000 millones hasta 2028 para permitir más gasto a las comunidades autónomas

El Gobierno ha dado el paso definitivo en la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y se ha comprometido a apretarse el cinturón para darle más oxígeno a las comunidades autónomas. El gesto se traduce en un ajuste de más de 14.000 millones por parte de la Administración General del Estado en tres años, permitiendo a los ejecutivos regionales destinar 5.500 millones de euros a financiar los servicios públicos.

La nueva senda de estabilidad que este martes aprobará el Consejo de Ministros fija un objetivo de déficit (diferencia entre ingresos y gasto público) del 2,1% del producto interior bruto (PIB) para el conjunto de las Administraciones Públicas. Si bien el detalle por subsectores no se conoce al completo, las comunidades autónomas podrán incurrir en números rojos por valor del 0,1% del PIB el próximo año, mientras que el Gobierno se reserva el 1,8%, según detalló la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de este lunes.

El Ejecutivo ofrece a las comunidades autónomas un desvío de una décima del PIB, unos 1.755 millones de euros solo en 2026, a lo largo del siguiente trienio, hasta sumar un total de 5.485 millones de euros de gasto adicional. A esto hay que sumar las entregas a cuenta récord (los recursos principales de las autonomías) por valor de 157.731 millones para el año próximo.

A cambio, el Ministerio de Hacienda se compromete a asumir el grueso de la consolidación fiscal en el periodo. El objetivo que el Gobierno aprobó para 2025, que no se refrendó en las Cortes, fijó un déficit para la Administración General del Estado del 2,2% en 2025. Los nuevos que dará luz verde este martes el Consejo de Ministros serán del 1,8% en 2026, del 1,5% en 2027 y del 1,4% en 2028.

Es decir, las cifras diseñadas por la vicepresidenta Montero se traducen en un ajuste de ocho décimas de PIB, o 14.000 millones de euros, que permitirán ese mayor margen para las comunidades autónomas en el próximo trienio, dentro de la senda de reducción del déficit, como establecen las reglas fiscales europeas.

Los argumentos de Montero para tener más déficit

La estrategia es la del palo y la zanahoria, a pesar de que estos objetivos tienen pocos visos de prosperar en el Congreso de los Diputados. Ya el año pasado el Ministerio de Hacienda ofreció ese déficit del 0,1% para las comunidades autónomas y desde Junts lo tumbaron, exigiendo un reparto en tercios del objetivo global para cada uno de los subsectores.

Ahora, además de la promesa de un mayor gasto público, la vicepresidenta Montero añadió nuevos argumentos para justificar esa división en tres partes.

El primero, que del 1,8% de déficit en el que incurrirá el Ejecutivo central en 2026, 1,4 puntos están comprometidos en traspasos del Estado a la Seguridad Social para garantizar gastos impropios y parte de la financiación de las pensiones. “Son transferencias a la Seguridad Social procedentes del Pacto de Toledo sobre las que el Ministerio de Hacienda no tiene capacidad de actuación”, justificó la ministra.

Montero también señaló al ministro que diseñó el modelo, el popular Cristóbal Montoro. “Ese debate [sobre el reparto del déficit] hubiera sido interesante cuando empezaron las sendas de consolidación y se decidió la distribución del esfuerzo que tenía que hacer cada administración”, apuntó la vicepresidenta, en otro ‘palo’ al PP.

Y un tercer argumento parte de una novedad de este año. La reforma del impuesto a la banca fijó que su recaudación se repartiría entre las comunidades autónomas en función de su peso en la economía. Esto implica recursos adicionales por valor de una décima del PIB que, si bien se computa dentro del margen del Gobierno central, beneficia con mayor margen a los Ejecutivos regionales.

Así, explicó Montero, de ese 1,8% que se ha reservado para el año próximo, el Gobierno ‘solo’ podrá disfrutar del 0,3%.

La futura financiación, “muy alineada con lo que quiere Catalunya”

Pero todas estas cifras quedan en papel mojado si el Congreso de los Diputados no avala la senda de déficit. La ley de Estabilidad Presupuestaria establece que el Gobierno ha de aprobar unos objetivos para las Administraciones Públicas y que estos han de recibir el aval de las Cortes. Si son rechazados, debe aprobar otros nuevos en el plazo de un mes. Y si tampoco son respaldados, se abre un limbo legal que, dicen en Hacienda, daría discrecionalidad al Gobierno para su reparto, mientras que las comunidades y los ayuntamientos tendrían que presupuestar en equilibrio. Es decir, no gastar más de lo que ingresan.

“Si los territorios o los partidos que sustentan los gobiernos autonómicos no la quieren, en la Administración central estamos encantados de que esa décima pase a engrosar algún otro subsector, que es imprescindible para que volvamos a cumplir”, advirtió la vicepresidenta.

Aunque la reunión de este lunes estaba centrada en los objetivos de estabilidad para darle un impulso a los Presupuestos de 2026, la expectación estaba puesta en otro punto del orden del día: el estado de la reforma del modelo de financiación autonómica. Montero se comprometió a presentar uno nuevo en dos meses, como tarde en febrero. Y su objetivo, dijo la ministra, es que entre en vigor antes de que termine la legislatura. Un hito que, de alcanzarse, llegaría con la vicepresidenta ya de vuelta en Andalucía.

La propuesta, aun sin definir, contó con el rechazo en pleno de los consejeros del PP, que cuestionaron que no se cuente con ellos para su diseño y tacharon la oferta de “cuento de la lechera”. Por su parte, Catalunya, a través de la consellera de Economía, Alicia Romero, defendió las bondades de esta futura financiación, cuyos principios estarán “muy alineados con lo que quiere Catalunya”.