Los socios de investidura avanzan sin Junts en un acuerdo para regular el alquiler de temporada

El PSOE y los socios de izquierda han alcanzado este martes un primer acuerdo para avanzar en la ley que busca regular los alquileres de temporada, el principal agujero que según los expertos dejó la Ley de Vivienda y que muchos caseros están aprovechando para saltarse los topes de precios en los territorios en los que se aplica. Las formaciones de izquierda han trabajado en los últimos días en un texto que también comparten los socialistas y al que se ha sumado el PNV. La idea es que vaya a comisión la semana que viene y una vez se apruebe viaje al Senado sin pasar por el Pleno del Congreso, con lo que conseguirían sortear el veto de Junts.

Los grupos reactivaron esta ley en el Congreso la semana pasada, con una primera reunión de la ponencia. En el debate de este martes, los grupos han pactado algunas enmiendas para incorporar al informe que si no ocurre nada raro se votará la semana que viene en la comisión del ramo. La idea del bloque de la investidura es aprovechar un mecanismo del reglamento de la Cámara Baja para evitar que la ley vaya a Pleno y poder sortear así el veto de Junts, que en principio no está de acuerdo con lo pactado en los últimos días.

La ley, como la mayoría de las que entran en el Congreso, tiene competencia legislativa plena, es decir, que si ningún partido pide su avocación a Pleno se aprobará con las mayorías de esa comisión. Y en la Comisión de Vivienda, el PSOE y sus socios pueden aprobar iniciativas sin la necesidad de los votos de Junts y mandarlas al Senado directamente. Esto es lo que ocurrirá si nada cambia en los próximos días: está previsto que la votación definitiva sea la semana que viene.

El texto incorpora algunas novedades frente al texto que registraron los grupos de izquierda en el Congreso, a partir de la redacción del Sindicat de Llogateres de Catalunya. A partir de la aprobación de la ley, los alquileres de temporada contarán con las mismas garantías que un contrato de arrendamiento habitual, entre ellas, la prohibición de cobrar honorarios en el inquilino, las limitaciones de la fianza que contempla la Ley de Vivienda y también los topes de precio.

El texto inicial consideraba que los alquileres de temporada tenían un límite de nueve meses, que ahora se extiende a 12. Además, las enmiendas pactadas entre los grupos exigen una causa justificada para el alquiler temporal. Si no existe esa causa, que deberá ser “real y acreditable” y debe justificarse por el casero, el contrato pasará a considerarse como uno de alquiler regular, de cinco o siete años. Lo mismo ocurrirá si el alquiler excede de los doce meses o se encandenan más de dos contratos temporales.

“Siempre que la duración del arrendamiento de vivienda temporal exceda de doce meses o se noven o sucedan más de dos contratos arrendamiento de vivienda temporal de forma consecutiva, entre las mismas partes y sobre la misma vivienda, el primero se entenderá celebrado como un contrato de arrendamiento de vivienda habitual, y le serán de aplicación todos los preceptos previstos para dichos contratos, incluido el plazo mínimo y el régimen de prórrogas”, establecen el nuevo texto.

El alquiler turístico propiamente dicho queda excluido del texto, pero una enmienda de las incorporadas explicita que este último no podrá exceder de los 31 días. Sobre el alquiler de habitaciones, el texto pactado establece que la suma de los importes pagados por cada uno de los inquilinos no podrá superar en total los topes establecidos por la ley para los pisos y los inquilinos quedarán protegidos con las mismas garantías. También blinda la prohibición definitiva del cobro del IBI a los inquilinos.

“Donde haya un fraude o un abuso, ahí estará el Gobierno para intervenir. Regulamos porque la vivienda es un derecho, y una democracia como la española NO se puede permitir que haya un mercado salvaje que exprima a las familias y se coma sus salarios”, han trasladado fuentes del Ministerio de Vivienda tras conocerse el acuerdo. “Es un paso importante y confiamos en que este acuerdo transversal, que prima el interés general, pueda salir adelante definitivamente”, añaden.

“Después de semanas de intensas negociaciones, hoy se ha desbloqueado la proposición de ley destinada a evitar el fraude en los alquileres de temporada y de habitaciones. Es un paso trascendental para solucionar la crisis de vivienda que afecta miles de famílias en el conjunto del estado, prioridad absoluta de nuestro grupo parlamentario en la presente legislatura”, han celebrado los Comuns en un comunicado.

“No se entendería que los partidos se nieguen a poner fin a un fraude que afecta de forma transversal a toda la sociedad. Por eso, estamos convencidos que lograremos la mayoría necesaria para saldar la deuda que tenemos con las mayorías sociales del país, empezando por la juventud y por la gente trabajadora”, han añadido.

Sin los votos de Junts

Los grupos de izquierda del Congreso han trabajado estos días en un borrador al que han tratado de sumar al PSOE y también al PNV. Los socialistas querían incorporar una serie de enmiendas con bonificaciones fiscales que finalmente han quedado fuera de este primer cuerpo de negociación, aunque el grupo parlamentario no renuncia a poder incluirlas en la comisión que se celebre la semana que viene. Ha quedado fuera también una enmienda sobre marco sancionador que no contaba con el apoyo de los nacionalistas vascos, por un asunto de invasión de competencias.

No obstante, los grupos parlamentarios confían en poder aprobar la ley en el Congreso directamente en comisión, sin pasar por el Pleno. Las mayorías cambian y en comisión el bloque de la investidura cuenta con los apoyos suficientes para sacarla adelante, a diferencia del hemiciclo en el que los votos de Junts son imprescindibles para sacar cualquier iniciativa adelante.

La norma no escrita en el Congreso es que la mayoría de normas (excepto las orgánicas y alguna excepción más) se tramitan por defecto con competencia legislativa plena, es decir, que la comisión tiene capacidad total para aprobar una iniciativa y enviarla directamente al Senado sin pasar por el Pleno. Pero en la mayoría de ocasiones los grupos piden que se vote en el Pleno, un trámite que se conoce como avocación. Lo habitual es que si cualquier grupo pide que vaya al hemiciclo el resto de grupos lo acepten, pero en esta ocasión ninguno lo ha solicitado de momento y los socios confían en que ya no hay tiempo para que se produzca la votación de avocación.

El problema que genera esta fórmula es que cuando llegue al Senado el PP y Junts pueden aliarse para introducir cambios o incluso enmiendas que desvirtúen por completo el espíritu de la norma y luego ratificarlas en la votación definitiva en el Congreso. Por eso, una diputada del bloque de la investidura, a la salida de la ponencia, advertía de que con esta vía el PSOE “está jugando con fuego”.