Eslovenia, acusada de racismo por una nueva ley que “trata a la minoría gitana como una amenaza para la seguridad”

El Gobierno de Eslovenia ha sido acusado de convertir los barrios habitados por gitanos en “zonas de seguridad”, tras la aprobación de una ley que otorga a la policía poderes para allanar y vigilar domicilios en las denominadas áreas de “alto riesgo”.

A medianoche del lunes, el Parlamento esloveno respaldó la “Ley Šutar”, que lleva el nombre de Aleš Šutar, quien murió en un altercado con un joven gitano de 21 años tras acudir a una discoteca después de que su hijo le llamara pidiendo auxilio. El incidente ocurrido el pasado mes frente a la discoteca LokalPatriot en Novo Mesto, en el sur de Eslovenia, provocó multitudinarias protestas callejeras, el despliegue policial en los barrios gitanos y la dimisión de dos ministros.

El primer ministro, Robert Golob, del Partido de la Libertad (centro-izquierda), respondió con nuevas medidas de seguridad, asegurando que no iban dirigidas “contra un grupo étnico en particular, sino contra el crimen en sí”.

Sin embargo, los críticos con la nueva norma afirmaron que los cambios eran discriminatorios y “trataban a toda una minoría como una amenaza para la seguridad”.

La Ley de Medidas Urgentes para Garantizar la Seguridad Pública, presentada inicialmente dos semanas después de la muerte de Šutar, fue modificada antes de la votación final del lunes 17 de noviembre, pero conservó una serie de cláusulas controvertidas.

La policía podrá, sin orden judicial, entrar en una propiedad o medio de transporte situados en una “zona de riesgo para la seguridad”, si fuera “inevitablemente necesario para la protección de las personas incautar armas de fuego de inmediato”. También podrán utilizar medios técnicos para la fotografía y el registro, como drones o reconocimiento de matrículas, si considerase que la vida o la propiedad de las personas están en riesgo.

Según la legislación, las “zonas de riesgo para la seguridad” serán delimitadas geográficamente por los directores policiales, basándose en una evaluación de seguridad.

Mensur Haliti, vicepresidente de Roma Foundation for Europe, afirmó que la ley era discriminatoria y pidió a la Comisión Europea que examinara sus términos. “Esta ley convierte barrios enteros en zonas de seguridad y a sus residentes en categorías de seguridad. Reduce el coste político de perseguir, con fines políticos, a quienes ya están excluidos de la participación política libre y justa”, afirmó.

“Eslovenia ha hecho algo que Europa rara vez admite que ocurre dentro de la UE: ha aprobado una ley que trata a toda una minoría como una amenaza para la seguridad”, denunció Haliti.

“Si la UE permite que el miedo se convierta en política interna no puede dar lecciones a sus vecinos sobre democracia y Estado de derecho. Si Europa no puede defender sus estándares internamente, no puede exigirlos con credibilidad en el exterior”, agregó el vicepresidente de la fundación de defensa de los derechos del pueblo gitano.

Una coalición de partidos políticos de izquierda se negó a participar en las sesiones parlamentarias, calificando la ley de represiva. Sin embargo, existen indicios de un alto grado de apoyo público a la nueva legislación. Una encuesta de RTV Eslovenia señaló que más del 60% de los participantes se mostraron de acuerdo con la respuesta del Gobierno.

La ley ha sido aprobada antes de las elecciones nacionales de marzo, en las que el partido de Golob se enfrenta a la posibilidad de ser desbancado por el Partido Democrático Esloveno, de derecha y nacionalista, liderado por el ex primer ministro Janez Janša.