El Gobierno andaluz confirma al juez que retiró el control previo a los contratos sanitarios a dedo sin un informe razonado

La viceconsejera andaluza de Hacienda, Amelia Martínez, ha declarado este martes en calidad de testigo ante el juez que investiga al Gobierno de Juan Manuel Moreno por un supuesto delito de prevaricación en los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) a clínicas privadas, por un montante de 243 millones de euros, entre 2021 y 2024.

Martínez fue la interventora general de la Junta de Andalucía durante los años que se investigan -antes de ser ascendida a número dos de Hacienda (2022)-, por tanto, era la principal responsable de fiscalizar el uso de fondos públicos en el Gobierno de Moreno cuando los controles internos de todas las administraciones se habían relajado, por ley, para agilizar la contratación de material sanitario y hacer frente a la pandemia de Covid-19.

Esta causa judicial nace de una docena de informes “desfavorables” de los interventores de la Junta en las ocho provincias andaluzas, censurando el “abuso” de los contratos de emergencia del SAS, a dedo, sin publicidad ni concurrencia competitiva, cuando ya estaba derogado el marco legal que se habilitó excepcionalmente durante los primeros meses de la pandemia.

Todas esas auditorías internas denunciando “irregularidades” fueron elevadas a los máximos responsables de la Consejería de Salud y del departamento de Hacienda, pero la Junta hizo caso omiso y siguió prorrogando la contratación a dedo hasta la primavera de 2023, cuando elDiario.es reveló los informes y, en 24 horas, el Ejecutivo andaluz anunció su cancelación.

El juez José Antonio Gómez, que instruye la causa, ha partido de esos mismos informes para interrogar este martes a cinco altos cargos de la Junta (dos de ellas son las mismas interventoras que firman las auditorías “desfavorables” y que se han ratificado en sus conclusiones en sede judicial).

Los auditores analizaron a posteriori todos esos contratos con la sanidad privada. Y no lo hicieron antes de que la Junta librase el gasto, porque meses antes -el 6 de octubre de 2020- el Consejo de Gobierno de Moreno aprobó un acuerdo para dar un volantazo al sistema de fiscalización, sustituyendo el control previo por el control financiero permanente (a posteriori) específicamente para los contratos de emergencia del SAS.

La fiscalización permanente es más ágil, porque sortea los controles habituales previos a la autorización del gasto de dinero público, que es de lo que se trataba durante los primeros meses de la pandemia. Pero dos años y medio después la Junta seguía usando la contratación de emergencia sin fiscalización previa. Una de las declaraciones clave, hoy ante el juez, era la de Amelia Martínez, porque como interventora general de la Junta avaló aquel acuerdo del Consejo de Gobierno que suprimió los controles previos.

Al ser preguntada, Martínez ha asegurado que esa decisión se adoptó en un consejillo -la reunión de los viceconsejeros que prepara el orden del día del Consejo de Gobierno-, pero no ha podido acreditar que aquel cambio en el sistema de fiscalización estuviera respaldado por un informe preceptivo.

Aquel consejillo de octubre de 2020, presidido por el hoy consejero de Sanidad y Presidencia, Antonio Sanz (entonces viceconsejero de Presidencia), debía aprobar la incorporación del control financiero permanente para otro tipo de gastos (con fondos europeos), un preacuerdo que sí llevaba adjunto el informe preceptivo. Según el relato de los testigos ante el juez, finalmente se incluyó también en aquel acuerdo la contratación de emergencia del SAS, tras una intervención de la viceconsejera de Salud (entonces Catalina García, luego ascendida a consejera de Salud y actualmente titular de Medio Ambiente), y del viceconsejero de Hacienda.

El ex responsable de contabilidad del SAS José Antonio Miranda, a su llegada a los juzgados de Sevilla para declarar por los contratos sanitarios.

El famoso acuerdo del Consejo de Gobierno del 6 de octubre de 2020 aparece, como marco legal, en el encabezado de todos los informes de los interventores del SAS alertando de posibles irregularidades en la contratación a dedo con clínicas privadas. El juez y también la Fiscalía Anticorrupción habían reclamado a la Junta el expediente completo de aquel acuerdo, al que acompaba una “memoria justificativa” firmada por Amelia Martínez, pero sin informe jurídico.

El magistrado trataba de dilucidar si las irregularidades detectadas a posteriori por los interventores eran, precisamente, consecuencia directa de haber levantado los controles previos en la contratación de emergencia. Es más, el PSOE -personado como acusación popular- señala que esa decisión política se adoptó “ad hoc” para facilitar la adjudicación a dedo a grandes empresas de la sanidad privada por parte del Gobierno de Moreno.

Martínez no ha sabido acreditar por qué se produjo el cambio de criterio en el sistema de fiscalización de la contratación de emergencia del SAS. En su “memoria justificativa”, la hoy viceconsejera de Hacienda avaló la retirada de los controles previos sin un argumento específico —ni siquiera relaciona la decisión con la pandemia— y se limitó a subrayar que “considera oportuno actualizar la relación de gastos, órganos y servicios” que cambian su sistema de fiscalización interna “de cara a una mayor agilidad y eficacia en la gestión”. En esa relación se incluyó, a última hora, los contratos del SAS, según su declaración este martes, relatada por fuentes presentes.

La memoria que Martínez presentó no recoge argumentos específicos a favor del control a posteriori sobre los contratos de emergencia del SAS, más allá de una consideración “de carácter general” para todos los gastos relacionados en el acuerdo. La exinterventora general de la Junta sí argumenta, como punto a favor, su confianza “en el grado de madurez o autodisciplina de los procesos de gestión”.

La gestión de los contratos de emergencia del SAS con clínicas privadas quedó en manos de quien entonces era director gerente del órgano de contratación, Miguel Ángel Guzmán, y de sus dos sucesores en el cargo, Diego Vargas, y la actual gerente del SAS, Valle García. Los tres están imputados y acudirán a delcarar ante el juez el próximo 25 de noviembre, tras un intento fallido por parte de su abogado para que el juez archivase la causa.

Las dos interventoras se ratifican en la denuncia de “irregularidades”

Tras la declaración de Martínez ante el juez, ha sido el turno de José Antonio Miranda, veterano diputado del PP y director económico del SAS en aquellos años, hasta su dimisión, tres meses antes de que su nombre apareciera por primera vez en la instrucción judicial.

Los dos han coincidido este martes en la sala de vistas del Juzgado de Instrucción 13, en la tercera planta del Palacio de Justicia. El juez y los abogados de las partes -PSOE y Podemos como acusación popular; y el abogado que defiende a los tres gerentes del SAS imputados- han tomado declaración a dos responsables directos de la contratación del SAS, y a dos interventoras que censuraron duramente esas adjudicaciones a dedo, y elevaron la alerta de “irregularidades” en sus informes.

Cada declaración se ha prolongado en torno a una hora. Tras Martínez y Miranda, le ha tocado el turno al exdirector de asistencia sanitaria y resultados en la Consejería de Salud Hipólito Luis Carlos Martínez Hervás, a la exinterventora central del SAS Blanca Pons y a su interventora adjunta, María Victoria López.

Las dos interventoras responsables de los informes desfavorables que censuraron la adjudicación a dedo a clínicas privadas se han ratificado en los “incumplimientos detectados”. Las dos han asegurado que se plantearon pedir un informe de actuación, una alerta por un posible delito de menoscabo de fondos, pero que finalmente lo descartaron al observar “cierta mejoría” en la contratación posterior.

Los cinco altos cargos de la Junta que han declarado ante el juez han coincidido en que estos contratos a dedo estaban justificados siempre en el marco de excepcionalidad en la contratación pública que provocó la pandemia. En marzo de 2023, una vez se hizo pública la noticia de los informes desfavorables, altos cargos del SAS se reunieron con la Intervención de la Junta para poder explicar la situación, han relatado durante el interrogatorio.