Caso Lafarge: comienza el juicio en Francia a la multinacional del cemento por financiar al Estado Islámico

Los hechos que se imputan a Lafarge son especialmente graves. El gigante de la industria de materiales de construcción comparece desde este martes ante el tribunal correccional de París por haber llegado, según la acusación, a acuerdos financieros con los grupos yihadistas que asolaban Siria entre 2012 y 2014. Lafarge está acusada de realizar pagos para mantener en funcionamiento su fábrica de Jalabiya, a unos 90 kilómetros de Raqqa.

La empresa está acusada como persona jurídica, junto a ocho personas físicas, por un delito de “financiación del terrorismo” y, en varios casos, también por “incumplimiento de sanciones financieras internacionales”. Según los jueces de instrucción, los acusados “organizaron, validaron, facilitaron o aplicaron una política que consistía en enviar fondos a las organizaciones terroristas establecidas en los alrededores de la cementera” de Jalabiya. Entre estos grupos terroristas se encontraban Jabhat Al-Nusra, afiliado a Al Qaeda, y la organización Estado Islámico (EI).

En el banquillo se sientan el antiguo director general de Lafarge, Bruno Lafont; el director general adjunto de operaciones responsable de Siria, Christian Herrault; dos directores de la filial siria Lafarge Cement Syria (LCS), Bruno Pescheux y Frédéric Jolibois; dos responsables de seguridad, Jacob Waerness y Ahmad Jaloudi; y dos personas que presuntamente actuaron como mediadores entre la cementera y los grupos armados, el siriocanadiense Amro Taleb y el sirio Firas Tlass (este último juzgado en ausencia).

La cementera de Jalabiya comenzó a funcionar en 2010, un año antes de que la represión por parte del poder de grandes manifestaciones desembocara en la guerra civil que asoló el país hasta 2024. La mayoría de las empresas internacionales abandonaron Siria en los meses siguientes al comienzo del conflicto. De hecho, Lafarge era el único grupo francés presente en 2012.

En ese punto, diferentes facciones armadas presentes en los alrededores de la cementera establecen en la zona una “economía de extorsión”, según la expresión utilizada por la defensa, para financiar sus actividades.

Entre estas facciones se encuentran grupos islamistas, como Jabhat Al-Nusra, que tomó el control de Raqqa en marzo de 2013. Meses más tarde, el entonces denominado Estado Islámico de Irak y el Levante se apoderó de la ciudad, que convirtió en su capital hasta ser expulsado en 2017.

Estimación de 5 millones de euros

Los jueces de instrucción sostienen que, para mantener la fábrica en funcionamiento, Lafarge aceptó pagar a los grupos terroristas que controlaban las carreteras. También les acusa de haber comprado productos a empresas vinculadas al Estado Islámico. La Fiscalía Nacional Antiterrorista francesa estima en 5 millones de euros el importe total de las sumas pagadas por la multinacional a diferentes grupos yihadistas.

Un combatiente del Estado Islámico en la ciudad siria de Raqqa en 2014.

La defensa, además de cuestionar esa estimación, afirma que la empresa fue “forzada” a pagar a los grupos armados como parte de la extorsión generalizada. Una interpretación que no ha convencido a los jueces de instrucción, que consideran que Lafarge “podría haber puesto fin en cualquier momento a la explotación de la fábrica” y que, antes de pagar, había evaluado “las contrapartidas que podía obtener”, según los extractos del escrito de acusación aparecidos en varios medios de comunicación franceses.

Otro de los argumentos avanzados por los abogados defensores es que el Estado francés conocía estos pagos y los había aceptado porque la actividad de la cementera le servía para recabar información, en el contexto de la guerra civil siria. Un argumento también desestimado por los jueces de instrucción que señala que el enlace de los servicios de inteligencia dentro de Lafarge, un exmilitar llamado Jean-Claude Veillard, había desaconsejado a los directivos efectuar los pagos o establecer cualquier contacto con los grupos yihadistas. Veillard está citado en el proceso en calidad de testigo.

Otros procesos

El proceso abierto esta semana en París es la culminación de ocho años y medio de investigación judicial sobre las actividades de Lafarge en Siria. No obstante, no es el único al que se enfrenta la multinacional por hechos similares. Lafarge sigue siendo investigada, en una pieza separada de la instrucción, por “complicidad en crímenes contra la humanidad”, además de una tercera causa, centrada en hechos susceptibles de “poner en peligro la vida de terceras personas”.

Precisamente este martes el medio digital francés Basta! publicó testimonios de exempleados sirios de la empresa que aseguraron haber sido forzados a mantener en funcionamiento la fábrica pese al riesgo que representaban los grupos armados. “Con el dinero francés pudieron comprar las armas con las que nos masacraron”, denuncia uno de ellos.

La empresa se enfrenta a una multa de 1.125.000 euros, el resto de acusados a penas de hasta diez años de prisión y 225.000 euros. Además, Lafarge podría tener que pagar también por el incumplimiento de las sanciones una segunda multa que podría elevarse a los 46 millones de euros.

Hechos reconocidos en EEUU

Uno de los elementos centrales del juicio será el debate sobre un acuerdo extrajudicial alcanzado por la cementera en 2022 en Estados Unidos. Lafarge pactó con el Departamento de Justicia un acuerdo de reconocimiento de culpa y una multa de 778 millones de dólares para evitar ser procesada ante la justicia estadounidense por atentar contra la “seguridad nacional”.

En virtud de ese acuerdo, concluido el 18 de octubre de 2022, la empresa reconocía su responsabilidad en la financiación de Jabhat Al-Nusra y del Estado Islámico, un reconocimiento recogido por los jueces de instrucción franceses en su escrito. De hecho, una de las cláusulas de ese acuerdo implica que Lafarge tiene prohibido contradecir los elementos que ha reconocido ante la justicia de EEUU.

De manera paradójica, la defensa intenta utilizar ese reconocimiento de culpabilidad para anular el proceso contra sus clientes. Los abogados alegan que LafargeHolcim —Lafarge se convirtió en filial de Holcim tras su absorción por la cementera suiza en 2021— llegó a ese acuerdo con la justicia estadounidense para poder seguir “haciendo negocios” en Estados Unidos.

Y los abogados sostienen que, aunque la cementera aceptó incriminarse, ninguno de los acusados, sostiene la defensa, estaba al corriente de esas negociaciones judiciales. Ninguno pudo, por tanto, defenderse ni ofrecer su versión de los hechos.

A principios de mes una primera salva de objeciones de los abogados de la defensa sobre el trabajo de los jueces de instrucción habían llevado a una suspensión del juicio, al cabo de dos días de audiencias. El origen fue un error procesal en uno de los escritos de acusación.

Denuncia contra Total en Mozambique

Las dos asociaciones que impulsaron esta investigación y que se personan como acusación popular, Sherpa y el Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR), celebraron la apertura del juicio contra Lafarge como “un paso importante en la larga batalla judicial librada por los antiguos empleados”.

“Es un proceso histórico, es la primera vez que una empresa es juzgada por financiación del terrorismo, junto con sus directivos”, aseguró Anna Kiefer, portavoz de Sherpa, que afirmó además que este juicio envía un mensaje contundente a “todas las empresas que operan en zonas de conflicto” para instarlas a “no anteponer los intereses económicos a los derechos humanos”.

Un día antes de la apertura del proceso, el Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos interponía en París otra denuncia, en este caso contra la multinacional TotalEnergies por “complicidad en crímenes de guerra” en Mozambique. La denuncia llega después de que una investigación periodística de Politico y del colectivo SourceMaterial revelase que en el verano de 2021 civiles mozambiqueños fueron secuestrados y torturados por soldados pagados para vigilar las instalaciones gasísticas de la multinacional, en el contexto de un conflicto con grupos islamistas.