El Supremo condena al fiscal general a dos años de inhabilitación y multa de 7.200 euros por la filtración del correo de la pareja de Ayuso

El Tribunal Supremo ha decidido condenar a una multa de 7.200 euros y dos años de inhabilitación al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la filtración de la confesión de fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Los jueces le consideran culpable de un delito de revelación de secretos al considerar probado que él filtró ese correo electrónico a la prensa en la noche del 13 de marzo de 2024, cuando la Fiscalía recopilaba toda la información del caso para desementir los bulos que difundía el entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid. La sentencia, que incluye una indemnización de 10.000 euros para la pareja de Ayuso, no es unánime y tiene dos votos particulares en contra.

El juicio quedó visto para sentencia el 13 de noviembre después de seis sesiones en las que García Ortiz negó haber filtrado o dado la orden de filtrar ese documento. “No, no lo he hecho llegar”, dijo el fiscal general en un interrogatorio en el que solo contestó a su defensa y a las pocas preguntas que le hizo la teniente fiscal del Supremo. “No hay absolutamente ningún indicio, ninguna prueba de que ese correo llegase porque así lo ordenase el fiscal general”, apostilló la Abogacía del Estado en su informe final antes de que el caso quedara visto para sentencia.

El fiscal general defendió entonces lo que asegura desde la apertura de las primeras diligencias en los tribunales de Madrid: que la Fiscalía nunca perjudicó a Alberto González Amador en su proceso por fraude fiscal y que esa noche el objetivo de todas sus gestiones no era filtrar su confesión a la prensa sino, al día siguiente, emitir una nota de prensa y desmentir todos los bulos que estaban circulando. Los bulos que, tal y como difundían entonces Miguel Ángel Rodríguez y varios medios, apuntaban a que el fiscal del caso le había ofrecido un pacto pero que esa oferta había sido retirada por “órdenes de arriba”.

El juicio giró durante días en torno a varios aspectos clave además de si había pruebas que achacaran la filtración al fiscal general. Por ejemplo, si el propio comisionista fue el primero en romper la confidencialidad de sus correos al mandar uno a Miguel Ángel Rodríguez y permitir que lo enviara a decenas de periodistas, o si el correo y su contenido ya era conocido por varios periodistas horas o días antes y, por tanto, su contenido ya no era secreto. El jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso reconoció y defendió su bulo –“No tengo ninguna fuente”– y aportó algunos nuevos durante el juicio: “Hacienda no le ha permitido llegar a un acuerdo”, dijo sin aportar ninguna prueba.

Hasta 40 testigos declararon ante el tribunal a lo largo de seis sesiones: periodistas, fiscales, políticos y una docena de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Estos últimos, encabezados por el teniente coronel Antonio Balas, protagonizaron la sesión más dura para los intereses del fiscal general cuando le acusaron directamente de ser el mayor sospechoso de haber filtrado el correo por su “dominio” en la situación esa noche como máximo responsable de la Fiscalía. La Abogacía del Estado y la Fiscalía entendieron que esas declaraciones confirmaron lo que ya denunciaron en fase de instrucción: que la UCO y Ángel Hurtado solo trabajaron con la posibilidad de que García Ortiz fuera el filtrador y no exploraron cualquier otra vía, omitiendo noticias y datos relevantes en sus informes e incluso recortando mensajes.