Los que podían hacer, hicieron

Los que podían hacer, hicieron. Aznar dio la consigna y otros obedecieron. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con dos votos en contra, considera probado que Álvaro García Ortiz participó en la filtración de los datos personales del novio de Ayuso. Le condena por un delito de revelación de secretos a dos años de inhabilitación, una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 a Alberto González Amador, el presunto defraudador confeso. 

Lo de presunto se añade para que el técnico sanitario venido a más como comisionista no se anime a engrosar su ristra de querellas contra quienes no utilicen el supuesto, a pesar de que su abogado reconoció por escrito, con su beneplácito, que había cometido dos delitos de fraude fiscal y uno de falsificación documental, por lo que asumía una pena de 8 meses de cárcel.

El fiscal general “va p’alante”, tal y como ya avanzó el cerebro de esta vergonzante operación en la que el Alto Tribunal no sólo condena a quien no cometió el delito -tal y como declararon en el juicio oral media docena de periodistas-, sino que lo hace un 20N. La fecha invita a pensar sobre quiénes y cómo siguen mandando en este país, pese a la muerte del dictador cuando se cumplen 50 años de su desaparición.

La derecha política, judicial y mediática se frota las manos con un fallo que además se hace público al día siguiente de que se conociera que González Amador había ejecutado la opción de compra que recoge el contrato de alquiler que firmó hace más de dos años con la sociedad dueña del ático que ha venido disfrutando junto a Ayuso por un alquiler mensual de 5.000 euros. Situado en la planta superior a la vivienda de lujo en la que ambos residen y que él compró en 2022, la última adquisición se ha formalizado con un precio de 1.127.000 euros según el acuerdo suscrito. 

García Ortiz tendrá que dejar el Ministerio Fiscal mientras el comisionista, que quintuplicó su facturación con el gigante Quirón tras emparejarse con Ayuso y aún no ha sido juzgado por los delitos contra la Hacienda Pública y otros dos por corrupción en los negocios y administración desleal, adquiere a precio de ganga otra propiedad más en el lujoso barrio de Chamberí.

García Ortiz afronta dos años de inhabilitación mientras un cargo público como lo es el jefe de gabinete de Ayuso se jacta ante el Supremo de haber mentido con descaro y porque tiene el pelo cano cuando dijo que el ministerio fiscal frustró un acuerdo con el novio de Ayuso “por órdenes de arriba”. 

García Ortiz tendrá que dejar el cargo mientras Ayuso y su hacedor de bulos particular se anotan una victoria con la condena al fiscal y el Supremo añade con su condena desconfianza en una justicia ya de por sí cuestionada, no solo, por una parte, del arco parlamentario sino por la inmensa mayoría de los ciudadanos. 

El golpe asestado a García Ortiz es un golpe contra el Gobierno, contra el Estado de Derecho y contra una democracia en la que cualquiera ya puede ser condenado sin haber sido culpable de la comisión de un delito. Es solo el principio de una escalada que continuará, seguro, con el hermano del presidente del Gobierno, la esposa y quien haga falta hasta que Pedro Sánchez, por los votos o por las togas, abandone La Moncloa. El precedente produce escalofríos en una España en la que justo este jueves se recordaba el final de los 50 años de franquismo. Por final se entiende la desaparición del dictador porque lo que son su sombra y algunos de sus métodos siguen muy presentes en algunas estructuras del Estado. España les sigue perteneciendo por derecho divino y no cejarán en su ofensiva.

Miedo es poco.