Una condena a la verdad

Cuando el hermano de Isabel Díaz Ayuso pegó el pelotazo de las mascarillas, el primero en caer fue el líder del PP, Pablo Casado. Con el fraude fiscal de la pareja de Ayuso, el primer condenado ha sido el fiscal general.

Es parte de una larga tradición. El primer condenado por el caso Gürtel fue el juez Baltasar Garzón.

La condena al fiscal general, Álvaro García Ortiz, ha llegado con inusual velocidad. Apenas ha pasado una semana desde que el juicio terminó. Sus señorías han sido tan rápidos que la sentencia aún está por escribir. Literalmente, está “pendiente de redacción”, como informó el Tribunal Supremo en una nota de prensa enviada a las 14:01 de hoy, 20 de noviembre. Ni siquiera han tenido empacho en hacer pública su decisión en esta simbólica fecha. Cincuenta años de una democracia ejemplar.

No conocemos por tanto la sentencia, ni los argumentos. Ni cómo han valorado las pruebas, ni por qué han descartado los numerosos testimonios de distintos periodistas que aseguraron haber tenido acceso a ese correo electrónico antes de que lo tuviera el fiscal general. Tampoco cómo es compatible con la condena que se haya demostrado en el juicio que quien primero reveló el secreto fue Miguel Ángel Rodríguez, pero que hoy este autodenominado “periodista” esté brindando con champán.

Solo se ha hecho público el fallo: una condena a 12 meses de multa –7.200 euros en total–, su inhabilitación especial por dos años para el cargo de fiscal general, el pago de las costas y una indemnización de 10.000 euros para Alberto González Amador.

También sabemos que la condena a García Ortiz no ha sido unánime. Hay dos votos particulares que piden la absolución, de las dos únicas juezas progresistas en todo el tribunal: Ana Ferrer y Susana Polo. Los otros cinco magistrados –conservadores todos ellos– respaldan esta condena.

Cinco a dos; si esto fuera un Parlamento, la derecha tendría en este tribunal una mayoría absoluta de 250 diputados. Una que jamás ha existido en nuestra historia democrática.

Ante esta división en el tribunal, es inevitable dudar de la independencia de la Justicia o de su politización. Entre otros motivos, porque los jueces no llegan al Supremo por oposición. Los nombra el Consejo General del Poder Judicial. Ese órgano que emana del Parlamento y cuya renovación el PP bloquea cada vez que pierde las elecciones. Esta estrategia metódica y sistemática ha permitido al PP dominar los nombramientos al Supremo durante décadas, lo que ha dado a la derecha una mayoría abrumadora en todas las salas de este tribunal. Empezando por la Sala de lo Penal, esa Sala Segunda que “controlaremos desde atrás”, como confesó por escrito un senador del PP.

No es descartable que haya más consecuencias: que los periodistas que contaron la verdad acaben en los juzgados, esta vez como acusados de falso testimonio. Tampoco que esta sentencia sirva para salvar a González Amador de sus varios problemas judiciales.

Justo ayer conocimos su decisión ante esa dicotomía que planteó ante el Supremo: “O me voy de España o me suicido”. Finalmente, el muy honorable defraudador ha apostado por una tercera vía: comprar ese ático de lujo que hasta ahora extrañamente alquilaba a una sociedad administrada por su propio abogado.

Todo es historico en esta causa judicial. Y que hoy conozcamos el fallo, antes de que esté siquiera redactada la sentencia, es también inusual. Sospecho cuál es la razón: evitar una filtración. Algo que ocurre de forma cotidiana en el Supremo –la sentencia más famosa de este tribunal, la del procés, también se filtró–. Algo que rara vez se investiga y que casi nunca se llega a juzgar.

Habría sido el colmo: que esta condena por revelación de secretos se conociera por una filtración. Han preferido las prisas a ese oprobio aún mayor.