Justicia climática, la única vía posible en la COP30

La COP30 que entra estos días en su recta final en Belém (Brasil), se está desarrollando en un contexto marcado por un fuerte impulso social y el protagonismo de los pueblos indígenas y los movimientos que llevan décadas defendiendo la Amazonía. Es una cumbre que muchos consideran “la COP de la gente”, con la mayor selva tropical del planeta como escenario y símbolo de lo que está en juego.

El encuentro arrancó con la reunión de líderes mundiales los días 6 y 7 de noviembre, empañada por la ausencia de una delegación oficial de Estados Unidos. En esta cumbre, destaca el liderazgo brasileño histórico por su simbolismo y por su apuesta por frenar la deforestación en el mismísimo pulmón verde del mundo. Así como por su compromiso con la ambición climática, la cooperación entre el Norte y el Sur global y la justicia climática.

Los Estados parte del Acuerdo de París han llegado a Belém con tres retos fundamentales. El primero es elevar la ambición de sus planes climáticos nacionales (NDC). Estos deben abarcar todos los sectores y alinearse para no superar los umbrales fijados por la ciencia, con un límite de 1,5 °C que ya está prácticamente fuera de alcance. Evitar las peores catástrofes exige, por tanto, un nivel de ambición mucho mayor.

El segundo es avanzar en la transición hasta abandonar los combustibles fósiles, según el compromiso adquirido hace dos años en Dubái. Y finalmente, comprometer una financiación justa, orientada a cubrir los costes crecientes de los países empobrecidos, que son los que menos contaminan pero los que más sufren los impactos climáticos.

Pero nada de esto será posible si no se encara un problema central: el poder de los superricos y las grandes corporaciones y su capacidad para bloquear avances significativos. Nuestro último informe revela cómo las personas con menos recursos son las más expuestas al cambio climático mientras que las grandes fortunas y corporaciones continúan impulsando un modelo insostenible que agrava tanto la crisis ambiental como la social.

Según nuestro análisis, el 0,1% más rico del planeta emite en un solo día más carbono que el 50% más pobre en todo un año. Mientras la cuota de las emisiones de este 50% más pobre ha disminuido desde 1990, la del 0,1% más rico ha aumentado un 32%.

A esta desigualdad climática, se suma el poder desproporcionado de los superricos y de las grandes multinacionales cuyos intereses son sobrerrepresentados, año tras año, en las Cumbres del Clima.

 Ante este escenario, gravar a los superricos y a los que más contaminan no es radical, es de sentido común. Se trata de justicia y responsabilidad, pues no solo reduciría las emisiones globales, sino que generaría una financiación climática muy necesaria. 

Porque los países desarrollados deben cumplir con sus compromisos de financiación climática justa, transparente y accesible, duplicando en particular la financiación para la adaptación e incrementando los fondos para las pérdidas y daños y reconociendo así su responsabilidad histórica.

¿Dónde queda España ante estos desafíos?

En Belém, el presidente del Gobierno presentó a nuestro país como líder en energías renovables, defendió que la adaptación tenga el mismo peso que la mitigación y afirmó que hemos cumplido con los compromisos de financiación climática internacional. Desde Oxfam Intermón hemos analizado estos datos: el objetivo cuantitativo se ha alcanzado pero España es uno de los países que más acude a préstamos no concesionales, que generan deuda a los países que los reciben y, por tanto, no cumple con los criterios ni de calidad ni de equidad.

El compromiso con el “multilateralismo climático”anunciando 45 millones de euros adicionales destinados a agencias climáticas para pérdidas y daños, para adaptación y para la Organización Meteorológica Mundial debería orientarse a instrumentos concesionales o subvenciones. El apoyo de Sánchez a gravar los vuelos de lujo —jets privados y vuelos premium— es, en cambio, un paso en la buena dirección.

Porque en España se repite el mismo patrón de desigualdad climática que en el resto del planeta: una persona del 0,1% más rico de la población contaminó hasta 55 veces más que una persona perteneciente al 50% con menos ingresos en 2022.

La transición energética debe abrir oportunidades para no dejar a nadie atrás: debe redistribuir la riqueza, mejorar la calidad de vida y reducir riesgos. Para ello, es necesario una política fiscal progresiva, mecanismos de compensación para proteger a los hogares vulnerables y una perspectiva que integre salud, vivienda, educación y acceso universal a energía limpia y asequible.

También requiere coherencia entre las políticas estatales, autonómicas, locales e internacionales, evitando contradicciones como las subvenciones a los combustibles fósiles. Nada de ello será posible sin transparencia, participación ciudadana y un consenso político y social sostenido.

La COP30 es un momento decisivo para reorientar el rumbo. Belém debe ser la oportunidad para que los gobiernos adopten medidas innovadoras, muestren que cumplen sus promesas y objetivos climáticos y revitalicen la cooperación multilateral.Poner la justicia climática en el centro no es opcional: es la única vía para que la acción climática sea eficaz y justa a escala global.