Cómo una ayuda universal por hijo reduciría mucho más la pobreza infantil que las actuales

El debate en el seno del Gobierno sobre una nueva ayuda universal por hijo de 200 euros al mes, que ha resurgido esta semana, cuenta con dos nuevos estudios que analizan esta posibilidad y que destacan su mayor capacidad para reducir la pobreza infantil que otras prestaciones actuales, como el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), incluso aumentando sustancialmente sus cuantías. La discusión es crucial ya que España es el segundo país de la Unión Europea con más niños, niñas y adolescentes en riesgo de pobreza y exclusión, un 34,6%, alrededor de 2,7 millones de menores, destaca Unicef.

Por un lado, se trata del informe El beneficio de hacer: el impacto de políticas concretas para revertir la pobreza infantil en España, elaborado por Unicef y presentado este Día Mundial de la Infancia, con contribuciones y análisis del Centro de Políticas Económicas de Esade. A través de varias simulaciones, el estudio calcula que un aumento del ingreso mínimo vital del 40% por cada hijo en el hogar reduciría la pobreza monetaria (vivir con ingresos un 60% inferiores a la renta mediana del país) en 1,8 puntos porcentuales, mientras que una prestación universal de 200 euros al mes por hijo lo haría casi cuatro veces más, en 7,1 puntos.

Respecto al actual nivel de 29,2% de menores en pobreza monetaria en España, esta ayuda de 200 euros mensuales por niño supondría, por tanto, sacar a algo más de medio millón de menores de esta situación de precariedad y vulneración de derechos, alrededor de 540.0000 niños, ha cifrado este jueves Unicef.

Por otro lado, esta semana también se ha publicado el estudio técnico Políticas alternativas para la reducción de la pobreza infantil en España de los investigadores Luis Ayala, Olga Cantó, Marina Romaguera y Dmitry Petrov, de la Universidad de Alcalá y la UNED, que en diciembre se presentará como la base de las propuestas de la Plataforma de Infancia.

Esta investigación simula también varias iniciativas posibles para reducir la pobreza infantil, entre las que destacan de nuevo el mayor efecto de la ayuda universal de 200 euros al mes por menor, con una reducción de los niños en pobreza de algo más del 25% (si no es tributable) y del 21,5% si fuera tributable.

Por otro lado, calculan que duplicar el actual Complemento de Ayuda a la Infancia (CAPI) supondría una reducción de la pobreza infantil “del 10,5% más” respecto a su actual diseño. Los autores también estiman otra posibilidad, de aumento de la cuantía actual del CAPI con otra distribución por edades (los menores de 0-3 recibieran 100 euros y los de 6-18 recibieran 200 euros) lo que “tendría la potencialidad de reducir adicionalmente un 22%” los menores en pobreza infantil.

Eso sí, estos últimos supuestos parten de que el CAPI llegara a todos los hogares con derecho al complemento, algo muy lejos de conseguirse en estos momentos. Según el último análisis de la AIReF, aunque en 2024 aumentó un 34% el número de beneficiarios de estas ayudas por hijo para hogares de escasos recursos respecto al año anterior, todavía no lo reciben un 72% de hogares con derecho a percibirlo.

El debate del salto de las ayudas universales y su coste

Ambas investigaciones aportan datos y análisis para la discusión que afronta el Gobierno de coalición sobre si dar el salto a una prestación universal por crianza en España, como las que existen en la gran mayoría de países europeos (con menos pobreza infantil), desde el actual sistema de ayudas a la infancia.

Este consiste, principalmente, en ayudas focalizadas en los hogares más pobres como el ingreso mínimo vital y el CAPI, así como en desgravaciones fiscales por hijo en la declaración del IRPF, que son en volumen y coste la mayor inversión en infancia que se realiza en España, pero que no llega a los hogares con menos recursos que no realizan la declaración de la renta, recuerda el estudio de los catedráticos Luis Ayala y Olga Cantó, de los mayores especialistas en esta materia.

Hasta el momento, España destaca como una anomalía en el entorno europeo en muchos sentidos. Es de los pocos países sin una ayuda universal por hijo, recuerda de nuevo el estudio de estos investigadores de la Universidad de Alcalá y la UNED, y además “la prestación por hijo a cargo (PHC) focalizada en España y el CAPI se encuentran entre las más bajas de los países que basan su protección familiar en este tipo de prestaciones, incluso después de las reformas recientes” que han incrementado su cuantía.

Aunque el Gobierno ha suscrito una declaración institucional por el Día de los Derechos del Niño en la que se recoge que “se avanza hacia una prestación por crianza diseñada desde parámetros de universalidad y equidad fiscal”, de momento es Sumar la parte de la coalición progresista que insiste en aterrizar esta medida ya, en los próximos Presupuestos (si los hay).

“Las políticas condicionadas, incluso las mejor intencionadas, generan una frontera entre quienes entran y quienes no. Quienes consiguen traspasar la burocracia y quienes se quedan atrapados en ella. Es una frontera que reproduce la desigualdad que pretende reducir. La prestación universal por crianza propone, sin embargo, otro camino. No solamente porque sea más eficaz, que ojo es más eficaz, sino porque desplaza el foco del individuo al colectivo”, ha reivindicado este jueves la ministra de Juventud e Ingancia, Sira Rego.

Mientras, en el lado socialista, la vicepresidenta primera y responsable de Hacienda, María Jesús Montero, rebajó las expectativas de esta ayuda el martes diciendo que antes de “reformular cualquier otra prestación en materia de pobreza infantil” hay que evaluar las ayudas que hay actualmente. Varias ONG especializadas en los derechos de los niños, como Plataforma de Infancia y Unicef, han recordado en estos días que ya existen muchas evidencias sobre la mayor reducción de la pobreza infantil a través de estas ayudas universales, a las que ahora se suman estos dos nuevos estudios.

La otra cara de la discusión señala al coste presupuestario de estas medidas, con una mayor inversión en las ayudas universales que en las focalizadas. El nuevo estudio de Unicef estima el coste de la ayuda universal de 200 euros al mes en 18.103 millones, a los que habría que restar las deducciones actuales que tienen las personas con hijos a cargo que hacen la declaración de la renta (5.552 millones, calculan). En la investigación de los catedráticos Ayala y Cantó cifran su coste en “11.000 millones de euros” adicionales.

Desde Unicef han recordado este jueves que se trata de una inversión necesaria, ya que mantener a niños y niñas en la pobreza no debería ser una opción en un país rico. Además, en la entidad de Naciones Unidas subrayan el actual contexto de oportunidad, con España liderando el crecimiento económico en las grandes economías de la OCDE. El Ministerio de Economía acaba de incluir además por primera vez en las previsiones macroeconómicas del país indicadores de pobreza relativa y desigualdad, un foco sobre ambas cuestiones inédito.

Y estas ayudas no solo suponen un “coste”, sino que son también una inversión. Al igual que recuerda el estudio de Ayala y Cantó, Unicef ha advertido de que la pobreza infantil no sale gratis al país, sino que su existencia supone un coste económico para todos. En concreto, un lastre de unos 63.0000 millones de euros al año, muy superior a la inversión para sufragar estas ayudas por hijo.