Reabre la L7B de Metro, la ampliación ‘maldita’ de Aguirre que dejó sin casa a decenas de familias: “Mi madre se deprimió y perdió su empleo”

Pierde su casa por un error ajeno. El techo, las paredes o los azulejos del suelo se agrietan y la factura para repararlo asciende a 27.000 euros, pero la compensación que recibe no alcanza los 6.000. Los destrozos en la vivienda no dejan más opción que derrumbarla, así que debe buscar a alguien con quien quedarse. O bien pagar otro alquiler de su bolsillo. La decisión que lo desencadena todo emana de la autoridad de turno y tiene una razón política: llegar a tiempo a una promesa electoral y pedir el voto para revalidar. “Claro que me enfada”, resopla Alex Escribano desde San Fernando de Henares, en la Comunidad de Madrid, a pocos días de reabrir la L7B. Una línea de Metro ‘maldita’ que quiso conectar el municipio y terminó en derribos, grietas e infinitas reparaciones.

El Gobierno regional abre este sábado la línea 7B de Metro después de invertir 171,2 millones de euros en rehabilitar el suburbano entre San Fernando de Henares y Coslada, que desde su inauguración hace 18 años se ha convertido en un dolor de cabeza para instituciones y vecinos por las filtraciones de agua derivadas de la obra. En 2007, la entonces presidenta Esperanza Aguirre aceleró la inauguración de esta línea de Metro que ya prometió en la campaña de 2003, y que pudo completar poco antes de unas nuevas elecciones con cambios de última hora y contraviniendo los criterios técnicos.

Los problemas comenzaron días después de cortar la cinta a la nueva estación. Las filtraciones afectaron a las viviendas a su alrededor, terminaron con 73 de ellas derribadas y, calculan los perjudicados, hasta 600 inmuebles dañados. El tramo cerrado desde 2022 reabre este sábado después de actuar sobre 5.575 metros de trazado y más de 20.000 m² de la superficie. Ese año también abrió una Oficina de Atención de los afectados en el municipio, de 40.000 habitantes, que hasta el momento de la reinauguración ha registrado 1.741 consultas sobre realojos, seguimiento técnico y tramitación de indemnizaciones. Pero no es suficiente.

Trabajos con maquinaria en el interior de una de las viviendas afectadas por la L7B en San Fernando de Henares

“La Comunidad de Madrid lleva años ignorando a la mayoría de nosotros”, continúa Alex, que lanza esta denuncia desde la Plataforma de Afectados por la ampliación de la línea 7B de Metro, la principal alianza entre vecinos que nació del fiasco en la obra pública. Él es portavoz de la agrupación y también uno de los vecinos que vieron cómo derribaban la vivienda en la que creció. “Yo nací en San Fernando de Henares y esa era mi casa de toda la vida, pero hasta la fecha no hemos recibido ninguna compensación económica”, asegura enfadado. A su familia la desalojaron el 11 de abril de 2022 y, desde entonces, se buscan la vida a la espera de una indemnización que se ha dilatado en el tiempo. “Mi madre entró en depresión y perdió su empleo”, revela este vecino, que lanza un augurio: “Algún día se sabrá hasta qué punto ha influido el desastre del metro en el consumo de ansiolíticos y antidepresivos”.

Indemnizaciones “inexactas” o que llegan a destiempo

Tenían la hipoteca pagada y solo les quedaba abonar una comisión extra para una vivienda que ya no existe, pero cuya compra se acabó cerrando igualmente de su bolsillo. “Aunque el metro vuelva y parezca que todo ha terminado, no es así. Los vecinos seguimos esperando como agua de mayo que resuelvan las indemnizaciones. En cuanto ese dinero llegue a nuestras cuentas, al día siguiente si hace falta, iremos a los juzgados para abrir un proceso contencioso-administrativo y denunciarlos. No tenemos un segundo que perder”, determina el portavoz vecinal, que sostiene cómo las ayudas que se les plantean “no cubren ni la mitad de los gastos” y, tal como lo ven, desinfla la cifra real de damnificados.

Se refiere a esos vecinos cuyas casas estaban cerca de las obras y, aunque no han sido derribadas, conviven a diario con grietas o desperfectos que ellos atribuyen a los trabajos, aunque la Comunidad de Madrid no siempre reconoce la causalidad de los daños y alude a factores externos a la L7B. No obstante, algunos han abandonado voluntariamente sus viviendas en mal estado para marcharse a otro lugar, ante el temor de un desprendimiento en el edificio. Otros deciden quedarse, pero no siempre logran vivir tranquilos.

Exterior de una de las viviendas derrumbadas por las afecciones de la L7B

“Hay unas 300 viviendas que el Gobierno regional no reconoce como afectadas, porque solo consideran como perjudicados a los que han sufrido derribos”, agrega David Casado, otro vecino de San Fernando de Henares que vive en un bloque próximo a las obras de Metro. El apartamento que comparte con su mujer e hijos de ambos mide unos 60 metros cuadrados y tiene dos habitaciones. Lo compraron hace 12 años, cuando el precio de la vivienda en Madrid estaba a años luz del actual y el edificio aún no se había llenado de grietas en muros, ventanas o puertas, como ocurre desde hace unos cuatro.

Un gasto final de 171 millones de euros

El presupuesto para repararlo no baja de los 27.000 euros, y la Comunidad de Madrid apenas acaba de abrir el expediente de responsabilidad patrimonial para su vivienda. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso anunció haber compensado por la pérdida de su vivienda a 83 titulares, con un total de 11,8 millones de euros a repartir. David no ha sido uno de ellos, aunque a su casa han ido hasta cinco veces a peritar empleados de Tragsa o Intemac y en el bloque han intervenido varias veces por la aparición de grietas, siempre según su testimonio.

Uno de los muros derribados en San Fernando de Henares

“La Consejería [de Vivienda, Transportes e Infraestructuras] nos dijo que lo arregláramos nosotros y les pasáramos la factura, pero nos opusimos. No todo el mundo tiene tanto dinero para adelantar”, afirma David, que junto a otros residentes con inmuebles agrietados denuncia una estrategia para pactar una cantidad con el Gobierno y “eximirle de responsabilidad si finalmente se encarece al descubrir nuevos desperfectos”. Desde la Comunidad de Madrid reiteran la apertura de oficio de varios expedientes de responsabilidad patrimonial para compensar a los propietarios y la existencia de otra línea de ayudas para pymes o empresarios, dotada de 500.000 euros.

David teme que esa última bonificación desaparezca en los próximos presupuestos autonómicos, y sostiene que las ayudas que están llegando a las viviendas no derrumbadas –que fija entre los 3.000 y los 6.000 euros– apenas cubren los daños reales. “Lo que nos espera no es solo reparar grietas, sino verificar posibles fallos estructurales, revisar puertas y azulejos, reconstruir de cero… Con ese dinero no hacemos nada”, teme. De momento, el Gobierno de la Comunidad de Madrid celebra la nueva reapertura de la L7B, que hasta la fecha ha cerrado nueve veces alguno de sus tramos.

Cinco informes que avalan la seguridad en la reapertura

La reinauguración se sustenta en cinco informes que avalan el estado de las infraestructuras y la supervisión geotécnica en los últimos años, que no detecta movimientos en el terreno desde febrero de 2023. Fuentes de la Consejería responsable detallan que estos cinco informes son independientes y garantizan la seguridad de usuarios o vecinos del entorno. En concreto hay dos documentos internos, uno elaborado por la Dirección General de Infraestructuras y otro de Metro de Madrid; y tres estudios externos encargados al Grupo Typsa, la empresa de obras DO IT o satélites UPM para la auscultación del terreno o la revisión del túnel.

Una de las viviendas afectadas junto a la grúa que trabaja en su demolición

“Esto acredita las condiciones óptimas del trazado, la mayor resistencia del suelo respecto a la prevista inicialmente y el excelente estado del hormigón de la plataforma o la contrabóveda”, destacó en su comunicado el Gobierno regional, que ha ido aprobando gastos añadidos al presupuesto inicial para hacer distintas reparaciones. La actuación más compleja fue para anclar el túnel y evitar futuras filtraciones, pues al construirse sobre una zona con dos acuíferos subterráneos terminó favoreciendo la aparición de cavidades que se extendieron más allá de su infraestructura.

En su día, Aguirre prometió en un acto público que incluiría las estaciones de Henares y el Hospital Universitario del Henares (Coslada) en la ampliación de la línea. Para lograrlo modificó el esquema previsto e invirtió otros 37 millones de euros para alterar el trazado, y convertir lo que iba a ser una línea recta en otra curva. Todo en tiempo récord. Este giro estratégico para presentar la línea a pocos días de las elecciones y redactar velozmente el nuevo proyecto puso en la diana a la expresidenta una vez comenzaron las filtraciones. Aguirre ha quitado hierro a su responsabilidad en diversas ocasiones, afirmando por ejemplo que fue la alcaldesa de San Fernando de Henares (entonces de Izquierda Unida) quien le obligó a retocar el trazado.

Imagen exterior de la zona de obras por las filtraciones en la estación de Metro

Para reparar el túnel fallido han hecho falta 1.279 toneladas de mortero a profundidades de 45 metros. La cuenta final ha subido su precio en millones de euros hasta alcanzar los 171 millones. “Con ese dinero podrían haber construido tres estaciones de Metro y lo han dedicado a arreglar un destrozo propio cuando aquí aún no hemos recibido todas las ayudas”, se queja Eloy Rodríguez, otro miembro de la plataforma de afectados y vecino en San Fernando de Henares. El suburbano reabrirá el 22 de noviembre desde la seis de la madrugada y dará servicio a unos 120.000 usuarios diarios entre el Barrio del Puerto, Coslada Central, La Rambla o San Fernando, además de la parada en el hospital y la de Henares.

“Hay muchas familias a la espera de soluciones y, aunque nosotros también queríamos y necesitamos esa conexión de Metro no sentimos, de momento, que haya mucho que celebrar”, lamenta Eloy, que se suma a las críticas por las indemnizaciones “inexactas” que no equiparan el precio de una vivienda actual, mucho más cara que cuando compraron las residencias afectadas en San Fernando de Henares. El alcalde del municipio, el socialista Javier Corpa, ha lanzado una advertencia a la Comunidad el día antes de reabrir la L7B: “Lo primero es reparar el daño a los vecinos. Todo lo demás es secundario”.

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