La impunidad de Ayuso

La del fiscal general del Estado ha sido una condena a la verdad. 

Ganan las mentiras de Miguel Ángel Rodríguez e Isabel Díaz Ayuso, las acusaciones ultras, los bulos y quienes publicaron esas falsedades. Gana el comisionista defraudador. Pierde el periodismo que comprueba las noticias, pierde el fiscal general, pierde la verdad. Y pierde también la Justicia. Su imagen ante los ciudadanos queda de nuevo deteriorada por una condena muy difícil de explicar.

Tengo una enorme curiosidad por conocer los argumentos: qué camino seguirán estos jueces del Supremo para justificar su decisión. Seguro que serán creativos, seguro que nos sorprenderán. Es el mismo Supremo que validó la estrambótica investigación del juez García Castellón, que vio una víctima del terrorismo en un turista muerto por un infarto durante unas protestas en el aeropuerto de El Prat. Los que después inventaron el enriquecimiento sin riqueza para no aplicar la amnistía a Puigdemont. Ahora nos van a explicar en qué consiste la revelación de secretos sin secretos. Muy capaces siempre son.

Es el mismo Tribunal Supremo donde las monedas caen siempre del mismo lado: a la derecha. Donde se aprecia, cada vez más, el éxito rotundo de aquella estrategia que impulsó Federico Trillo hace tres décadas, con los bloqueos en la renovación del CGPJ cada vez que perdían las elecciones. Un plan que Ignacio Cosidó resumió después con precisión: controlar el Supremo “desde detrás”.

La Justicia suele ser lenta. Previsible. Garantista. Es justo lo que no ha ocurrido en este juicio al fiscal general. No se recuerda un proceso penal más rápido ni una condena más impredecible. Y tampoco ha sido un proceso garantista: para perseguir un delito menor, que rara vez se investiga, ordenaron medidas tan desproporcionadas como el registro completo al despacho del fiscal general. Ni siquiera así encontraron pruebas. Ha dado igual.

Es también el último capítulo de una historia aún mayor: la de la impunidad de Isabel Díaz Ayuso y su familia. Esa protección especial que permite a la presidenta de la Comunidad de Madrid salir indemne de asuntos que hundirían a cualquier otro político. Ya van cuatro escándalos que siempre ha logrado salvar con mentiras, con otros pagando los platos rotos y con el viento de la Justicia siempre a favor.

Primer acto: el pufo de Avalmadrid

Ocurrió en 2011. Lorenzo Díaz, padre de Isabel Díaz Ayuso, pidió a Avalmadrid –una financiera semipública que depende del gobierno autonómico– un préstamo de 400.000 euros. Como garantía presentó una nave ilegal cuyo valor no cubría ni de lejos la deuda. Los técnicos advirtieron por escrito del riesgo, pero el crédito se aprobó igual.

Poco después, Ayuso intervino personalmente: en julio de 2011 envió correos e hizo llamadas a la viceconsejera de Economía para evitar el embargo. No usó la ventanilla del ciudadano común. Era asesora de Esperanza Aguirre y, tras esas gestiones, entró como diputada en la Asamblea de Madrid.

Cuando tocaba pagar la primera cuota, su padre dimitió de la empresa y, 48 horas después, acudió a un notario para donar sus propiedades a sus hijos: el piso de Madrid para Isabel; la finca de Sotillo de la Adrada para Tomás. El préstamo nunca se recuperó. La familia Ayuso no devolvió ni un euro. El pufo lo pagamos entre todos, con dinero público.

Varias organizaciones intentaron llevar el caso a los tribunales. Todas fracasaron. En 2021, la Sala de lo Penal del Supremo –la misma que ahora ha condenado al fiscal general– rechazó investigar una de las querellas argumentando que Ayuso “no intervino en la operación”, “desconocía la deuda” y tampoco conocía “la situación económica de la empresa”. Falso, como demuestran sus correos y gestiones. Otro juzgado archivó también otra denuncia contra Tomás Díaz Ayuso en 2022 alegando prescripción.

Segundo acto: la comisión de las mascarillas

La historia también empieza en Sotillo de la Adrada, ese pueblo de Ávila donde Tomás Díaz Ayuso heredó una finca para que no fuera embargada por Avalmadrid. Los Ayuso veraneaban de niños allí y, en esa infancia, conocieron a Daniel Alcázar, un empresario ganadero que también se dedicaba al textil.

En abril de 2020, mientras en España morían 700 personas al día, la Comunidad de Madrid adjudicó a dedo un contrato de 1,5 millones de euros para comprar mascarillas a la empresa de Daniel Alcázar, que nunca antes se había dedicado al negocio sanitario. Fue otra exclusiva que también desvelamos en elDiario.es. Poco después, descubrimos que el hermano de Ayuso, Tomás, se había llevado una comisión de 234.000 euros de esa operación. 

Isabel Díaz Ayuso salió de este embrollo gracias a un enorme bulo que su prensa afín se encargó de amplificar. Acusó a Pablo Casado de haber contratado espías para investigarla, algo que nunca ocurrió. Miguel Ángel Rodríguez volvió a hacer su magia: en vez de hablar de las comisiones de Tomás, el debate en los medios conservadores giró hacia el falso espionaje a Ayuso. Casado no aguantó ni una semana. Aquella mentira fue muy eficaz: permitió –un simbólico 23F– desencadenar un golpe interno en el PP que acabó con su destitución inmediata y con Alberto Núñez Feijóo convertido en nuevo presidente del partido.

¿Y en la Justicia? Las denuncias contra los Ayuso tampoco prosperaron. La Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía Europea investigaron sendas denuncias, pero las acabaron archivando. ¿Los argumentos? Que no está probado que Isabel Díaz Ayuso interviniera en la operación y que Tomás Díaz Ayuso no era dueño de la sociedad que le pagó la comisión.

Tercer acto: los muertos en las residencias

Al tiempo que Tomás Díaz Ayuso se forraba con la pandemia, el Gobierno de la Comunidad de Madrid puso en marcha un protocolo inhumano para las residencias de ancianos: negar el traslado a los hospitales de aquellos enfermos con deterioro cognitivo o alta dependencia física. Solo afectó a los pacientes de la pública: quienes tenían un seguro privado sí fueron derivados a un hospital.

Este protocolo disparó las muertes de ancianos en las residencias de Madrid, muy por encima de la media de otras comunidades. La mayoría de ellos falleció sin atención médica ni paliativos, ahogados en sus camas. Fueron 7.291 muertos.

La mayoría de los intentos de judicializar estas muertes se ha topado con enormes obstáculos. Especialmente por el papel de la Fiscalía Superior de Madrid, que encabeza Almudena Lastra. Según su criterio, el protocolo “no funcionó como impedimento” para las derivaciones y estos enfermos recibieron en las residencias “un tratamiento hospitalario similar”. Ambas afirmaciones son rotundamente falsas. 

Es la misma Almudena Lastra que declaró en contra del fiscal general y que nunca fue imputada por la filtración de este correo, a pesar de que fue una de las personas que tuvo acceso a él. 

Cuarto acto: dos pisos comprados tras un fraude fiscal

Mientras Tomás Díaz Ayuso se forraba, mientras 7.291 ancianos morían abandonados, hubo otra persona que también encontró en la pandemia su mina de oro personal: Alberto González Amador, la pareja de Ayuso. Dos millones de euros por una comisión de compraventa de mascarillas en plena emergencia sanitaria. Una fortuna de la que luego intentó arañar 350.000 euros más a costa de los impuestos que debía pagar.

La exclusiva también la contó elDiario.es. Una noticia que no ha podido ser desmentida porque publicamos la verdad. Igual que fue elDiario.es quien destapó esa extraña operación con la mujer de su jefe: medio millón de euros por una empresa que no facturaba ni la décima parte. Una compraventa que presuntamente sirvió para pagar un soborno al presidente de Quirón Prevención, tal y como hoy investiga la Justicia.

El juzgado está esperando un informe de la UCO. Uno que está tardando muchos meses en llegar. 

Hace apenas dos semanas, Alberto González Amador aseguró en el Supremo que el banco “le había cortado la financiación”. Sus problemas de crédito han durado poco –o en eso también mintió–. El día antes de la condena al fiscal general se supo que el muy honesto comisionista se ha comprado ese ático de lujo que en realidad siempre usó; el que estaba a nombre de una empresa administrada por uno de sus abogados. La banca le ha aprobado una hipoteca de 600.000 euros.

Alberto González Amador sigue pendiente de sentarse en el banquillo de los acusados, aunque hoy cuenta con una baza más: una condena al fiscal general del Estado que, sin duda, intentará utilizar para exculparse de sus presuntos delitos. Su pareja, Isabel Díaz Ayuso, ya ha empezado ese trabajo. En una intervención institucional plagada de mentiras, acusó al presidente del Gobierno de ser un dictador.

Es una dictadura muy peculiar. Una donde la familia del supuesto dictador es arrollada por la Justicia mientras una de sus principales opositoras se libra siempre de cualquier responsabilidad. 

Nada tiene consecuencias para la presidenta de la Comunidad de Madrid ni para su entorno, por más que se acumulen los escándalos. 

Todas las irregularidades, fraudes y mentiras de Isabel Díaz Ayuso terminan siempre en lo mismo: la exoneración de los suyos y el señalamiento, las amenazas o incluso la condena de quien se atreve a investigarlos.

Quiero pensar que, algún día, esa impunidad pueda terminar. Que esa soberbia infinita, ese desprecio permanente por la honradez y la verdad, acabe teniendo consecuencias. Quienes se creen tan por encima de los demás, tarde o temprano, siempre cometen un grave error.