Sánchez reactiva la confrontación ideológica para espolear a la base social progresista tras la condena al fiscal general

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, supo del anuncio de la condena al fiscal general a bordo de un avión que le trasladaba el jueves a Madrid desde Ceuta. Aunque había declarado públicamente la inocencia antes de que se celebrara el juicio de Álvaro García Ortiz, sabía que el peor de los escenarios era probable con una sala de mayoría conservadora en el Tribunal Supremo. Es más, en la noche del sábado anterior, tan solo 48 horas después de que terminase el juicio y quedase visto para sentencia, al Gobierno le llegaron ecos sobre una posible sentencia con el voto favorable de cinco conservadores y dos votos particulares de sendas magistradas progresistas que no pasó a creer. Hasta el último momento, en el Ejecutivo soñaron con una absolución que nunca llegó. 

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Justicia, Félix Bolaños, pudo contactar con Pedro Sánchez antes de que aterrizara para comunicarle el fallo poco antes de las dos de la tarde. Y una vez en la Moncloa, se coordinó la respuesta institucional: “La discrepancia con esta sentencia no puede llevar a una desconfianza generalizada en las instituciones”, afirmó Bolaños en una comparecencia en la que defendió el papel del periodismo y el trabajo de los periodistas para reivindicar “el derecho de los ciudadanos a recibir una información veraz”.

El Gobierno quiere dar una respuesta institucional de respeto a la justicia aunque no comparta sus decisiones, pero a la vez reivindicar su derecho a una respuesta política porque “político es también el fallo”, denuncia un ministro de Sánchez. Y el primero en hacerlo, aunque sin mención expresa al Supremo, fue el propio presidente en un discurso pronunciado en la presentación de la serie Anatomía de un instante en el Congreso de los Diputados. “La democracia no es un estado que se conquista de forma permanente, es un privilegio que debemos defender cada día de nostalgias infundadas, de intereses económicos, de ataques que van cambiando su forma: hoy son campañas de desinformación y también abusos de poder”, afirmó. 

Y aún diría más: “La amenaza, por tanto, sigue ahí, pero también permanece. Hoy quiero expresar nuestro firme deseo de neutralizar esa amenaza, de defender la soberanía popular y la democracia frente a aquellos que se creen con la prerrogativa de tutelarla o de amordazarla”. No hizo falta más para entender de qué hablaba.

En el Gobierno, en el PSOE y en la izquierda en general creen que lo ocurrido con el fiscal general “es demoledor para el Ministerio Fiscal, para el descrédito de la Justicia, para el periodismo y para la democracia”. Así piensan quienes defienden que hay una sinergia manifiesta entre las derechas política, mediática y judicial, “no para acabar con el fiscal general, sino con Pedro Sánchez”, y que este es solo el primer paso de una escalada que se proponen continuar y ellos, combatir.

La imagen de Álvaro García Ortiz sentado en el banquillo de los acusados por desmentir una información falsa difundida por Miguel Ángel Rodríguez desde la Puerta del Sol que atacaba directamente la honestidad del Ministerio Fiscal fue un resumen más del choque institucional que desde 2023 estimula la política española. La relación entre los poderes judicial y ejecutivo se quebró el día en que PSOE y Junts cerraron el pacto de investidura de Pedro Sánchez que incluía la aprobación de la ley de amnistía y desde entonces no ha hecho más que empeorar. 

Así que cuando Sánchez hablaba de “abuso de poder” el jueves por la tarde no hacía falta mención explícita alguna porque todo el mundo entendió a quiénes se refería. Horas después, lo explicaría, sin ambages, el ministro para la Transformación Digital y secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, quien por la mañana dijo que prefería morderse la lengua cuando el fallo del Supremo le sorprendió en unas jornadas en el Ateneo de Madrid, y por la noche ya dio rienda suelta a su verbo habitualmente contenido.

“No puede ser. A mí este fallo me parece que lanza un mensaje demoledor y es ‘no te atrevas a tocar a Ayuso, no te atrevas. Como te atrevas, vas pa’lante’, como dice Miguel Ángel Rodríguez”, declaró en una entrevista de Aimar Bretos en el programa Hora 25 de la Cadena Ser. Hablaba, claro, de la condena a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador –novio de la presidenta madrileña–, a quien el Supremo ordena indemnizar con 10.000 euros por daños morales.

Ayuso, en el barro

López, como la mayoría de la izquierda política, se confesó “desolado”, pero también “indignado” y con ganas de pelear para hacer frente a algo que pone en riesgo ciertos valores democráticos, como el respeto al Estado de Derecho y que la ley sea igual para todos. ¿Si son capaces de condenar a alguien sin pruebas, ¿qué es lo siguiente? ¿Liberar a alguien con todas las pruebas?“, se cuestionó.

El fallo es, para el Gobierno, además de “injusto”, una nueva pista de despegue para la campaña de victimización de Ayuso, que trata de desviar el foco de los delitos cometidos por su pareja, los dos juicios que tiene pendientes y la multiplicación de sus ingresos gracias a su colaboración con Quirón, el gigante de la Sanidad privada a quien la Comunidad de Madrid paga cada año miles de millones de euros en conciertos.

Y es este el marco de debate al que Óscar López y el resto del gobierno pretenden arrastrar a los españoles para movilizar al electorado progresista, tras la ola de indignación que el fallo ha provocado en la izquierda. Dicho de otro modo: Sánchez y los suyos tratarán ahora de reactivar la confrontación ideológica para espolear a la base social progresista y canalizar esa irritación a las urnas. “O los paramos, o vuelven”, afirman desde el gabinete del presidente del Gobierno en alusión a la ola reaccionaria que ya recorre el mundo.

Este será, anuncian desde el cuartel general de los socialistas, el eje central de la campaña para las elecciones de Extremadura, que se celebrarán el 21 de diciembre, primera cita del ciclo electoral que llegará hasta 2027. Y es que en la Moncloa entienden que ya no hay campañas locales ni competiciones entre partidos políticos, sino que la madre de todas las batallas políticas se libra ahora entre bloques ideológicos y que lo que está en juego es la democracia. La consigna: “Resistir y mantener el discurso para convencer”. Y la condena al fiscal general es un ejemplo práctico que aprovechará para espolear a su base social contra la injusticia y el concepto patrimonialista que las derechas tienen del poder. Otra cosa es que lo consiga.

Veremos porque, de momento, Ayuso, es decir Miguel Ángel Rodríguez (MAR), gana. Por algo consideró el 20N de 2025 un “día histórico” y ha desvelado por fin cuál era su propósito al decir que no fue el fiscal general del Estado, “sino Pedro Sánchez el que se ha sentado en el banquillo de los acusados”.

En el barro no hay quien la gane. Y en la mentira, tampoco porque, pese a la confesión de su pareja sobre la comisión de dos delitos fiscales y otro de falsedad documental, ella sigue instalada en su habitual raca raca: todo es una “campaña organizada desde el Gobierno” y “un paso más hacia el guerracivilismo”.