Cronología: de la confesión al juicio, más de 11 años sin resolver el enigma de la fortuna de los Pujol

Llegó a acaparar portadas y llenar telediarios, pero su final parecía que no iba a llegar nunca. El juicio a la familia Pujol Ferrusola empieza este lunes en la Audiencia Nacional. Ha pasado tanto tiempo desde que se abriera la causa que, salvo sorpresa de última hora, su principal protagonista, Jordi Pujol Soley, president de la Generalitat durante 23 años, quedará fuera del juicio por su deteriorado estado de salud.

Solventada la última vista de la Gürtel, el caso Pujol es el más añejo de los juicios pendientes de la corrupción de la pasada década en España. Mientras el país aún tiritaba tras la mayor crisis económica de la historia y se preparaba para el verano, una carta del expresident provocó un terremoto. Así empezó todo.

25/07/2014. La carta que sacudió España

Tras reuniones con sus hijos (y con varios abogados cuyas recomendaciones desoyó), Pujol confesó. La versión de la familia en el juicio que empieza el lunes es la misma que el expresident mantuvo en su misiva. La fortuna (que el expresident no cuantificaba en la carta) era fruto de una “deixa” (legado, en su traducción más aproximada al castellano) del abuelo Florenci.

“Mi padre Florenci Pujol i Brugat dispuso como última voluntad específica que un dinero ubicado en el extranjero –diferente al comprometido en su testamento–, rendimiento de una actividad económica de la que ya se ha escrito y comentado, y que no se encontraba regularizado en el momento de su muerte en septiembre de 1980, se destinara a mis siete hijos y a mi esposa”. Así empezaba la carta, de 575 palabras, con la que Pujol hundió su reputación (aunque más de una década después ha conseguido que partidarios y detractores incluso lo reivindiquen como político).

El expresident reconoció que mientras sus hijos no alcanzaron la mayoría de edad fue el “responsable legal” de no haber regularizado los fondos en el extranjero, cuya gestión confió a una “persona de máxima confianza”. La admisión del “error original” vino acompañada de una petición de “perdón” y “expiación” a la sociedad catalana. Con su misiva, Pujol también brindó a la Justicia una palanca legal para investigarlo después de dos años de maniobras de la brigada política que anidó en el Ministerio del Interior del PP y de una denuncia de Victoria Álvarez, la examante de su hijo Jordi Pujol Ferrusola.

26/09/2014. La bronca de los Pujol al Parlament

Fueron los tiempos de ostracismo de Pujol. Incluso entre sus pares de Convergència, se convirtió en una figura repudiada. La sociedad catalana quería más respuestas del exmandatario (que siempre fue algo más que un president) que una escueta carta de perdón. El Parlament celebró, primero, una sesión extraordinaria de la comisión de asuntos institucionales y, después, una comisión de investigación sobre la corrupción y Pujol fue de sus primeros comparecientes.

La sesión es de las que todavía se recuerdan. Lejos del tono expiatorio de su carta, Pujol fue más Pujol que nunca. Abroncó a los diputados por sus preguntas y dejó una advertencia (o amenaza): “Si se toca la rama de un árbol caerán todas”. Sí aportó un dato nuevo: la herencia del abuelo Florenci ascendía a 140 millones de pesetas.

El resto de miembros de la familia que pasaron por la comisión de investigación no ayudaron a mejorar la imagen de los Pujol: con un tono bronco y despectivo hacia los representantes de los catalanes, el primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, alardeó de su riqueza, mientras que Marta Ferrusola lo desmintió y aseguró que su familia “no en té ni cinc” (no tiene ni un duro).

Jordi Pujol Ferrusola, en la comisión del Parlament

27/01/2015. El president ante la jueza

Los jueces empezaron a indagar. No era la primera vez que Pujol estaba en el punto de mira de la Justicia. Tres décadas antes, el president ya declaró por el desfalco de Banca Catalana. Pero las presiones políticas y los jueces impidieron que la querella de los fiscales Mena y Villarejo siguiera adelante.

La fecha ya forma parte de los libros de historia: el 27 de enero de 2015, Pujol declaró ante una jueza de Barcelona imputado por blanqueo de capitales y fraude fiscal. La tesis fue la misma que en la misiva: el expresident insistió en que se había desentendido de los fondos ocultos del abuelo en el extranjero. Su gestión había sido encomendada a gestores que ya habían fallecido.

Pujol y Ferrusola, escoltados por los Mossos, abandonan la Ciudad de la Justicia

2015-2017. Registros legales y el intento de adulterar el caso

La jueza de Barcelona se encontró en un callejón sin salida por la falta de respuesta de las autoridades andorranas, que, sin embargo, sí colaboraron con el magistrado de la Audiencia Nacional que investigaba las comisiones millonarias cobradas por el primogénito. Así que todo el caso viajó a Madrid, donde se conformó la macrocausa que se juzgará ahora.

Fueron los años de los registros en los domicilios de los Pujol, de decenas de interrogatorios a empresarios y de comisiones rogatorias al extranjero que ayudaron a perfilar la cuantiosa fortuna de la familia. De especial interés resulta la información brindada por Andorra: en el año 2000, en una cuenta titularidad del expresident, se ingresaron en efectivo 307 millones de pesetas que no se declararon. Hacienda calculó que el fraude fiscal del expresident ascendía a 885.651 euros, pero ya estaba prescrito.

En paralelo a la información obtenida con arreglo a la ley, la brigada política del PP también quiso adulterar el caso Pujol. En abril de 2016, en el juzgado de la Audiencia de Nacional tuvo entrada un informe basado en un ‘pen-drive’ cuyo origen malicioso hizo saltar las alarmas al juez, que rápidamente lo expulsó del caso para evitar que lo contaminara. El exjefe policial Eugenio Pino terminó condenado en firme, en lo que a día de hoy sigue siendo la única condena por la Operación Catalunya.

Registro en enero de 2015 de las oficinas de las empresas de Jordi Pujol Ferrusola

16/07/2020. Fin de la instrucción

Tras una investigación tortuosa, en la que se plantearon hasta tres responsables del manejo de los fondos ocultos de la familia (el propio Pujol, su mujer y, finalmente, el primogénito), el juez procesó a la familia por organización criminal, blanqueo de capitales y otros delitos. A la espera de lo que diga la sentencia, ni el juez instructor ni la Fiscalía se creen la teoría del legado y vinculan la fortuna familiar a la corrupción orquestada por la familia aprovechando la presidencia de la Generalitat de su padre.

Según expuso el magistrado José de la Mata, la familia Pujol Ferrusola aprovechó su “posición privilegiada” en la vida política, social y económica catalana durante décadas “para acumular un patrimonio desmedido, directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas”. Parte de esas actividades, subraya el juez, coincidieron en el tiempo con la presidencia de la Generalitat que ostentó Jordi Pujol entre 1980 y 2003.

La procedencia del patrimonio familiar, señaló el juez, proviene de distintas fuentes, en algunos casos desconocidas y otras fruto de la corrupción. Esta misma tesis mantiene la Fiscalía, que reclama hasta 29 de cárcel para el primogénito por asociación ilícita, blanqueo de capitales y fraude fiscal. Para el resto de hermanos las penas solicitadas son de 14 años para Josep Pujol Ferrusola y ocho años para Oriol, Oleguer, Marta, Mireia y Pere Pujol Ferrusola.

Cuatro años de parálisis judicial

Además de las fechas concretas, resulta remarcable el periodo de inactividad de la causa Pujol en la Audiencia Nacional. Tras presentar su escrito de conclusiones la Fiscalía y la Abogacía del Estado en mayo de 2021, le siguieron los escritos de las defensas reclamando la absolución en octubre del mismo año, un plazo habitual.

Más dificultades hay en explicar el lapso de cuatro años que han pasado desde que todo estaba preparado para el juicio a su efectiva celebración. Es cierto que hubo que expurgar parte de los documentos del caso por la información personal que contenían y que se tardó más de lo previsto, pero finalmente el juez instructor elevó el 31 de octubre de 2023 el caso a la Sala de lo Penal, la encargada de fijar la fecha del juicio. Por el camino la fiscal anticorrupción que capitaneó el caso y lo tenía todo en la cabeza, Belén Suárez, ascendió al Supremo en 2024. Y una de las acusadas, la mujer del expresident, Marta Ferrusola, ha fallecido.

En círculos judiciales barceloneses se han sucedido las hipótesis sobre el retraso: desde que la Audiencia Nacional perdió interés en el caso una vez completada la instrucción hasta que el tribunal esperaba a si el expresident (que ha cumplido 95 años) moría antes de fijar la fecha del juicio.

24/11/2025. El juicio

En plena turbulencia judicial por la condena del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, en la sede de la Audiencia Nacional en un polígono industrial de San Fernando de Henares (Madrid), los siete hijos de Pujol y una decena de empresarios se sentarán en el banquillo. Las sesiones durarán hasta el jueves, para proseguir el 9 de diciembre y ya luego, a partir de 2026, dos semanas al mes hasta mayo.

Ante el tribunal desfilarán más de 200 testigos, en lo que supondrá una revisión a la cara oscura del pujolismo y al gran secreto a voces durante años en Catalunya: los negocios que su familia, en especial su hijo mayor, hizo mientras ocupaba el cargo. ¿Legado o corrupción? La pregunta sobre el origen de la fortuna de los Pujol es posible no sea respondida del todo en el juicio.