23F: Cuarenta y cuatro años sin conocer toda la verdad

El golpe de Estado del 23F no fue un hecho puntual, sino el desenlace trágico de la conspiración permanente en la que vivía España desde la muerte del dictador, con una incipiente democracia asediada por sectores militares, económicos, políticos y mediáticos que se resistían a que el país recuperara las libertades. El asalto al Congreso de los Diputados por tres centenares de guardias civiles al mando del teniente coronel Antonio Tejero y la toma de Valencia por el capitán general de la III Región Militar, Jaime Milans del Bosch, fue la puesta en escena de una asonada que se venía preparando desde hacía meses. 

Si para la historiografía oficial la transición fue un periodo modélico de nuestra historia, el golpe del 23F fue un “accidente”, un suceso aislado protagonizado por un grupo reducido de militares nostálgicos del franquismo, que fracasó gracias a la lealtad mayoritaria del Ejército y a la actuación decidida del rey Juan Carlos I. Sin embargo, las pruebas han acabado refutando el relato. 

Un documento hallado en el archivo personal de Alberto Oliart (ministro de Defensa entre 1981 y 1982) afirma que solo tres de los 11 capitanes generales se mantuvieron leales a la Constitución. El resto permaneció a la espera del discurrir de los acontecimientos y si, como estaba previsto, la División Acorazada Brunete (DAC) hubiese tomado Madrid, la mayoría se habrían sumado. Arribistas de la patria que se hicieron demócratas al fracasar el golpe.  

En cuanto a la actuación decidida del rey, su primera intervención pública en televisión para condenar el golpe se produjo a la 1,14 horas de la madrugada del día 24, siete horas después del asalto al Congreso. Minutos antes el general Alfonso Armada, desde hacía días segundo jefe del Estado Mayor del Ejército, había abandonado la Cámara tras fracasar su intento de dirigirse a sus señorías para ofrecerse como presidente de un Gobierno de concentración. 

El general Sabino Fernández Campo, entonces secretario general de la Casa del Rey, cargo en el que había sustituido precisamente a Armada, cuenta en sus declaraciones sumariales en la causa que a las nueve de la noche del día 23 el monarca habló con Armada, “y después de una conversación que dura varios minutos Su Majestad me pasa el teléfono para que siga hablando con él”. Sabino revela que Armada le hizo partícipe de su disposición a ir al Congreso y ofrecerse como presidente del Gobierno para solucionar la situación. Una propuesta que él trasladó al monarca para, acto seguido, “transmitiendo la orden del rey, que está presente, digo al general que cualquier acción que realice tiene que ser con carácter personal, bajo su propia conciencia y sin invocar el nombre del rey (…) En modo alguno partió de mí la idea de que se presentara en el Congreso, ni yo podía decirle que lo hiciera pues, como es lógico, no me correspondía a mí ninguna facultad decisoria, y en todas las ocasiones actué por orden y en nombre de Su Majestad el rey”.

El vicepresidente y teniente general Gutiérrez Mellado es zarandeado por un grupo de guardias civiles en presencia del teniente coronel Tejero, mientras el presidente Adolfo Suárez intenta socorrerle. EFE/Manuel Hernández de León

Armada se reunió en el Congreso con Tejero, que al conocer la composición del Gobierno que el general pretendía proponer a la Cámara, integrado por representantes de todos los partidos salvo los nacionalistas, le impidió entrar en el hemiciclo. El teniente coronel esperaba que el golpe diera paso a una Junta Militar, se sintió engañado y, con su oposición y sin pretenderlo, hizo fracasar el golpe. 

Más allá de refutar los dos pilares sobre los que se sustenta aún hoy la versión oficial sobre el fracaso del golpe, el análisis de la investigación sumarial permite afirmar que la misma no tuvo nunca la intención de desvelar todos sus meandros. Se conformó con condenar a sus protagonistas televisivos, a los que los ciudadanos pudieron ver a través de la pantalla de televisión encañonando con sus fusiles al Gobierno y a los representantes de la soberanía popular, y tomando la capital del Turia en un tétrico desfile de carros de combate. 

Alberto Oliart, nombrado ministro de Defensa tras el golpe, da cuenta de ello en sus memorias cuando relata la visita que le giró a su despacho el juez instructor, José María García Escudero, de 64 años. “Me planteó que podía procesar a toda la División Acorazada Brunete (Madrid) y a toda la División Maestrazgo (Valencia), cerca de ocho mil hombres, o solo a los 33 jefes, oficiales y altos mandos que actuaron ese día. Sin dudarlo, le dije, mire usted, señor juez, lo que hay que hacer es procesar a la jefatura solamente. Bajo mi responsabilidad, tome esto como una orden”. 

Una decisión que Oliart asegura fue refrendada por el presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, y por el propio rey, a quien acudió a ver a La Zarzuela. De manera que al arrancar la investigación y sin conocer el alcance del golpe ya había una decisión tomada: juzgar y condenar solo a los más significados y exonerar al resto. La obediencia debida y la excusa absolutoria fueron los argumentos jurídicos en los que el instructor sustentó su decisión.

Oliart compareció en un pleno secreto del Congreso de los Diputados tres semanas después del golpe para informar de la marcha de las investigaciones. Durante su intervención afirmó que 114 personas que eran citadas en las conversaciones telefónicas intervenidas y 154 miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, al margen de los guardias civiles que asaltaron el Congreso, estaban siendo investigadas por su presunta implicación en la asonada. Una investigación de cuyos resultados nunca se dio traslado al juez, que en el resumen de la causa al dar por concluida su investigación, tan solo cuatro meses después de iniciada, decía: “Este juzgado no ha recibido como consecuencia de tales actuaciones ninguna clase de datos o informaciones que aconsejen actuar contra civiles”. Claro, que tampoco él hizo requerimiento alguno sobre dichas pesquisas.

Escuchas selectivas

Uno de los asuntos más controvertidos de la instrucción sumarial son las intervenciones telefónicas que Francisco Laína, director de la Seguridad del Estado, ordenó aquella noche para intentar descubrir todas las implicaciones del golpe. La Policía “pinchó” los teléfonos del ultraderechista Juan García Carrés, a la larga el único civil condenado, del domicilio del teniente coronel Tejero, del general en la reserva Carlos Iniesta Cano, director de la Guardia Civil entre 1972 y 1974, y de otros integrantes del búnker de los que se sospechaban conspiraban contra la democracia. De todas ellas hay constancia documental en la causa, si bien las transcripciones aluden a conversaciones mantenidas a partir de la 1:14 horas de la madrugada del día 24, tras el mensaje televisivo del rey, sin que de las siete horas previas transcurridas desde el asalto al Congreso haya constancia alguna. 

Laína ordenó al delegado del Gobierno en Telefónica, Julio Camuñas Fernández-Luna, intervenir también los teléfonos del Congreso para conocer las conversaciones que Tejero mantenía y recibía del exterior mientras mantuvo secuestrada a la Cámara. Pese a ello, estas grabaciones no existen oficialmente, aunque al menos una copia de ellas está en poder de la familia del entonces número dos del Ministerio del Interior. 

El juicio por el 23F se celebró un año después del golpe durante 48 jornadas que concluyeron con un indulgente fallo del tribunal militar, que condenó a 22 de los procesados y absolvió a los 11 restantes. El tribunal justificó su benévola sentencia aduciendo “las circunstancias personales de honorabilidad, cualidades de mando y espíritu militar; brillante historial y acreditado patriotismo y fidelidad a la Corona” de los condenados. Al día siguiente el Consejo de Ministros acordó recurrir el fallo ante el Tribunal Supremo, que terminaría elevando la mayoría de las penas.

El general Armada, condenado inicialmente a seis años por conspiración, lo fue como cabeza de la rebelión militar junto a Milans del Bosch y vio quintuplicada su pena inicial, hasta los treinta años de reclusión. Fue indultado en 1988 por el gobierno de Felipe González, tras ocho años de reclusión. El otro cabecilla del golpe, Milans del Bosch, obtuvo la libertad condicional en julio de 1990, tras nueve años encerrado, y Antonio Tejero fue excarcelado en diciembre de 1996, tras quince años en prisión, aunque desde 1993 disfrutaba del tercer régimen penitenciario, que le permitía ir a prisión solo a dormir. El resto de los golpistas no cumplió más de cinco años de prisión efectiva. 

Han transcurrido ya 44 años de los hechos y ninguno de los gobiernos del PSOE o PP ha tenido la voluntad política necesaria para hacer públicos los documentos que nos permitan conocer todos los extremos de lo ocurrido. Sobre el fallo judicial, elevado a la categoría de verdad irrefutable, se sostiene aún hoy el irrefutable relato oficial de lo ocurrido.