El demoledor informe de Hacienda ocultado meses por el Puerto de Valencia destapa el posible amaño de procesos de contratación

“Las plazas convocadas para el personal excluido de convenio contienen requisitos o méritos que predeterminan de un modo u otro el candidato seleccionado. Por lo tanto, podrían no respetarse los principios constitucionales de acceso a empleo público”. Esta es una de las demoledoras conclusiones del informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) sobre la política de personal de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) que el organismo lleva meses ocultando.

El documento, al que ha tenido acceso elDiario.es, se ha realizado entre septiembre de 2024 y febrero de 2025 por un equipo de funcionarios de la Intervención Regional de Valencia y su alcance del control es básicamente los ejercicios 2023 y 2024.

Aunque realiza varios apuntes que realiza sobre retrasos en parte de la retribución de sus 460 trabajadores (dos altos cargos, unos 50 excluidos de convenio, otros 50 técnicos y 350 trabajadores), el informe pone de relieve la inoperancia del nuevo organigrama en materia de recursos humanos, cuyas competencias ha asumido la presidenta, Mar Chao, y resalta posibles restricciones a la pública concurrencia en un contrato desistido a una consultora y en el proceso selectivo de seis plazas de dirección.

En concreto, destaca que en febrero de 2024, el consejo de administración de la APV aprueba la delegación de determinadas competencias en materia de personal y organización en la Presidenta y el Director General y que, de las decisiones tomadas, se da cuente posteriormente al Consejo y añade que anteriormente, “otros presidentes han tenido competencias delegadas, pero no tan amplias”.

La IGAE señala que los Planes de Empresa ponen de manifiesto “debilidades en materia de Recursos Humanos, lo que debería llevar a un refuerzo del Departamento, y, sin embargo, de acuerdo con el organigrama, no parece que se esté reforzando, sino que se ha suprimido la citada unidad organizativa”. Estas modificaciones evolucionan junto con el contrato de Apoyo a la Gestión de Personas que se llegó a adjudicar el 8 de agosto de 2024 a Andràs Abogados por 160.930 euros (IVA incluido). Sin embargo, tal y como avanzó este diario y destaca el informe, “dicho contrato fue anulado por la APV a instancias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que había iniciado expediente, al considerar que el requisito de experiencia previa del pliego para acreditar la solvencia no se encontraba justificado, limitando la competencia”. Con posterioridad a unas alegaciones, la APV, en vista de que dicha Comisión va a recurrir a la vía contencioso-administrativa, desistió del procedimiento de adjudicación.

En sus alegaciones, la APV se opone a la vinculación entre la tramitación del contrato de Apoyo a la Gestión de Personas y las modificaciones en la Gestión de Recursos Humanos, pero la IGAE afirma que “lo cierto es que son coincidentes en el tiempo”.

Posible amaño de cinco procesos de selección

En el apartado de ‘Análisis de los procesos de contratación’ se pone de relieve que “la gestión de las plazas convocadas para personal excluido de convenio resulta deficiente, con criterios restrictivos que podrían conculcar los principios generales aplicables de igualdad, mérito y capacidad”. En este sentido, se han detectado cinco plazas en las que podría darse esta situación.

En primer lugar se señala la plaza 271 de Jefatura de RORO. Entre los méritos y requisitos que se exigen está “acreditar haber trabajado en puestos de Dirección/Gerencia en una empresa de la comunidad portuaria de Valenciaport y ser miembro activo de dicha comunidad portuaria.” A continuación, añade que “se requiere justificar mediante declaración responsable que no posee ningún conflicto de intereses con armador o naviera, de las que escalan regularmente en Valenciaport”, limitándose esto a lo señalado, armador o naviera. “Se considera que esta exigencia final es muy restrictiva, además de poder generar conflictos de intereses, y más que como requisito, en su caso podría haber sido tenido en cuenta como mérito a puntuar”, dice el informe.

Para la plaza 272 de Jefatura de Experiencia del Cliente Entre los requisitos que se exigen son textualmente: “Estar en posesión de la doble licenciatura en Derecho y Administración de Empresas” y “haber trabajado en puestos de responsable de trasporte en una empresa cargadora cuyo volumen de facturación en el ejercicio fiscal 2022 sea superior a 29.000 millones de euros”. La IGAE no considera justificada dicha exigencia ya que muy pocas empresas alcanzan dicho volumen. De hecho, resulta haber un único candidato, trabajadora de una importante cadena de supermercados, que en el año fiscal 2022 acredita una facturación superior a la exigida.

La tercera plaza cuestionada es la 276 de Jefe de Apoyo a la Gestión Económico Financiera. Entre las funciones a desempeñar figura “apoyo en la planificación presupuestaria, en la gestión de tesorería, en el control de gastos, en el control de las deudas pendientes (especialmente, las del Consorcio Valencia 2007 en liquidación), en la gestión administrativa del ejercicio hasta la formulación de cuentas y en cualquier otra tarea que le sea encomendada por la Jefa Económico-Financiera”. Obviamente y de modo final, “de los 11 candidatos que se presentan solo 2 superan la primera fase de experiencia. Hay un candidato que ha trabajado en el ente a que se hace referencia expresa en las funciones”. El documento advierte de que se excluye a un trabajador para el citado puesto sin que haya “soporte legal para dicha exclusión”.

En la plaza 277 de subdirección de Gestión de Dominio Público las funciones requeridas son: “Supervisar la correcta gestión del dominio público poniendo especial énfasis en el entorno puerto ciudad habida cuenta de la inminente liquidación del Consorcio Valencia 2007” y “estar en posesión de Licenciatura en Derecho o el grado en Derecho más Máster Habilitante para el ejercicio de la Abogacía”, además de “diez años de experiencia profesional en el departamento legal de empresa privada”. En este caso se destaca que se solicita el ejercicio de la Abogacía, que no es necesario para las funciones, y que se solicita experiencia en sector privado únicamente, cuando se va a desarrollar una función pública.

En quinto lugar, en la plaza 278 de Subdirector de Infraestructuras, Instalaciones y Conservación, el documento pone de relieve que de 11 solicitudes presentadas, resultan solo 5 admitidas. Entre las funciones figura: “Verificar la planificación de inversiones y velar por la ejecución del plan de inversiones; supervisar la correcta ejecución de las obras, poniendo especial énfasis en el entorno puerto ciudad, habida cuenta de la inminente liquidación del Consorcio Valencia 2007”. Los requisitos que se solicitan están, en principio, en sintonía: “Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, o equivalente, pero con 10 años de experiencia profesional en administración, organismo o ente de derecho público, en un entorno puerto ciudad”. Las funciones que se exigen no solo están relacionadas con la próxima liquidación del Consorcio, que se encuentra en dicho entorno, sino que las inversiones más relevantes no son precisamente esas del entorno puerto ciudad, y la experiencia, en este caso, excluye totalmente al sector privado, circunstancia que prima sobre la experiencia en obra portuaria, sea del sector que sea.

En resumen, la Intervención concluye que “no existe un criterio común para dicha valoración” y que en tres de dichas plazas, sólo un candidato supera la fase previa del proceso selectivo y, en otras dos, únicamente dos candidatos. Por lo tanto, “podrían no respetarse los principios constitucionales de acceso a empleo público”.

La APV defiende la legalidad de los procesos

La APV en sus alegaciones se manifiesta contraria, señalando que respeta la legalidad y ejerce competencias que le son propias, y dichos requisitos están justificados, y resultan pertinentes, respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad.

En general, tres de dichas plazas han sido objeto de recurso judicial en vía laboral, instadas por un sindicato, admitidas a trámite. En concreto, la APV se sentará en el banquillo de los acusados en los próximos meses por el supuesto amaño de un proceso selectivo por el nombramiento de Alicia Gimeno como jefa de Gestión Económico-Financiera, tras una denuncia del sindicato UGT. Y no es el único que tendrá lugar, puesto que, si no hay cambios, el 1 de octubre de 2026 habrá otra vista por el mismo motivo por la selección de Manuela Gras, actual subdirectora de Infraestructuras.

Ambas fueron rescatadas del Consorcio Valencia 2007, ente público que gestionaba la Marina de València, hasta su liquidación. El resto de personal despedido acertó ante notario 20 días antes de que finalizara el plazo para presentarse al concurso convocado por la Autoridad Portuaria los nombres de las dos adjudicatarias. También está judicializado el nombramiento de Belén Fernández, exsubdirectora de Gestión de Dominio. Aunque abandonó su puesto, la causa judicial sigue vigente.