La AIReF propone dar más peso a las comunidades en el Consejo de Política Fiscal para reformar la financiación

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha planteado una propuesta para reformar el actual marco fiscal nacional, el conjunto de reglas e instituciones que controlan las cuentas públicas, y propone una reforma del reglamento del Consejo de Política Fiscal y Financiera -CPFF, el órgano que reúne al Ejecutivo central con los autonómicos en materia presupuestaria- para dar más peso al voto de las comunidades y limitar el control que ahora mismo tiene Hacienda.

La presidenta de la Autoridad Fiscal, Cristina Herrero, ha calificado de “poco sólido, coherente y eficaz” el actual marco que rige las cuentas públicas, ya que está desacompasado con el europeo y desfasado, en parte, al priorizar el déficit como variable de la estabilidad presupuestaria, mientras que las nuevas reglas fiscales europeas priorizan el incremento del gasto para controlar las finanzas estatales.

“Tenemos una multiplicidad de reglas fiscales con criterios poco transparentes y con una clara falta de consistencia entre ellas”, ha dicho Herrero en una rueda de prensa para presentar la Opinión del organismo sobre por dónde debería ir la reforma. Unos cambios normativos que el Gobierno ya ha avanzado que hará antes del final de año mediante dos reales decretos, algo insuficiente a juicio de la Autoridad Fiscal.

“A nosotros no nos ha dicho nadie lo que se pretende hacer. Sí hemos visto el decreto que afecta a nuestro reglamento (…). Si el alcance va a ser el mismo alcance que conocemos, no cabe esperar grandes modificaciones en el marco fiscal nacional”, ha lamentado.

Mayoría reforzada para el sistema de financiación

La Autoridad Fiscal ha planteado diez propuestas para una reforma integral del marco fiscal nacional. Así, plantea el desarrollo de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, de 2012, y propone reforzar la lealtad institucional dando un mayor peso a las comunidades autónomas y las entidades locales en los mecanismos de coordinación fiscal, lo que pasa por limitar el control del que disfruta el Ministerio de Hacienda del CPFF.

En la actualidad, el Gobierno cuenta con la mitad de los votos del CPFF, por lo que solo necesita el apoyo de una de las comunidades autónomas para sacar adelante cualquier acuerdo de este organismo multilateral. Esto permite que cualquiera de los gobiernos regionales del mismo color político que el Ejecutivo central desatasque las votaciones.

Pero la AIReF plantea que se refuerce este sistema del voto, manteniendo las mayorías simples en el caso de votaciones ordinarias, pero exigiendo un consenso reforzado (por ejemplo, con dos tercios de los presentes a favor) en materias de “especial relevancia para la autonomía financiera”, como las reglas fiscales o el sistema de financiación.

La vicepresidenta primera María Jesús Montero ya ha avanzado que presentará a principios de 2026 una reforma completa del sistema de reparto para los Ejecutivos regionales, una cuestión que llevará a un CPFF y que tendría garantizado que salga adelante con el voto de alguna de las tres comunidades que dirigen los socialistas (Cataluña, Asturias y Castilla-La Mancha, ya que Navarra cuenta con Hacienda foral propia y suele acudir como oyente a estos foros).

Pero, de reformarse el reglamento como propone la Autoridad Fiscal, no solo sería muy complejo que saliera adelante el planteamiento del Gobierno, sino que las comunidades podrían exigir la incorporación de asuntos al orden del día cuando lo solicite “un número mínimo de ellas”, limitando aún más el margen del Ejecutivo central para dirigir estas reuniones.

La AIReF también habla de “establecer un marco temporal predefinido que determine los plazos de convocatoria del CPFF en relación con cada uno de los principales hitos del ciclo presupuestario y fiscal”, lo que habría forzado al Gobierno a reunirse en julio para comunicar los objetivos de estabilidad y las entregas a cuenta -los principales recursos con los que cuentan las comunidades autónomas-, en lugar de hacerlo en noviembre, como ha ocurrido este año.

Críticas a los objetivos de déficit

Sobre la senda de estabilidad que el Gobierno propuso la semana pasada, que permite un déficit del 0,1% para las comunidades autónomas, Herrero ha sido muy crítica, ya que hay una divergencia entre la regla de gasto -el incremento máximo permitido, la variable en la que se fija Bruselas- y los números rojos que permitiría Hacienda.

“No nos hemos enterado de que la variable de supervisión es otra. Hemos reproducido exactamente lo que se ha hecho otros años. No se han tenido en cuenta las tasas de referencia para fijar los objetivos de déficit. Si se hubieran tenido en cuenta, el objetio no hubiera sido de déficit para las comunidades autónomas, hubiera tenido que ser equilibrio o ligero superávit”, ha explicado Herrero.

Fijarse únicamente en el déficit, y permitir ese desvío del 0,1%, supondrá que algunas regiones puedan disparar su gasto un 10%, ha advertido, por encima del 3,5% que ha comprometido el Gobierno con Europa.

El Gobierno ha esgrimido en los últimos días que, de no salir adelante los objetivos de déficit en el Congreso de los Diputados (como es previsible, dado el rechazo de Junts y Podemos), la Constitución fija que tendrán que las comunidades tendrán que presupuestar en equilibrio, lo que supondrá 5.500 millones de euros menos de margen para gastar en el próximo trienio.

Sin embargo, Herrero ha calificado de “lío innecesario” esta referencia a la Carta Magna, ya que obligaría al propio Gobierno a no gastar más de lo que ingresa. En este sentido, y sin senda de déficit, la guía para el Ejecutivo debería ser esa tasa de referencia del máximo que puede crecer el gasto público.

“Hay que cambiar lo que se lleva al Parlamento. Me parece difícil que se establezcan los parámetros del marco fiscal sin que el Parlamento tenga nada que decir. A lo mejor la tasa de referencia se tendría que llevar al Congreso”, ha reflexionado, a preguntas de la prensa.

En cuanto al resto de modificaciones que son necesarias al juicio de la AIReF, la Autoridad Fiscal plantea revisar cómo se calculan las reglas fiscales numéricas y que se tenga en cuenta la situación de cada una de las comunidades, en función de la regla de gasto, para fijar sus objetios de estabilidad. Los Gobiernos regionales, como ya hace la Administración central, deberían plantear Planes Fiscales de Estabilidad a Medio Plazo, con un contenido detallado, asegurando que la participación de las regiones en el ciclo presupuestario. Otra de las ideas pasa por reforzar la credibilidad mediante un sistema de medidas preventivas y correctoras que sea eficaz y efectivamente aplicable.