Los gerentes de la sanidad andaluza admiten al juez que desoyeron la orden de Hacienda de frenar los contratos a dedo

Los tres últimos gerentes del Servicio Andaluz de Salud (SAS) han declarado este martes ante el juez José Antonio Gómez, que investiga al Gobierno de Juan Manuel Moreno por un supuesto delito de prevaricación en los contratos de emergencia adjudicados a dedo a clínicas privadas, por un montante de 243 millones de euros, entre 2021 y 2024.

La actual gerente del SAS, Valle García, y sus dos predecesores, Miguel Ángel Guzmán [gerente entre noviembre de 2019 y julio de 2022] y Diego Vargas [que ocupó este puesto hasta diciembre de 2023], están imputados en esta causa, que trata de esclarecer por qué la Junta prorrogó casi tres años la contratación de emergencia, sin publicidad ni concurrencia competitiva, amparándose en el marco legal excepcional que se habilitó al inicio de la pandemia cuando ya había sido derogado.

Los tres están representados por el mismo abogado, de modo que su estrategia de defensa es la misma -sólo han respondido a las preguntas del juez, de los fiscales y de sus representantes legales, y no a la acusación- y sus declaraciones han sido muy similares. Guzmán, Vargas y García, por orden de antigüedad en el cargo, han testificado aferrándose al mismo relato, a saber: que adjudicaron todos esos contratos a dedo a clínicas privadas y firmaron las prórrogas y las adendas con sucesivas ampliaciones del presupuesto inicial por la situación crítica que vivía la población andaluza como consecuencia de la pandemia de Covid-19.

Por un “problema extremo de salud pública”, por la “incertidumbre respecto a la evolución del virus”, por el colapso del sistema sanitario sometido a “una presión asistencial inédita” y porque, cada día, recibían los partes con el número de muertes e infectados, que aún hoy les quitan el sueño. “Me desayunaba todas las mañanas con docenas de muertos. Todavía tengo pesadillas”, ha asegurado Vargas, según fuentes presentes.

En un momento del interrogatorio, el juez ha preguntado directamente a los ex gerentes del SAS por qué no volvieron a la contratación ordinaria cuando lo más grave de la pandemia había pasado y la capacidad de respuesta de las administraciones era más previsible. El magistrado les ha recordado que la Consejería de Hacienda dio una orden expresa, el 18 de junio de 2021, para que todos los departamentos del Gobierno andaluz dejaran de contratar por la vía de emergencia.

Según fuentes presentes en el interrogatorio, los gerentes del SAS entendieron que aquella orden “no les concernía” a ellos, de modo que ignoraron la instrucción de Hacienda y siguieron prorrogando los contratos a dedo, al menos, hasta mayo de 2023. Tampoco se sintieron concernidos por los sucesivos informes “desfavorables” de los interventores del SAS, las auditorías correspondientes a los ejercicios 2021, 2022 y 2023, que a posteriori alertaron una y otra vez a los gerentes de que el procedimiento de contratación no se ajustaba a la ley, y estaba provocando “irregularidades”.

El 18 de junio de 2021, la Dirección General de Contratación de la Consejería de Hacienda, entonces pilotada por Juan Bravo (hoy vicesecretario general del PP) envió una instrucción escrita a todas las consejerías -incluida Saluld- advirtiéndoles de que el artículo 16 del Real Decreto 7/2020 (que habilitaba a las comunidades a saltarse los controles ordinarios de contratación para combatir la pandemia) estaba “plenamente derogado”.

Bravo les recordaba -ya lo había hecho el Gobierno central- que la justificación del coronavirus ya no era motivo suficiente para usar regularmente el artículo 120 de la Ley de Contratos Públicos, y que “el recurso a la contratación de emergencia” orientado a “hacer frente al Covid-19” debía tener “carácter excepcional y residual”. Pese a ello, el SAS siguió adjudicando decenas de millones de euros a la sanidad privada sin concurso ni controles.

La decisión de obviar esa orden reapareció años después en los informes que elevaron los interventores del SAS, que son la base fundamental de la causa judicial en la que están imputados los tres gerentes por un supuesto delito de prevaricación. La dirección gerente del SAS ya presentó alegaciones a las advertencias de aquellos informes para tratar de justificar la amplicación de los contratos a dedo hasta 2024, pero fueron desestimadas.

La Intervención acusó a la dirección gerente del SAS de “abuso” en la adjudicación a dedo “cuando la pandemia ya estaba muy atemperada” y concluyó que esos contratos de emergencia carecían de anclaje legal, puesto que la legislación excepcional que habilitó el Gobierno en lo peor de la pandemia para agilizar la respuesta de las administraciones a la crisis sanitaria había sido derogada en mayo de 2021.

Pese a todo, Guzmán, Vargas y García no se han movido un milímetro del guión que llevaban. Los tres han defendido todas sus actuaciones amparándose en la grave situación de excepción que provocó la pandemia, con un relato más personal y emocional que técnico, y sin que el juez ni los fiscales hurgasen demasiado en las contradicciones entre sus explicaciones y los informes de la Intervención.

Contradicciones entre la versión de Salud y la de Hacienda

Lo que sí ha roto el guión han sido las respuestas del primer gerente del SAS -hoy director médico de la multinacional de la sanidad privada ASISA en Andalucía- a las preguntas de los fiscales. Estos le han preguntado por el testimonio que dio, hace justo una semana, la exinterventora general de la Junta, Amelia Martínez, sobre el acuerdo del Consejo de Gobierno del 6 de octubre de 2020 que retiró los controles previos a los contratos de emergencia del SAS para sustituirlos por una fiscalización permanente (auditorías a posteriori).

Guzmán ha desmentido a la hoy vicenconsejera de Hacienda que, ante el juez, admitió que aquella decisión no estuvo avalada por ningún informe preceptivo y no forma parte de su memoria, en la que proponía sustituir el sistema de fiscalización para determinados gastos y servicios de la Junta, pero no a los contratos a dedo del SAS.

Martínez aseguró en sede judicial que aquello fue una decisión “informal” que se adoptó en la reunion del consejillo, el foro que reúne a todos los viceconsejeros de la Junta para preparar el orden del día con las medidas que aprobará el Consejo de Gobierno al día siguiente. El consejillo está presidido por el número dos de Presidencia, que en octubre de 2020 era Antonio Sanz, hoy ascendido a consejero de la Presidencia y, desde hace algo más de un mes, titular de la cartera de Sanidad.

Según la versión que dio la exinterventora Amelia Martínez, la sustitución de los controles previos por la fiscalización posterior fue una petición de la viceconsejera de Salud, Catalina García [luego titular de la cartera y hoy consejera de Medio Ambiente] a su homólogo de Hacienda, Roberto Ochoa, para que, aprovechando la propuesta de la Intervención General para ampliar la relación de gastos y servicios exentos de control previo, se añadiera otro relativo a los contratos del SAS.

En el juzgado no se ha presentado ningún documento oficial que acredite esto, pero Martínez aseguró ante el juez que Salud le había consultado y ella había consentido, de manera verbal. Este martes, Guzmán -que en ese momento era gerente del SAS- ha asegurado en sede judicial que eso no ocurrió así.

“A mí ni a nadie de mi equipo en el SAS se nos pidió opinión sobre este acuerdo”, ha respondido al fiscal, desvinculándose de la decisión que Martínez imputa a la Consejería de Salud. Según el exgerente, esto “no compete al ámbito de un gestor del SAS” y él fue el “sufridor” de una decisión que adoptó el departamento de Hacienda, donde está adscrita la Intervención.

El relato de Guzmán es diametralmente opuesto al de la hoy viceconsejera de Hacienda. El ex gerente del SAS asegura que fue el propio equipo de interventores de Martínez el que presionó para cambiar el sistema de fiscalización a posteriori, porque el volumen de trabajo que tenían con los controles previos era imposible de gestionar.

A partir de estas discrepancias, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez que cite a declarar como testigos a los aludidos, es decir, la consejera de Medio Ambiente en el Gobierno de Moreno, que entonces formó parte de aquel consejillo como número dos de Salud; y el exviceconsejero de Hacienda, Roberto Ochoa, que ya está desvinculado del Ejecutivo, según ha adelantado la Cadena Ser.