Yolanda Díaz defiende movilizaciones contra la condena al fiscal general mientras Bolaños se queda en una censura institucional

La reacción del Gobierno a la condena del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, evidencia la existencia de dos almas en el Consejo de Ministros. Una, obligada por el halo de la institucionalidad, que cuestiona el fallo, pero se mueve con cautela a la hora de criticar al sistema judicial, mientras otra carga contra los jueces, o al menos un sector de la judicatura, e incluso llama a la movilización. Este último caso es el de la líder de Sumar, Yolanda Díaz, que precisamente este martes se ha sentado en la rueda de prensa junto a la portavoz, Pilar Alegría, y el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, enfundados en un traje más moderado.

La discrepancia ha quedado patente desde el primer momento cuando la vicepresidenta segunda ha encendido el micrófono para pronunciarse sobre la sentencia. Tras asegurar que es “anómalo” que se conozca el fallo, pero no la argumentación, ha asegurado que “la democracia se defiende desde muchos lugares de nuestro país”. “Se defiende desde el gobierno, desde el gobierno de la Comunidad de Madrid, desde el gobierno de mi presidente, de la Xunta de Galicia, desde las diputaciones forales, desde las diputaciones provinciales, desde los colegios de profesionales del periodismo, desde los colegios de profesionales de la abogacía, desde las AMPAS de nuestros hijos. Y también se defiende ejerciendo el derecho legítimo a la movilización en España”, ha respondido a una pregunta sobre el llamamiento a la movilización que ha hecho Sumar.

“Es un derecho ciudadano movilizarse”, ha agregado Díaz, que ha recordado su presencia en las movilizaciones del Primero de Mayo: “Tenemos derecho legítimo a salir pacíficamente en un día clave a las calles de nuestros, de nuestros barrios y de nuestros lugares”. “Las calles no son de la extrema derecha en nuestro país, no lo han sido nunca ni lo van a ser ahora. E igual que hacen llamamientos ellos a las movilizaciones, nosotros tenemos el derecho legítimo a decirle al pueblo español que salga a defender la democracia”, ha rematado la vicepresidenta.

La pregunta iba también dirigida a la portavoz del Gobierno para saber si el ala socialista compartía ese llamamiento a las movilizaciones como la de centenares de personas que se congregaron a las puertas del Tribunal Supremo el domingo. “Hemos visto a muchos ciudadanos libremente manifestándose en distintas ciudades aquí en Madrid, pero en muchas. Y lógicamente nosotros respetamos stas movilizaciones, estas manifestaciones, por cierto, bastante más respetuosas, bastante más sanas que la que vimos producirse el viernes frente a la sede de Ferraz”, ha dicho Alegría en referencia a los ultras de Falange que el 20N pidieron a gritos un “tiro en la nuca” al presidente del Gobierno.

En el otro extremo de la mesa se ha sentado Bolaños, cuyo cuestionamiento de la sentencia es, al menos en público, más moderado, aunque en el fondo comparte las críticas de sus compañeros de gabinete. “Me gustaría decirle que discrepar de una sentencia no es acusar a nadie de nada. Se puede discrepar de una sentencia. De hecho, se hace en dos planos y se puede hacer en dos planos el plano judicial, interponiendo los recursos que correspondan contra esa sentencia. Y en segundo lugar, también en el ejercicio del derecho fundamental a la libertad de expresión. También se puede discrepar de una sentencia en un plano más argumentativo, más de opinión. Pero esto es el funcionamiento normal de la democracia. Es evidente que hay un amplio sector de la población española que no entiende el fallo y que discrepa de ese fallo”, ha dicho Bolaños.

Mientras el ministro de Justicia, que ha pedido al Tribunal Supremo que emita la sentencia “lo antes posible”, apela a que la “discrepancia con el fallo no puede significar desconfianza en las instituciones del Estado y mucho menos en la Justicia”, su compañero Óscar López clama contra un sector de la judicatura al que acusa de seguir el llamamiento de José María Aznar del que “el que pueda hacer que haga”. “Creen de verdad que el Estado está en riesgo que se cae el país y que tienen que salvar la patria y que niegan la legitimidad de este Gobierno”, aseveró en una entrevista en Espejo Público (Antena 3).

Esa divergencia está diseñada por el propio Gobierno, que reconoce que ministros como Bolaños o Alegría tienen que enfundarse el traje de la institucionalidad mientras que otros pueden salir a ‘morder’, como pueden ser Óscar Puente u Óscar López, que es, además, líder del PSOE en Madrid.

En Moncloa restan importancia a las divergencias que salen del propio Consejo de Ministros. “Es complementario, no contradictorio”, dicen sobre el mensaje que emiten. Y, en el caso de Yolanda Díaz, con quin no se ha pactado la discrepencia, minimizan la tensión: “Somos un Gobierno de coalición”.