Tres jueces del Supremo que condenaron al fiscal general impartieron tras el juicio un curso pagado por una acusación

Tres jueces del Tribunal Supremo que suscribieron la condena al ex fiscal general del Estado impartieron un curso remunerado organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) que empezó un día después de acabar el juicio. Se trata de Andrés Martínez Arrieta, presidente del tribunal que juzgó a Álvaro García Ortiz, y de los magistrados Juan Ramón Berdugo y Antonio del Moral. Este último es el director del curso. Las sesiones en las que impartieron ponencias tuvieron lugar los días 17, 18 y 19 noviembre, coincidiendo con las deliberaciones del fallo. El ICAM presentó la primera querella contra la Fiscalía y ejerció la acusación popular contra él en el juicio. 

El curso, de ocho días de duración, se inició el pasado 14 de noviembre, un día después de que el tribunal dejara visto para sentencia el juicio al ex fiscal general, y termina este mismo martes 25 de noviembre. La formación, que es obligatoria para acceder al turno de oficio específico, lleva por nombre ‘Curso de casación y turno especial’ y tiene como objetivo “facilitar los conocimientos suficientes” en los litigios ante las distintas Salas del Tribunal Supremo, según la documentación oficial.

Fuentes del Tribunal Supremo consultadas por elDiario.es afirman que el ICAM implantó “hace años” este curso para los abogados del turno de oficio que quieren acceder a la casación. En esta ocasión se han inscrito más de 60 abogados de oficio. Desde hace varios años, este curso lo coordina el magistrado Antonio del Moral. Las ponencias son impartidas por magistrados del Supremo y de la Audiencia Nacional, letrados del gabinete técnico del Supremo, letrados del Tribunal Constitucional y profesionales de la abogacía. 

Remuneración de 90 euros por hora

Estas mismas fuentes explican que la remuneración de los ponentes es de 90 euros por hora. En la presente edición, Martínez Arrieta ha impartido dos horas de clase, lo que supone una remuneración de 180 euros; y Del Moral y Berdugo cuatro horas cada uno, lo que supone 360 euros. Del Moral ha percibido además 270 euros por su labor como coordinador del curso, lo que eleva su remuneración total hasta los 630 euros.

Para los alumnos que pertenecen al turno de oficio, el curso tiene un precio de 175 euros, han explicado varios de los asistentes a elDiario.es. La obtención del diploma requiere la asistencia a todas las ponencias. En caso de falta de asistencia justificada, las jornadas se pueden recuperar en la siguiente edición previo pago de 25 euros. 

La “colaboración y la asistencia ocasional a congresos, seminarios, conferencias o cursos de carácter profesional” queda excluida de la legislación sobre incompatibilidades a la que se remite el Reglamento de la Carrera Judicial. En consecuencia, los tres magistrados no estaban obligados a pedir autorización previa al Consejo General del Poder Judicial para participar en esta formación, de acuerdo a las fuentes consultadas. 

“Impartir este tipo de cursos forma parte del deber ético de colaborar en la formación de profesionales que ejercen el turno de oficio en defensa de los derechos de los ciudadanos sin recursos o que, por otras circunstancias establecidas en la ley, tienen derecho a este servicio”, afirman las citadas fuentes del Supremo.

elDiario.es preguntó en la mañana de este martes al ICAM por los términos en los que se había desarrollado esta formación pero no ha obtenido respuesta. El colegio profesional puso el foco en marzo de 2024 sobre el comunicado de la Fiscalía que desmentía una información tergiversada sobre Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, al entender que revelaba datos secretos del empresario.

La entidad profesional fue la primera en presentar una querella contra la Fiscalía por este asunto y, después, ejerció la acusación popular. Llegó a pedir una condena de cuatro años de cárcel para García Ortiz. Su abogado, Ignacio de Luis Otero, estuvo sentado en el estrado durante el juicio a poca distancia de los magistrados que han impartido estos cursos remunerados.  

Del Moral, Arrieta y Berdugo

El magistrado Antonio del Moral figura como director del curso. Según el programa impartió dos ponencias en horario de tarde el pasado lunes 17 de noviembre. La primera, titulada ‘El procedimiento ordinario. Abreviado ante el AP. Recurso contra autos’, se celebró entre las 16.00 y las 18.00 horas. En las dos horas siguientes impartió el curso ‘Recurso de casación de refundición de condenas’. Del Moral ascendió al Supremo en 2012, cuando Carlos Dívar era presidente del CGPJ. 

Un día después, el martes 18 de noviembre, fue el turno del presidente de la Sala de lo Penal y también presidente del tribunal que juzgó al ex fiscal general: Andrés Martínez Arrieta. Su ponencia llevaba el título de ‘Casación Penal: la nueva modalidad de casación contra sentencias dictadas en apelación por las AAPP. Preparación e interposición del recurso de casación. Recurso de queja. Recurso de revisión Penal’. Tuvo dos horas de duración, entre las 18.00 y las 20.00 horas. Martínez Arrieta será quien escriba la sentencia que argumentará la condena contra el fiscal general del Estado después de que la mayoría del tribunal rechazara la sentencia absolutoria propuesta por la magistrada Susana Polo. 

El tercer magistrado de la Sala de lo Penal en intervenir en el curso fue Juan Ramón Berdugo. Impartió entre las 16.00 y las 20.00 horas del pasado miércoles 19 de noviembre la ponencia ‘Recurso de casación penal: modalidades del recurso contra sentencias dictadas en apelación por los Tribunales Superiores de Justicia. Infracción de ley; quebrantamiento de forma; infracción de precepto constitucional’.

Una sentencia de 2014 de la que fue ponente este último fue acordada por unanimidad y ordenó la repetición de un juicio “con diferentes magistrados que no tengan comprometida su imparcialidad”.

Esa resolución aludió a doctrina del Tribunal Constitucional que recuerda las líneas fundamentales de la doctrina sobre el derecho a un juez imparcial. Entre ellas, que la imparcialidad se garantiza cuando el juez “no ha mantenido relaciones indebidas con las partes” o que la garantía de la imparcialidad objetiva “pretende evitar toda mediatización, en el ámbito penal, del enjuiciamiento a realizar en la instancia o a revisar en vía de recurso”.