Uno de los jurados del juicio millonario contra Greenpeace trabajó para una compañía ligada a la demandante

Parece la vuelta de guion de un thriller judicial de Hollywood, pero no lo es: uno de los jurados elegidos para decidir sobre la demanda multimillonaria que amenaza con estrangular a la organización Greenpeace en EEUU ha trabajado para una compañía con intereses en el oleoducto de la energética que demanda a la ONG.

La relación saltó después de culminado el proceso de selección de jurados y con el juicio –que tiene lugar en el estado de Dakota del Norte– en marcha. De hecho, según relata la periodista independiente estadounidense Allen Brown, ocurrió cuando el interesado vio durante el testimonio de un testigo que se mencionaba a la compañía MPLX: “Creo que mis horas se cargan a veces a MPLX”, apuntó el jurado, según la freelance.

En este proceso se dilucida si Greenpeace debe pagar hasta 300 millones de dólares que reclama Energy Transfer por las protestas contra el oleoducto Dakota Access Pipeline (DAP) llevadas a cabo en 2016 y 2017. La empresa quiere que la ONG se haga responsable civil de todo lo que, asegura, ocurrió allí, aunque Greenpeace no fuera la que convocaba las concentraciones, sino que las apoyaba públicamente.

Así las cosas, el jurado, pues, ha prestado servicios a MPLX que, según la propia corporación, “mantiene un 9,19% de intereses indirectos en una joint venture que posee y opera” el oleoducto que protagonizó las protestas por las que la energética ha perseguido a la ONG en los tribunales hasta sentarla en el banquillo con esta demanda que sirve de aviso para las protestas climáticas en general.

La red de compañías, intereses y participaciones que está detrás de este proyecto hace que sea fácil perder el rastro de quién es quién. También ha hecho que, finalmente, fuera borroso saber si el jurado podía conocer o no con antelación su relación con el caso. Esta MPLX es una especie de filial de Marathon Petroleum que, a su vez, forma parte junto con la sociedad Enbridge de otra joint venture (llamada MarEn) que compró en 2016 por 2.000 millones de dólares el 36% de los intereses en el llamado Bakken pipeline project que incluye dos oleoductos diferentes: el Energy Transfer Crude Oil (ETCO) y el ahora célebre Dakota Access pipeline (DAP), el de las protestas de Greenpeace.

La madeja tiene un cabo final del que tirar en el informe anual de 2023 de Marathon Petroleum que describía que el proyecto de oleoducto, “en el que MPLX tiene un interés minoritario, ha sido sujeto y puede serlo en el futuro, de litigación”.

También admite ese informe que MPLX –la empresa relacionada con el jurado– ha entrado en un acuerdo de contribución de contingencias con los otros compañeros de joint venture para los proyectos de oleoductos por el que se compromete a aportar dinero para “satisfacer” deuda contraída para “la construcción” de la infraestructura. También tendría que pagar la proporción que le toque “de los intereses devengados” y “los costes para remediar las deficiencias para reiniciar las operaciones del oleoducto” si se paralizara el bombeo de crudo por la evaluación ambiental aún pendiente.

El abogado ambientalista Scott Wilson Badenoch –de camino a Dakota del Norte– explica a elDiario.es que “desde luego que así no es como deben parecer los jurados, que tienen que ser imparciales y formados por iguales”.

Con todo, ese jurado continúa ejerciendo, según han contado los que han podido entrar a la sala de vistas. El juez mantuvo, según estas mismas fuentes, una conversación –en presencia de los abogados de la causa– con el jurado para ver si podía seguir en su puesto y, tras esas palabras, el jurado siguió con la misma composición.

Dakota del Norte es un estado cuya economía depende en buena parte de los combustibles fósiles. Un juez federal rechazó en 2019 el caso presentado por Energy Transfer contra Greenpeace, basado en la ley contra organizaciones criminales, pero la justicia estatal sí ha ido adelante con el proceso.

“Recusación retroactiva” sin efecto sobre decisiones

Greenpeace trató de cambiar la sede del juicio porque “un jurado elegido entre los miembros de una comunidad afectada por los hechos que Energy Transfer intenta achacar a la organización no debería cargar con esta responsabilidad”, explicó el abogado principal de Greenpeace, Daniel Simmons. Los ambientalistas temen en realidad que esos jurados sean proindustria petrolera o estén relacionados con ella. El cambio de sede fue denegado.

El grupo de abogados que está monitoreando el juicio ha explicado este martes que el Tribunal Supremo de Dakota del Norte ha denegado sendas peticiones para que el juicio contra Greenpeace se retransmitiera en streaming “por transparencia”. Una de las peticiones era de este mismo grupo y la otra del New York Times, el Washington Post y el Wall Street Journal.

Sin embargo, lo “más chocante”, afirma este grupo, es que tras el rechazo del tribunal, esta misma instancia ha “recusado retroactivamente” a uno de los cinco magistrados que tomaron la decisión. Al parecer, según describen los juristas, este juez se había recusado a sí mismo en el caso de Energy Transfer contra Greenpeace para llevarlo en sala. El hecho de “recursarle, pero dejar la decisión intacta parece que desafía no solo la lógica legal sino el sentido común”, rematan los abogados.