Un comité de la ONU paraliza el desahucio de una mujer y su hijo con discapacidad en Málaga

Una comunicación del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de Naciones Unidas ha evitado, sobre la bocina, el desahucio programado para este martes de una mujer de 65 años y su hijo con discapacidad, de 45, en Málaga. Gracias a esta intervención de última hora y excepcional, María Dolores Cortés Heredia (conocida como Tita Mari) podrá seguir en su casa de Capuchinos al menos algunas semanas más. “Yo me veía en la calle y no sabía dónde poner mis huesos. Jamás he querido vivir por la cara, solo lucho por una vivienda digna”, lloraba ella de alegría, entre vítores de un puñado de activistas, cuando ya se habían marchado los policías desplegados para expulsarla de la casa que habita desde hace cuatro años.

Tita Mari y su hijo ocupan sin título una vivienda en la calle Rodríguez Berlanga, en el barrio de Capuchinos. La mujer dice que entró en la vivienda porque estaba vacía y sabía que nadie vivía allí. “Si tuviera casa no me hubiera metido, pero no se la he quitado a ninguna persona”, insiste. La propietaria es una entidad mercantil, Inversiones Estratégicas Real Estate, S.L., constituida en septiembre de 2022 con un capital social de 3.000 euros.

En sus apariciones públicas, Cortés resalta por sistema que está dispuesta a abonar un alquiler adaptado a sus ingresos, que rondan los 650 euros, pero asegura que los propietarios nunca se han puesto en contacto con ella. Los activistas antidesahucios definen a la mercantil como un “fondo buitre”. “En todo caso, inversores o grandes tenedores que compran para obtener un beneficio, y no para usarlo como vivienda”, protesta Ysabel Torralbo, una de las abogadas que ha defendido a Cortés.

Inversiones Estratégicas Real Estate inició un procedimiento de desahucio en 2023. Inicialmente, el juzgado fijó el lanzamiento para el pasado 25 de octubre, pero esa fecha fue pospuesta tras una movilización vecinal liderada por el Sindicato de Inquilinas y la Plataforma un Techo por Derecho.

Ahora, la comunicación de la ONU vuelve a postergarla cautelarmente, después de que así lo haya acordado el juzgado. En la carta, a la que este medio ha tenido acceso, el Comité solicita a España que, mientras examina el caso, tome medidas para “evitar posibles daños irreparables” a la mujer y su hijo, que sufre un trastorno mental grave. Y detalla las dos posibles medidas: “la suspensión del desahucio de la vivienda” (que es lo que ha ocurrido) o que les otorgue alternativamente una vivienda “adecuada a sus necesidades”.

“Vi el cielo abierto”

La intervención de última hora y decisiva de un órgano de la ONU ha trastocado el panorama de Tita Mari, que este martes no se podía creer la noticia que le dieron los activistas antidesahucios. “Sólo ellos me han ayudado”, decía sollozando, mientras explicaba que se metió en la casa porque le dijeron que llevaba “muchos años vacía”. “Yo vi el cielo abierto: la he hecho mi hogar”.

En la primera ocasión que la policía se personó en su casa para desahuciarla, hace un mes, la tensión le subió tanto que se desplomó y tuvo que ser trasladada a un centro de salud. Esta vez no ha llegado a eso, aunque cuando le dieron la noticia lloró. “Sólo quiero un techo bajo el que no me llueva”, dice.

La mujer, que se ha involucrado en el movimiento antidesahucios de la ciudad hasta convertirse en una presencia recurrente, contó su historia al alcalde en el Pleno de Málaga hace unas semanas. Allí, el concejal Francisco Pomares le respondió diciendo que ya disfrutaba de una vivienda municipal. Luego se disculpó con ella y le dijo que se había confundido de persona. Cortés asegura que la única alternativa al desahucio que le ha ofrecido el Ayuntamiento es el albergue y una ayuda para alquilar durante tres meses. “No puedo ir a un albergue porque mi hijo no puede escuchar voces. No sale de su habitación. Necesitamos una casa”.

‘Tita Mari’, después de que se paralizase el desahucio | N.C.

El alquiler en el mercado privado está imposible para ella, que percibe 650 euros de renta mínima de inserción. Según los datos de oferta inmobiliaria en Idealista, el precio medio en la ciudad es de 15,4 euros por metro cuadrado, de modo que un piso de 80 metros cuadrados ronda los 1.300 euros, el doble de lo que percibe. “Yo no tengo recursos para eso”, concluye, “¿dónde me meto yo?”.

Tampoco es previsible que vaya a lograr la adjudicación de una vivienda municipal con un alquiler social. Los demandantes de este tipo de alojamiento público son más de 34.000 en Málaga, según los últimos datos disponibles, y el Ayuntamiento solo dispone de 3.234 pisos protegidos. Para asignarlos, el Consistorio hace sorteos ante notario: en 2025, ha rifado así el alquiler de 253 viviendas en el distrito Universidad, otras 84 en el mismo sector y el acceso a la posibilidad de compra de 123 VPO en Cruz del Humilladero entre 11.800 candidatos hace apenas un mes.

El Sindicato de Inquilinas lleva tiempo alertando de mala praxis del “casero público” en la gestión del alquiler de estas viviendas. Para Daniel Machuca, uno de sus portavoces, el caso de Cortés es ejemplo de otro tipo de mala praxis de la administración: “El Instituto Municipal de la Vivienda no ha hecho su trabajo. La propiedad no es pública, pero la administración tendría que dar alternativas”.

El valor de las decisiones del Comité

La carta del Comité fue comunicada a la jueza del juzgado de primera instancia 9 de Málaga el lunes por la tarde, y de inmediato la secretaria judicial firmó una diligencia de ordenación suspendiendo el desahucio previsto para esta misma mañana. Sin embargo, esa diligencia no había llegado a la Policía, que se mantuvo en el lugar hasta que la recibió por escrito a pesar de las advertencias de los activistas. La presencia de los agentes provocó momentos de tensión, y el mando llegó a advertir a una de las abogadas con explicarle las cosas “de otra manera”.

La comunicación del Comité no sólo paraliza el desahucio, sino que implica que va a estudiar el caso. “Han detectado que no hay alternativa habitacional y que sufrirían daños irreparables si los desahucia”, explica Rosa Galindo, una de las abogadas de Cortés. Sin embargo, es cautelar y no definitiva. El Estado tiene seis meses para remitir al Comité la documentación y alegaciones que estime, y probablemente incidirá en el cumplimiento estricto de los pasos procesales que anteceden al desahucio.

El Comité DESC es un órgano de expertos independientes encargado de supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), uno de los principales tratados internacionales de derechos humanos de Naciones Unidas, ratificado por España en 1976. A través del Protocolo Facultativo (si un país lo ha aceptado), las personas pueden presentar denuncias individuales por violaciones de derechos como vivienda, salud, educación o seguridad social. La intervención para paralizar un desahucio se produce siempre tras haber agotado todas las posibilidades en derecho interno.

El carácter vinculante o no de las decisiones de comités internacionales es una cuestión muy debatida en la doctrina y la jurisprudencia, hasta el punto de que las Cortes acaban de empezar a tramitar un proyecto de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para reforzar la vinculatoriedad de este tipo de resoluciones, pudiendo incluso justificar la revisión de sentencias firmes españolas.

En 2018 el Tribunal Supremo dio valor vinculante a la decisión del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer para establecer la responsabilidad del Estado ante Ángela González Carreño, cuya hija fue asesinada por su exmarido. “Ahí llega a mencionar el carácter vinculante, pero se ha desdicho luego”, explica Rafael Cid, director de estrategia jurídica de Gentium, una organización sin ánimo de lucro que ha logrado resoluciones favorables de otros comités de la ONU y del Comité Europeo de Derechos Sociales en el caso de los cortes de luz en Cañada Real. “A día de hoy no hay una jurisprudencia clara y sí un debate sobre su naturaleza jurídica. Pero, en todo caso, hay obligación de dar consideración debida a las resoluciones de los comités, y si el Estado se va a apartar de la decisión tiene que argumentarlo muy bien”.

En este caso, las abogadas antidesahucios pidieron su intervención la semana pasada. Remitieron todo el expediente judicial, la documentación de servicios sociales que acredita la situación de vulnerabilidad de la mujer y su hijo y una explicación detallada de su situación. Además, explicaron al Comité que la familia no tiene alternativa, porque el proceso para acceder a una vivienda pública en Málaga implica apuntarse a una larga lista de solicitantes de la que solo unos pocos resultan agraciados mediante sorteo. “Es una vulneración muy clara de los derechos en personas de vulnerabilidad extrema”, protesta Galindo, que apunta a la responsabilidad de todas las administraciones y, en particular, al Ayuntamiento por establecer un sistema aleatorio de acceso a prestaciones.