La Fiscalía pide que testifique la consejera del Gobierno de Moreno que pidió retirar el control previo a los contratos sanitarios

Los primeros testigos e imputados citados por el juez que investiga al Gobierno de Juan Manuel Moreno los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) con clínicas privadas han aportado declaraciones contradictorias.

La más llamativa es el choque entre los máximos responsables de la Consejería de Salud, que adjudicaron a dedo los contratos bajo sospecha, y la principal responsable de la Intervención General de la Junta, que debía fiscalizar esas adjudicaciones. Sus versiones no concuerdan.

La exinterventora general Amelia Martínez, que hoy es viceconsejera de Hacienda, explicó al juez que la decisión de sustituir la fiscalización previa por el control financiero permanente (a posteriori) para los contratos de emergencia del SAS se decidió en la reunión de viceconsejeros que tuvo lugar un día antes del Consejo de Gobierno del 6 de octubre de 2020, donde se aprobó la medida.

Ese acuerdo no está sustentado por un informe de la Intervención ni se desprende de la memoria que redactó una semana antes la propia Martínez, con una lista de los gastos y servicios de la Junta que podían prescindir del control previo, donde no aparecían los contratos del SAS.

La hoy número dos de Hacienda le dijo al juez que aquella decisión partió de Catalina García, entonces viceconsejera de Salud, luego ascendida a consejera del ramo y actualmente al frente del departamento de Medio Ambiente. Según su versión, García le pidió a su homólogo en la Consejería de Hacienda, Roberto Ochoa, que colase en el acuerdo del Consejo de Gobierno los contratos de emergencia, para así agilizar la tramitaciíon de pacientes derivados a la sanidad privada y descargar la presión asistencial en los hospitales públicos.

Una semana después de esa declaración, la persona que ocupaba la dirección gerente del SAS en ese momento, Miguel Ángel Guzmán, desmintió ante el juez el relato de la exinterventora. Guzmán, que está imputado por prevaricación en la adjudicación a dedo de 242,3 millones de euros a clínicas privadas, aseguró que ni él ni nadie de su equipo fue consultado sobre la necesidad de cambiar el sistema de fiscalización de los contratos de emergencia.

Fue a preguntas de los fiscales, cuando el primero de los tres gerentes del SAS que declaró como investigado aclaró que no está entre las competencias de los gestores el decidir cómo se fiscalizan los gastos de su departamento. Y añadio: “Yo fui un sufridor” de ese acuerdo, que posteriormente aparecería en todos los informes “desfavorables” de los interventores del SAS, acusando a la dirección gerente de “abusar” de la contratación de emergencia, con prórrogas y contínuas adendas de ampliación de gasto entre 2021 y 2024, cuando “la pandemia estaba ya muy atemperada”.

Para aclarar esta disonancia de versiones, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez José Antonio Gómez que llame a declarar como testigos a García y a Ochoa, la primera por haber sido señalada como autora intelectual de retirar los controles previos a los contratos sanitarios, y el segundo por formalizar esa decisión en el acuerdo del Consejo de Gobierno del 6 de octubre de 2020.

La petición de los fiscales, adelantada por la Cadena Ser y confirmada por este periódico, debe resolverla ahora el magistrado, tras la primera ronda de declaraciones, que ha permitido escuchar a dos interventoras de la Junta ratificándose en los informes que censuraron los contratos de emergencia; la exinterventora general y dos altos cargos de la plataforma de compras del SAS, entre ellos, el director económico, José Antonio Miranda, que firmó las alegaciones a todas las auditorías que cuestionaban los contratos, siendo desestimadas todas ellas.

También han declarado los tres gerentes del SAS que están imputados por prevaricación: la persona que ocupa el cargo ahora, Valle García, y sus dos predecesores, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas. Los tres, que sólo respondieron a preguntas del juez, de los fiscales y de su abogado, coincidieron en justificar los contratos a dedo en el colapso sanitario que provocó la pandemia de coronavirus.

El juez preguntó a Guzmán por qué no se volvió a la contratación ordinaria, con publicidad y concurrencia competitiva, cuando lo ordenó la Consejería de Hacienda, a través de una instrucción de mayo de 2021, y éste respondió que “no se sintió concernido” por esa orden, porque los técnicos del SAS le decían que la situación sanitaria seguía siendo extrema. Vargas, además, aseguró que cada mañana “se desayunaba” los partes diarios con el número de muertos e infectados por la Covid-19. “Todavía tengo pesadillas”, dijo.