Un juez del Supremo que condenó al fiscal general codirigió en 2024 la tesis doctoral del abogado de la pareja de Ayuso

El magistrado Antonio del Moral, uno de los cinco jueces del Tribunal Supremo que firmó la condena al ex fiscal general del Estado, codirigió la tesis doctoral del abogado que ha representado durante el juicio al empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. El letrado Gabriel Rodríguez-Ramos Ladaria defendió su tesis doctoral en la Universidad Complutense de Madrid el 15 de octubre de 2024. Es el mismo día en el que la Sala de lo Penal acordó abrir una causa contra el fiscal general por revelación de secretos. Del Moral es uno de los cinco magistrados que firmó ese auto de admisión. 

Rodríguez-Ramos, abogado con más de dos décadas de experiencia, representa en los tribunales a González Amador al menos desde marzo de 2024. La denuncia que el empresario y comisionista presentó por revelación de secretos contra los fiscales Pilar Rodríguez y Julián Salto el día 21 de ese mes lleva su firma. Además, el letrado también defiende a la pareja de Ayuso en la causa en la que ya está procesado por fraude fiscal, así como en la investigación por corrupción en los negocios y administración desleal en una segunda pieza de esa misma causa judicial.

Su tesis doctoral lleva el título de “Identidad fundamental de la actuación empresarial punible”. Actuaron como codirectores el magistrado del Supremo Antonio del Moral y el profesor titular de Derecho Penal en la UNED Alfredo Liñán Lafuente. Ambos figuran en los agradecimientos. Rodríguez-Ramos les reconoce su “esfuerzo” y “paciencia”, así como la “sabia guía” que le proporcionaron durante el proceso de investigación, que plasmó en una tesis doctoral que supera las 600 páginas. El trabajo está centrado en la responsabilidad penal de las personas jurídicas. 

Distintas fuentes consultadas coinciden en que, aunque hay excepciones, la relación entre un doctorando y su director de tesis suele ser muy estrecha, ya que la elaboración de un trabajo de este calado es un proceso prolongado en el tiempo que implica una colaboración constante y una significativa afinidad personal.

La Ley Orgánica del Poder Judicial explica en su artículo 217 las hasta 16 causas de abstención de un magistrado: desde ser familiar de alguna de las partes o sus abogados hasta tener una “amistad íntima o enemistad manifiesta” con alguna de las partes. La normativa no recoge motivo de abstención por tener algún tipo de relación académica como esta.

Fuentes cercanas al magistrado explican que esa colaboración surgió de la relación entre él y Luis Rodríguez-Ramos, padre del letrado, hace ya varios años. Fuentes de la Sala explican a elDiario.es que esta relación académica nunca fue considerada como motivo de abstención para los magistrados, entre otros factores tenidos en cuenta como, por ejemplo, su relación previa y cordial con el propio acusado. Este periódico también contactó con Rodríguez-Ramos, que en el momento de publicar esta información no había realizado comentario alguno. 

Rodríguez-Ramos reclamó una condena de cuatro años de cárcel para García Ortiz. El fallo, con la sentencia todavía por conocer, ha acogido parte de las pretensiones de la acusación dado que se ha producido una condena a dos años de inhabilitación, una multa de 7.400 euros y una indemnización de 10.000 euros para el cliente de Rodríguez-Ramos. La pareja de Ayuso llegó a solicitar 300.000 euros por este concepto. 

En el repositorio académico Dialnet también figura que Del Moral codirigió la tesis doctoral que el abogado Álvaro Bernad Sánchez defendió el pasado verano “tras cinco años de trabajo”, según dejó por escrito en sus redes sociales. Bernad ha ejercido la acusación popular en la causa contra el fiscal general en representación de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que reclamó una pena de seis años de cárcel para García Ortiz. 

“Esa sala no puede juzgar al fiscal general”

El juicio contra García Ortiz arrancó el pasado 3 de noviembre con una batería de cuestiones previas presentadas tanto por la Abogacía del Estado como por la Fiscalía. Entre críticas a la instrucción del juez Ángel Hurtado y a los registros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la teniente fiscal del Tribunal Supremo lanzó una queja: “Es lógico sostener que esa sala de admisión no puede juzgar al fiscal general del Estado”. 

Ni la Fiscalía ni la Abogacía plantearon una recusación contra el tribunal en sus escritos de calificación o de forma previa al juicio. Fue en esta primera intervención de María Ángeles Sánchez Conde, teniente fiscal del Supremo, cuando se cuestionó por primera vez la presencia de la mayor parte de los jueces: cinco de ellos ya habían tomado una decisión clave sobre el caso cuando, un año antes, habían aceptado abrir la causa contra García Ortiz. Es una composición derivada de las normas de reparto aunque, según la Fiscalía, la causa que llegaba a juicio era prácticamente la misma que estudiaron entonces y eso cuestionaba su imparcialidad. 

Esa queja por la composición del tribunal, según explicó su presidente Andrés Martínez Arrieta, quedó pendiente para la sentencia, aunque el anuncio de un fallo condenatorio sin añadidos revela que en ningún caso se aceptó apartar a alguno de los magistrados por ese motivo. Los artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial que regulan las causas de abstención no dicen nada sobre la relación entre un juez y el abogado de una de las partes. 

Tal y como reveló el martes elDiario.es, tres de los magistrados que condenaron al fiscal general participaron, pocos días después de terminar el juicio y en plenas deliberaciones, en un curso para abogados organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM). Esa entidad profesional presentó la primera querella contra la Fiscalía y ejerció la acusación popular contra García Ortiz en el juicio. 

Del Moral fue el coordinador del curso, una colaboración que mantiene desde hace años con el ICAM para esta formación, y tuvo la participación de otros dos magistrados del tribunal que ha condenado al fiscal general: el presidente y ponente Andrés Martínez Arrieta y Juan Ramón Berdugo. Las sesiones se celebraron por las tardes y en una de ellas Martínez Arrieta llegó a bromear: “Concluyo, que tengo que poner la sentencia al fiscal general”. 

Del Moral fue en el pasado miembro de la Comisión de Ética Judicial, un organismo independiente del Consejo General del Poder Judicial cuya función es orientar sobre la interpretación de los principios de ética judicial. Sus miembros son elegidos en un proceso abierto a toda la Carrera Judicial, que ejerce el voto de forma directa.