Ábalos y Koldo García regresan al Supremo bajo la amenaza de ir a la cárcel
El juez, que dejó por escrito el “estupor” que le causaba que el exministro siguiera siendo diputado, también advirtió del “creciente” riesgo de fuga ante la cercanía del juicio
El juez Puente plantea una reforma que impida a Ábalos ser diputado y la presidencia del Congreso le recuerda que su papel “no es opinar sobre las leyes”
El exministro José Luis Ábalos y quien fuera su asesor, Koldo García, regresan este jueves al Tribunal Supremo con el riesgo de ir a la cárcel. El juez Leopoldo Puente los ha citado a petición de la Fiscalía y las acusaciones populares para comparecer en una vista tras la que decidirá si siguen o no en libertad. La acusación popular que dirige el PP ha reclamado ya que tanto el ex ‘número tres’ del PSOE como quien fuera su mano derecha entren en prisión preventiva ante las altas condenas a las que se exponen en la parte de la causa centrada en los contratos de mascarillas de la pandemia, donde reclaman para ellos treinta años de cárcel. La Fiscalía, por su parte, solicita una condena de 24 años de cárcel para Ábalos y de 19 años y medio para Koldo García.
El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, no dio pistas sobre cuál será su petición. Apunta, únicamente, que reclamará una “modificación” de las medidas cautelares que pesan por el momento contra ambos y que consisten en la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer cada 15 días ante la Justicia. El fiscal puede optar por pedir que comparezcan cada semana, que paguen una fianza o incluso reclamar su entrada en prisión ante el riesgo de que se fuguen por las elevadas condenas a las que se exponen.
La citación en el Supremo de Ábalos y García ha vuelto a tensar el panorama político. La amenaza de cárcel para ambos revitaliza las tesis acerca de que podrían atesorar información perjudicial para el PSOE y el Gobierno. Desde que se conociera la citación, El Español ha publicado que Pedro Sánchez se reunió con Arnaldo Otegi para negociar la moción de censura contra Mariano Rajoy. Desde Moncloa y el propio Otegi en persona aseguran que se trata de una absoluta falsedad. En medio de la polémica, este martes el exministro Ábalos ha dicho que él conocía esa supuesta reunión por parte de una “fuente” que le informó en su momento.
Los tres supuestos que recoge la Ley para que un juez dicte prisión provisional son: riesgo de destrucción de pruebas, de fuga o reiteración del delito. El primero y el último parecen superados, pero las altas penas que Anticorrupción solicita para Koldo García y José Luis Ábalos podrían interpretarse como motivo suficiente que les incitara a la huida, o al menos a un intento poco probable dado el carácter público de ambos y la actitud que han tenido hasta ahora, respondiendo a todas las citaciones judiciales.
El pasado mes de octubre ya se celebró una vistilla sobre el posible ingreso en prisión de Ábalos y Koldo. Ocurrió después de que ambos se negaran a declarar ante el juez en la pieza de las adjudicaciones de obra pública, la misma que ha mantenido a Cerdán en la cárcel cinco meses. Puente no les envió a prisión aunque advertía del “creciente riesgo de fuga”.
Sin embargo, el auto se recordará por la alusión del magistrado al “estupor” que produce, a su juicio, el hecho de que Ábalos siga siendo diputado y aprovechaba la resolución para proponer una “reflexión” sobre un posible cambio legal que lo impidiera. El magistrado afirmaba que el derecho constitucional a la presunción de inocencia no sería un “obstáculo” para ello. Y recordaba que el Reglamento del Congreso suspende los derechos y deberes parlamentarios en el caso de que se dicte prisión preventiva tras el cierre de la instrucción. Esto es, una vez que se ha dictado el auto de procesamiento y este es firme.
Más allá de la situación personal de ambos y cómo reaccionarían, el ingreso en prisión de Ábalos tiene unas consecuencias políticas directas, las que se desprenden de su condición de diputado del Grupo Mixto. Fuentes del Congreso de los Diputados aseguran que si el magistrado Leopoldo Puente decretara su ingreso en prisión, la Cámara suspendería a Ábalos, que perdería su derecho a participar en las votaciones parlamentarias. En el caso de que la Cámara llegase a disolverse, por la convocatoria de elecciones, y él siguiera en prisión, Ábalos no tendría derecho a percibir una pensión. Solo una decisión de Ábalos de renunciar a su acta de diputado antes de entrar en prisión le permitiría mantener su pensión, según fuentes parlamentarias.
Otra cuestión sería la repercusión de su entrada en prisión o la renuncia al acta en el equilibrio político de la Cámara. La mayoría parlamentaria se sitúa en los 176 diputados y la renuncia de Ábalos no supondría que fuera reemplazado por otro diputado, por lo que se quedaría en un total de 349 escaños. El bloque del Gobierno y sus socios perdería un voto, frente a la suma de 171 escaños de PP, UPN y Vox.
