Esther del Campo: «La gente no es consciente de lo que está en juego con esta huelga»

Esther del Campo: «La gente no es consciente de lo que está en juego con esta huelga»

La responsable de una de las facultades más involucradas con el paro universitario de Madrid advierte de que la privatización de la educación superior y los recortes en la Comunidad ponen en riesgo un modelo público que permitió a toda una generación estudiar una carrera

Dinero, represión y ansia de control: las razones de la huelga en las seis universidades públicas madrileñas

Es una huelga por lo público. Por lo que es de todos. Por un modelo de universidad, hoy en riesgo, que permitió estudiar una carrera a toda una generación, dice Esther del Campo, decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), una de las más reivindicativas en la movilización y las protestas contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid que dirige Isabel Díaz Ayuso, que han evolucionado hasta el paro de este miércoles y jueves.

“Hay que hacer una mirada a lo público”, insistirá durante la entrevista, “y esto es una crítica a todas las administraciones políticas que han gobernado Madrid, mayoritariamente el PP desde los 90 [solo Joaquín Leguina, que dejó la presidencia en 1995, ha roto el dominio popular]. Hay que mirar a la sanidad, a todos los servicios. Porque es lo que garantiza el bienestar de los ciudadanos y no se está defendiendo. Tenemos problemas desde la crisis de 2009 y las consecuencias que tuvo sobre los servicios”, reflexiona con carácter general.

Aterrizado, a la decana le preocupa que los recortes sobre la universidad ponen en peligro las oportunidades de estudiar de mucha gente, el ascensor social que sirvió a toda su generación, cuenta, para estudiar una carrera. Este proceder rompe la cohesión y aleja a la juventud de la política y las instituciones, advierte, un fenómeno que les acerca a la ultraderecha si no se contrarresta. Para Del campo la amenaza a los servicios públicos es una amenaza a la democracia misma.

Pero también hay autocrítica en el discurso de la decana, que sostiene que la universidad en su conjunto no ha sido “suficientemente consciente de los embates” que estaba recibiendo, en parte porque “era inconcebible”, y no ha sido capaz de contrarrestarlos o comunicar que el dinero que se destina a la universidad “es una inversión, no un gasto”.

La situación de la UCM es tan precaria que los 26 decanos del centro se juntaron para realizar una protesta ante la sede del Ejecutivo regional, una medida inédita que refleja un deterioro sin precedentes. Esa comunión no se ha podido extender para mostrar un respaldo conjunto a los paros, por lo que cada facultad ha actuado en ese sentido como ha considerado. Del Campo, que se muestra a favor de la movilización a título particular, entiende que no se quisiera adoptar por parte de los 26 “una posición partidista”. Ella, como responsable de Políticas, publicó una nota aséptica al respecto de estas dos jornadas que, sin embargo, cierra con un significativo “espero veros en la calle”.

¿Cree que la sociedad es consciente de lo que está en juego?

Creo que no. En el ámbito universitario lo tenemos más difícil. Con la escuela, si un niño no va, el problema es inmediato. En la sanidad, si tienes la necesidad de acudir a un centro de salud y no hay profesionales, también. Pero con la universidad no se ha asumido la importancia de lo que aquí se hace ni de los cambios que se están introduciendo. Se está metiendo un modelo de privatización de lo público por la puerta de atrás y la gente no es consciente. Se ha introducido la idea de que cuando alguien sale de lo público está menos preparado para incorporarse al mercado, y es una idea falsa, pero las familias hacen esfuerzos que en ocasiones no se pueden permitir para enviar a sus hijos a las universidades privadas debido a esta idea.

No estamos en contra de las universidades privadas, siempre las ha habido, y de excelente calidad. Pero hemos pasado de una convivencia donde lo público era mayoritario, y además tenía un respaldo institucional, a una situación en la que se está intentando desmoronar las bases de esa institucionalidad pública.

También creo que la sociedad no es consciente de las consecuencias que esto tiene para el funcionamiento de la democracia. Parte de la desconfianza de los ciudadanos a los políticos, los partidos y las instituciones tiene que ver con la percepción de que los servicios públicos no funcionan adecuadamente. Y tienen razón en eso, pero hay que explicar que no es por falta de profesionalidad, interés o porque se esté malgastando el dinero público en las universidades, sino que tiene que ver con una política intencionada de modificar el modelo en el que estamos trabajando o en el que deberíamos estar trabajando.

¿Por qué no es bueno para la mayoría que haya tantas universidades privadas?

No es malo en sentido estricto que haya oferta privada y, si tienes los medios, yo no juzgo a nadie que tome esa decisión. El problema es cuando una administración que es responsable de unas entidades públicas de repente aminora, reduce y ahoga a esas administraciones públicas [las universidades]. Ahí hay una responsabilidad. Siempre cuento que para mi generación la universidad pública fue un ascensor social, no habríamos podido estudiar si no. Debe seguir siéndolo, porque vemos que buena parte de nuestros estudiantes compatibilizan trabajo y estudio, hacen esfuerzos enormes. La sociedad debe ser consciente de esto. Y los trabajadores de las universidades no somos privilegiados, buena parte del profesorado es muy precario. Eso debe saberse. No malgastamos, no hacemos malas inversiones. Las administraciones deben tener responsabilidad.

¿Está en riesgo ese ascensor social que ustedes disfrutaron?

Creo, y esto va más allá de lo que estamos planteando aquí, que como sociedad nos tenemos que plantear el futuro que estamos dejando para las siguientes generaciones. Los hemos marginado de muchas decisiones que hemos tomado, no estamos contando con ellos. Pero los estamos condicionando, su futuro va a depender de estas decisiones. Tenemos que generar confianza, que el alumnado confíe en las instituciones y en las administraciones.

Entre el 20% y el 25% de la población madrileña es de origen inmigrante. Somos una sociedad multicultural y debemos tener esa responsabilidad de inclusión. Las familias de origen inmigrante tienen que tener acceso también a una educación pública de calidad porque es un derecho de todas las personas, y es fundamental para construir una sociedad diversa e inclusiva. Una sociedad, en definitiva, más justa y democrática. Es la mejor forma de integración social. Tengo una sensación, quizá también porque voy teniendo más años, de tener más distancia con la gente joven, que tiene otros parámetros y lo mira de otra manera y no les estamos prestando la atención debida.

¿Cree que este dejar de lado a las generaciones jóvenes respecto a su futuro, no ofrecerles soluciones, tiene relación con el auge de la ultraderecha? Como el sistema no les ofrece respuestas, se van a buscarlas a otro sitio.

Creo que sí y que ha habido un cierto acomodamiento institucional de todos. Se ha construido una narrativa de rebeldía por parte de la derecha radical y ahora los jóvenes encuentran esa rebeldía en este tipo de posicionamientos conservadores, en ocasiones también porque no se debate, no se contrapone la realidad a esos argumentos que se encuentran en las redes. Creo que es una confluencia de muchas cosas. Es un problema que tiene que ver con nuestra falta de responsabilidad, pero también con la dejación por parte de las fuerzas progresistas de construir una narración con la que se sientan identificados. No es solo con la democracia: también con los derechos sexuales y reproductivos o con la igualdad. Noto que algo que habíamos asumido socialmente e incluso regulado legalmente a estas generaciones más jóvenes hay que explicarles lo que significa. Muchos de los logros no están asentados aún, siempre se puede retroceder.

¿Esta protesta es una cuestión de izquierdas y derechas? A veces parece que se plantea ese marco, pero es difícil pensar que por ejemplo los 26 decanos sean todos ideológicamente afines, y, sin embargo, hicieron una protesta unitaria hace dos semanas.

No tiene nada que ver y por eso lo importante es la unidad. A algunos y algunas les puede interesar esta división, pero yo lo veo en un marco de qué sociedad queremos, qué servicios públicos queremos, cómo queremos que funcione la sociedad. Y ahí la educación universitaria pública es fundamental. Por supuesto en un contexto de economía mixta, con centros privados. Pero no veo un conflicto entre los actores que desarrollamos la actividad, creo que tiene que ver con decisiones políticas.

¿Le parece que las universidades han dado la respuesta adecuada a la situación que viven desde hace años ya?

Es una responsabilidad compartida. No hemos sido suficientemente conscientes de los embates que se estaban realizando. Es que era inconcebible. Las administraciones, más allá de la lógica izquierda derecha, están al servicio de la ciudadanía, y mantener unos servicios que no son un despilfarro, porque no lo son, sostener un servicio público de calidad y las mejores universidades públicas (la Complutense es de referencia) es una inversión, no un gasto. No hemos sido capaces de comunicar eso. En algún momento había que pararse y decir ‘basta ya’, no podemos seguir así. Tenemos que convencer a las instituciones de que financiar los servicios públicos es una buena decisión también para ellas. Y tenemos que trasladar al conjunto de la sociedad que defender la universidad pública es defender una sociedad democrática, con igualdad de oportunidades para todas y todos.