Ábalos pasará mucho tiempo en prisión

El todopoderoso José Luis Ábalos y su inseparable sombra, Koldo García, duermen desde el jueves en la prisión de Soto del Real. No parece que vaya a ser por poco tiempo. A diferencia de lo ocurrido con Santos Cerdán, es difícil imaginar que el exministro salga pronto de la cárcel. Ahora está en prisión preventiva, pero en muy pocos meses se celebrará su juicio. El año que viene tendrá ya una condena, que será firme al ser del Tribunal Supremo. Y esto es solo el principio: hay otros procesos penales contra él.

Imagino que Ábalos ya es consciente de cuál fue su penúltimo gran error: no haber renunciado al escaño. Si lo hubiera hecho —como le aconsejó por dos veces su anterior abogado, José Aníbal Álvarez— hoy no dormiría en Soto del Real. El aforamiento no siempre es un privilegio; a veces funciona justo al revés.

Si Ábalos hubiera dejado su escaño, su caso habría pasado del Tribunal Supremo a la Audiencia Nacional. Y allí, como ocurre con mucha frecuencia, se habría eternizado. Basta recordar el ejemplo más reciente: este mismo lunes arrancó el juicio contra los Pujol: once años después de que el expresident confesara que escondía dinero en Andorra.

Hay más casos ilustrativos del enorme retraso en la Audiencia Nacional. ¿Recuerdas a Ignacio González, el expresidente de la Comunidad de Madrid? En 2016 entró en prisión preventiva por varios presuntos delitos de corrupción —estuvo once meses—. Luego salió, como ha ocurrido con Santos Cerdán. Volvió a trabajar en su plaza de funcionario, en el Ayuntamiento de Madrid. En 2021, terminó la fase de instrucción y, desde entonces, lleva cuatro años esperando juicio. Aún no hay ni fecha. 

En el Tribunal Supremo ocurre justo lo contrario. Allí no hay cola. Como los juicios penales con aforados se pueden contar con los dedos de una mano, los procedimientos avanzan a toda velocidad. Así fue con los líderes del procés; así fue con el fiscal general. Y en este caso de las mascarillas, tanto Ábalos como Koldo y el empresario Víctor de Aldama se sentarán en el banquillo en pocos meses: la instrucción ya está cerrada. Habrá juicio antes de la primavera, y sentencia antes del verano.

Si el motivo para encarcelar al exministro es el riesgo de fuga por las elevadas penas a las que se enfrenta, es evidente que llegará al juicio esposado, trasladado en un furgón desde Soto del Real. Con las numerosas pruebas que hay sobre la mesa, es difícil imaginar que salga libre después.

No tengo dudas de la corrupción de José Luis Ábalos. Las pruebas en su contra son apabullantes. Los indicios también, aunque aún siguen sin aparecer sumas millonarias. Todo es el cutrerío del dinero en efectivo –esas “chistorras” de 500 euros–, los contratos en empresas públicas y pisos para sus amantes o las vacaciones pagadas por empresarios. Que por ahora no haya cuenta en Suiza no le quita ni un ápice de gravedad. Ábalos es alguien que se aprovechó de su poder y se entregó a una vida excesiva, de juergas y prostitutas. Los corruptores vieron pronto su enorme punto débil. Y lo exprimieron muy bien.

Pero también los corruptos, como cualquier otro acusado, tienen derecho a un juicio justo. Y en este proceso penal hay algunas cosas muy discutibles.

Para empezar, su propia entrada en prisión preventiva. El juez Leopoldo Puente y la Fiscalía Anticorrupción consideran que existe riesgo de fuga, que es una de las causas excepcionales por las que se puede encarcelar a alguien antes de ser juzgado. Sin embargo, es dudoso que tanto Ábalos como Koldo se pudieran fugar. ¿Adónde? ¿Por dónde? En un mundo tan globalizado, unas personas tan famosas y reconocibles no llegarían muy lejos. La última fuga relevante fue la de un profesor pederasta, que escapó a Cuba y al que han detenido en solo cuatro meses, a pesar de que no era alguien cuya cara saliera cada día por televisión. Y el precedente que algunos citan —Puigdemont y los demás líderes independentistas— no es comparable: cuando se fueron de España no estaban siquiera imputados y mantenían el pasaporte. 

La entrada en prisión preventiva de Ábalos no solo parece desproporcionada por su escaso riesgo de fuga sino por su condición de diputado. Encarcelar a un parlamentario cuando no hay aún una condena firme tiene unas enormes implicaciones democráticas, porque afecta a los derechos de muchísimos ciudadanos: de todos quienes le votaron. El Supremo, con este paso, está modificando las mayorías en el poder legislativo. Y lo mínimo habría sido que, en su auto, el juez Leopoldo Puente ponderara a fondo este impacto institucional. No lo hizo: apenas le dedicó una frase ininteligible.

La otra rareza de este proceso penal es su velocidad. Parte de la explicación está en el propio Supremo, que apenas celebra juicios penales. Pero no solo. Esta rapidez ha sido posible gracias a una decisión previa: partir toda la causa en varios trozos, para que este primer caso pudiera ir a juicio en tiempo récord.

Los problemas judiciales de Ábalos son un circo de tres pistas: tres casos distintos, en dos juzgados. La primera es esta causa en el Supremo, centrada en las mascarillas, las contrataciones de mujeres en empresas públicas y los favores de Aldama al exministro: está a meses de juzgarse. El juez Puente la separó del resto para poder cerrarla cuanto antes. La segunda es la presunta trama de amaño de obra pública, también en el Supremo, donde está imputado Santos Cerdán y que sigue en instrucción. Y la tercera está en la Audiencia Nacional, donde se investigan otras derivadas del caso Koldo que también afectan a Ábalos.

Ese reparto en dos juzgados distintos es difícil de justificar. Lo normal, cuando hay un aforado, es que todos los delitos y todos los acusados se vayan al tribunal de mayor rango, en este caso el Supremo. Pero aquí no ha ocurrido. Al Supremo con las mascarillas solo han llegado Koldo, Aldama y Ábalos. Ni siquiera está incluido el empresario que vendió esas mascarillas, Juan Carlos Cueto: sigue imputado en la Audiencia Nacional, pero no será juzgado en este primer juicio en el Supremo.

No se entiende que buena parte del caso Koldo, donde Ábalos es coprotagonista, siga en la Audiencia Nacional y no se haya unificado en el Supremo. Ambas historias están entrelazadas. El auto de procesamiento del Supremo describe, por ejemplo, las gestiones de la trama en favor de una petrolera, Villafuel, a cambio de un chalet que Ábalos utilizó durante varios meses. Ni Claudio Rivas, el empresario que presionó para esa gestión, ni Carmen Pano, la administradora de la empresa dueña del chalet que usaba Ábalos, están imputados en el Supremo. Tampoco serán juzgados en esta causa, que sigue por separado en la Audiencia Nacional.

Esta anomalía solo cobra sentido si metemos las prisas en la ecuación: si la causa completa hubiera ido al Supremo, el proceso penal habría sido más largo. El juez no habría podido dictar tan rápido su auto de procesamiento abreviado —el paso previo a mandarle al banquillo, que es donde está ese caso hoy—. Tampoco se podría argumentar un riesgo de fuga por un juicio tan inminente. En resumen: es muy posible que el calendario judicial de Ábalos no habría encajado, como un guante, con los próximos procesos electorales. Tampoco habría una condena en 2026.

En su defensa, Ábalos cometió un primer error al no renunciar al aforamiento. Y un segundo, más reciente: pensar que podía librarse de la cárcel esparciendo basura contra su antiguo partido.

Esta última semana, a medida que Koldo y Ábalos tomaban conciencia de su negro futuro penal, han empezado a difundir todo tipo de acusaciones contra el PSOE. Algunas de ellas, aún sin publicar, son especialmente rocambolescas —una que incluye armas de fuego sin licencia que Koldo habría destruido—. La estrategia, sin embargo, es evidente: poner en marcha el ventilador. Difundiendo esa supuesta reunión secreta entre Otegi y Sánchez, que ambos niegan. O la enésima insinuación contra Begoña Gómez por el rescate de Air Europa, ya desestimada por los tribunales en varias ocasiones.

La amenaza de “tirar de la manta” no parece que le haya funcionado. Ábalos sigue buscando que su partido le pague los costes de defensa —sin éxito—. Tampoco es realista que el apoyo del PSOE sirviera para evitar su entrada en prisión. Algo imposible: este Gobierno no tiene ninguna influencia en un Tribunal Supremo que considera hostil. 

A través de terceras personas, sí ha habido algunos contactos con el PP. Que tampoco han servido de mucho, como demuestra su actual situación. 

Es probable que el ventilador continúe. Pero dudo que le sirva a Ábalos para que la Fiscalía rebaje sus peticiones de pena en este primer juicio. Como explicó el propio juez Puente en el auto donde lo manda a prisión, a estas alturas de la película casi todo está probado: “parece poco relevante” lo que “el acusado pudiera aportar”.

Quizá Ábalos aún piense que tiene margen para “tirar de la manta”. Es probable que lo intente, aunque sea por venganza. El daño para la credibilidad del PSOE y del Gobierno ya es enorme, pero siempre puede aumentar. 

Ábalos era el ministro con mayor presupuesto. Ahora también es el segundo secretario de organización del PSOE que acaba en prisión en apenas unos meses. Y entra en la lista, incómoda y poco frecuente, de ministros indecentes que pasaron por la cárcel: José Barrionuevo, Jaume Matas, Rodrigo Rato, Eduardo Zaplana. Y ahora, José Luis Ábalos: el hombre que defendió en el Congreso la moción de censura contra la corrupción del PP y que, de forma amarga, completa el círculo. 

Ya casi da igual que renuncie al escaño. Su salida del Congreso para entrar en la prisión abre una sima política de la que al Gobierno le será muy difícil escapar.