Días en el desierto para conseguir embarcar en una patera: el otro lado de la caída de llegadas irregulares a Canarias

En un pequeño restaurante frente a una estación de autobuses en Inezgane, Agadir, al sur de Marruecos, dos jóvenes con chándal y cangrejeras con calcetines entran a pedir comida para llevar. Se van al desierto. “Van así porque, si la policía los encuentra —en el desierto—, pueden huir más rápido”, explica S. D., un agricultor senegalés próximo a los organizadores de la salida de pateras en la zona. Afuera llueve y la humedad cala en los huesos, pero aun así las bolsas de plástico convertidas en maletas de viaje y las chaquetas finas se agolpan en las manos de quienes esperan. Es viernes, y los adultos, adolescentes y bebés que apenas empiezan a caminar aguantan el mal tiempo: el día siguiente, primera jornada de Ramadán, se embarcarían rumbo a Canarias.

Agadir es uno de los puntos claves de la salida de pateras hacia Canarias desde Marruecos, especialmente tras el aumento de la vigilancia en Dajla (Sáhara Occidental). Y una de las estaciones de autobuses de Inezgane se ha convertido en nodo de la ruta hacia el Archipiélago canario. Durante el día, la estación es un espacio de tránsito y mercadeo; por la noche, se transforma en el punto de encuentro hacia el desierto, donde cientos de personas esperan para subir a las embarcaciones que los llevarán hacia las costas canarias.

Los migrantes se congregan a la espera de los llamados auto mafia: coches conducidos en su mayoría por personas subsaharianas que trasladan a los migrantes hacia el punto más cercano de salida. Dependiendo del día, los coches se dirigen al desierto de Guelmim, a la playa de Tan-Tan, al desierto de Tarfaya, a El Aaiún o Bojador: zonas desérticas cercanas a las playas de salida. Una vez allí, toca esperar en pleno desierto -uno, dos o tres días, lo que sea necesario- hasta que los organizadores aparecen para trasladarlos al mar.

El trayecto se realiza siempre de madrugada y suele durar entre tres y cuatro horas, explican a elDiario.es quienes conocen de primera mano este paso previo a la salida de las precarias embarcaciones. Varias fuentes apuntan que los gendarmes marroquíes que vigilan los puestos de control de las carreteras hacen la vista gorda. Cuando los llamados auto mafia llegan por la noche a los puestos, sus conductores pagan una cantidad acordada -que ronda los 20 euros- y se les permite el paso, según confirma uno de los conductores a elDiario.es. Este medio fue testigo del pago de uno de estos sobornos por parte de los conductores, que conforman un mero eslabón de la organización de estos viajes.

Son las once de la noche y la policía marroquí hace su ronda. Los agentes aparecen en un coche policial por la parte trasera de la estación. Apagan las luces verdes y dos policías bajan del vehículo: “Van a cobrar por dejarles estar aquí”, explica S. D. Desde el interior del vehículo, el conductor entrega dinero a uno de los agentes, que continúa su camino.

Agadir, conocida por su atractivo turístico, es uno de los puntos de salida en la ruta hacia Canarias tras el aumento del control policial en Dajla, parte de los territorios ocupados por Marruecos en el Sáhara Occidental. Durante años, la ciudad saharaui fue el pasillo hacia Canarias. Allí, migrantes de Costa de Marfil, Senegal o Mauritania, entre otras nacionalidades, trabajaban en fábricas de pescado y empaquetadoras de la zona industrial para costearse el viaje. A pesar de haber dejado de ser un punto regular de salida, Dajla sigue teniendo un papel persistente en la ruta migratoria, mientras la turistificación avanza.

Caída de las llegadas a Canarias

Embarcarse desde las costas saharauis, marroquíes o mauritanas hacia Canarias cada vez es más complicado ante el aumento de la cooperación fronteriza de Marruecos y Mauritania con la Unión Europea, lo que los expertos en inmigración denominan como “externalización de fronteras”. Es un proceso que suele conllevar abusos contra la población migrante, ante la inexistencia de mecanismos de control en materia de derechos humanos por parte de los Estados europeos. El mayor despliegue policial en las zonas de salida se refleja en el descenso de las llegadas de pateras a Canarias en 2025. En lo que va de año, 14.690 migrantes han desembarcado en las islas un 63% menos que en 2024, según los datos del Ministerio del Interior.

Hasta hace dos años la ciudad de Dajla era una de las zonas más transitadas hacia Canarias, una de las rutas más letales, que en 2025 ya ha concentrado al menos 1.865 muertes entre enero y mayo, según recoge la ONG española Caminando Fronteras en uno de sus últimos informes. Ahora, quienes llegan desde distintos puntos de África para intentar alcanzar España recorren alrededor de 1.200 kilómetros desde Dajla, donde suelen asentarse para trabajar, hasta Agadir, punto de salida.

Muchos trabajan durante años para ahorrar y poder pagar una plaza en una de las pateras que partirán hacia el Archipiélago. El viaje hacia España desde Agadir cuesta entre 1.500 y 2.000 euros, en un país donde el salario mínimo ronda los 290 euros al mes, explican varios de los migrantes residentes en Marruecos que esperan atravesar esta ruta en algún momento. El trayecto suele durar entre dos y cuatro días, pero ante cualquier problema puede alargarse hasta una semana o acabar en tragedia. La suerte también depende de quién los intercepte: si es la Marina marroquí, detienen a los migrantes; en ese caso, pueden dejarlos en una ciudad cercana, llevarlos a centros de retención o, en algunos casos, abandonarlos en el desierto. Si, por el contrario, es Salvamento Marítimo, los rescatan. Las salidas desde los diferentes puntos suelen realizarse por la noche. “Si todo va bien, en unas ocho horas ya estás en manos de España”, explica S. Los cuerpos de seguridad instalados en los puestos de control vigilan el terreno: si ven migrantes, avisan a la policía, que decide qué hacer con ellos. “Si pagas, te vas”, resume.

Dajla, del pasillo migratorio al espejismo turístico

Cerca de Dajla, en L’Argoub, un pequeño pueblo militar a 300 kilómetros de Guerguerat —el principal puesto fronterizo que conecta el Sáhara con Mauritania—, se encuentra el desierto donde muchos migrantes cruzan a pie desde Mauritania. Se pueden ver varios carteles en los que hoteles y escuelas de kitesurf ofrecen vacaciones de ensueño en el mismo lugar por donde caminan senegaleses, guineanos, malienses o marfileños. No pueden recibir ayuda ni hacer autostop: una ley verbal prohíbe la asistencia a quienes se desplacen de ese modo bajo la amenaza de ser acusados de cooperar con la inmigración clandestina.

Campamento de Kitesurf ofertado en el mismo desierto donde migrantes son abandonados

Muchos recorren cientos de kilómetros de manera clandestina hasta llegar a Dajla. “Si te pillan, te pegan o te devuelven a Nuadibú”, cuenta Mohamed, residente en Dajla desde hace varios años. Tras un quinto intento frustrado, decidió abandonar la idea de ir a España. “No podía más”, explica.

Mohamed, ahora obrero, trabajó en fábricas de pescado ubicadas en la zona industrial de Dajla sin derechos ni papeles, como centenares de migrantes —algunos menores—. Los contratos, cuando existen, están redactados en darija, ilegibles para muchos trabajadores subsaharianos. Establecen jornadas de doce horas por doce euros al día, mientras que los marroquíes cobran quince.

Dajla ha pasado de ser un pasillo migratorio a una ciudad donde muchos migrantes subsaharianos se han instalado. Viven en un territorio ocupado donde sufren racismo institucional y social: desde tener que pagar alquileres más altos por ser negros hasta costear el agua que algunos meses al año subvenciona el Ayuntamiento. Es el caso de Cheikh (nombre ficticio), quien prefiere no dar su identidad real para evitar problemas con su arrendador. “¿A quién le vas a reclamar?”, pregunta.

“La denuncia es imposible: quienes te deberían proteger son los mismos que te extorsionan. Sin papeles no eres nadie en Marruecos”, añade. En su último intento de llegar a España, pagó 1.600 euros por una plaza en una patera desde Tánger; fue interceptado y tuvo que sobornar con 100 euros a la policía para poder volver a Casablanca.

En la plaza central de Dajla, Ndioba regenta un restaurante senegalés. No tiene un cartel llamativo, pero todos saben dónde está. Lleva muchos años en la ciudad, echa de menos Senegal, pero dice que no volvería. Tampoco quiere dar muchos detalles de su historia: lo que le importa es poder pagar las facturas y el alquiler del local. El restaurante se ha convertido en mucho más que un lugar de comidas. Después de la caída del sol durante el Ramadán, Ndioba preparaba platos senegaleses.

Este comedor funciona como refugio: el té se comparte y las conversaciones fluyen entre árabe y wolof. Un pedazo de hogar para quienes la dejaron atrás. Ella disfruta de su centro social, pero habla con tristeza de quienes desaparecen de un día para otro. Uno de sus últimos clientes, Mame Cheikh, de 35 años, trabajaba en Dajla desde hacía varios años. Se fue a Mauritania para coger una patera y, cuando llegó, no quedaban plazas. Al día siguiente, el amigo con el que iba a hacer el trayecto le dijo que había conseguido solo una plaza, por lo que debían decidir quién subía. Ndioba sospecha que algo malo ocurrió. “Sobrevivió a Libia, también a detenciones y abusos de la policía marroquí. Siempre llamaba, pero esta vez no ha vuelto a llamar”, lamenta la senegalesa. Desde entonces no han vuelto a saber nada de él.