Las ayudas a la rehabilitación pasan de largo de estas 400 viviendas con daños graves en Barcelona: «Nos dejan solos»

Han pasado siete años desde que a Avelina le prometieron un plan de ayudas públicas para rehabilitar su finca. Al principio, pensó que ese sería el fin de sus pesadillas. Que diría adiós a las grietas, los desprendimientos, las humedades, los puntales en la galería… Pero no ha sido así. Los anunciados planes de reforma de edificios antiguos en Barcelona, a los que se sumaron los fondos Next Generation, dejan fuera por ahora a una setentena de inmuebles de su barrio, Trinitat Vella, que sufren deficiencias estructurales consideradas graves.

“Nos han dejado solos, abandonados de la mano de Dios”, se lamenta esta mujer, la única propietaria que reside en su finca de cinco viviendas, en el número 86 de la calle Mare de Déu de Lorda. En 2018, la inspección técnica acudió al bloque y dejó constancia de “daños estructurales graves” derivados de la aluminosis, lo que obligó a adoptar medidas de seguridad preventivas. Les instalaron redes para evitar desprendimientos en la fachada y colocaron puntales de obra para sostener las galerías, además de cerrar el acceso al terrado. 

El Ayuntamiento de Barcelona se comprometió en ese momento a acometer un plan para rehabilitar esa y las demás fincas afectadas de la zona, que resultaron ser 75. En total, unas 430 viviendas en una sola manzana, la que conforman las calles Mare de Déu de Lorda, Barcino y Foradada. Sin embargo, los vecinos se quejan ahora, siete años después de iniciarse el proceso, de que el consistorio ha modificado las condiciones de las subvenciones para la rehabilitación y ha rebajado su cuantía, lo que hace inviables las obras en un barrio donde la mayoría de los hogares son considerados vulnerables. 

Por si fuera poco, añaden, el Instituto Municipal de Urbanismo (IMU) de Barcelona, que asumió inicialmente el plan de reforma de las fincas, les comunicó en mayo de 2024 que no podía seguir haciéndolo si los vecinos querían optar a los fondos europeos, puesto que por sus tempos administrativos iban a exceder el plazo límite: junio de 2026. Propusieron entonces que lo gestionaran los vecinos para agilizar los trámites. “Básicamente pedían que buscáramos arquitectos, constructoras… Todo nosotros y en poco tiempo, algo totalmente inviable”, señala Roberto Rodríguez, presidente de la Asociación de Vecinos y Vecinas de Trinitat Vella. 

Los afectados de Trinitat Vella se quejan de que las subvenciones para la rehabilitación les excluyen paradójicamente por tener poca capacidad económica y vivir en fincas demasiado degradadas. No son los únicos. La denuncia se repite en otros barrios de Barcelona, como el Besòs, donde 1.250 pisos están pendientes de reformas estructurales. En toda España son seis millones de familias las que residen en inmuebles con deficiencias severas, un 23% del total, y según los expertos del sector los 5.500 millones de euros previstos por los Next Generation no les están alcanzando como deberían. 

Con todo, fuentes del Ayuntamiento niegan haber modificado las condiciones al menos “este mandato”, que se inició en 2023. Además, defienden que el modelo de “autogestión” de las comunidades respondió a la demanda de algunas de ellas, para lograr acometer las obras con mayor “celeridad”. Sobre los plazos de los fondos europeos, admiten que trabajan con la Generalitat y el Gobierno central para ampliar su límite temporal de junio de 2026, por ahora sin éxito. Y aseguran que el programa de Regeneración Urbana es “estratégico” para el consistorio y tiene voluntad de continuidad más allá de la financiación de los Next Generation“.

El Ministerio de Vivienda ha presentado por su parte estos días el nuevo Plan Nacional de Renovación de Edificios hasta 2030. Su objetivo principal es reducir el consumo energético de las viviendas en un 25% esta década. 

Montse muestra una habitación con el techo apuntalado del piso de su madre, Gloria, en la calle Barcino, 40, de Trinitat Vella

Menor cobertura de la obra y sin acompañamiento

Papeles en mano, Avelina explica la situación de su hogar, en el que asegura que siguen apareciendo grietas por las habitaciones. Los números que les expuso el Ayuntamiento inicialmente mostraban que la obra iba a ascender a unos 369.000 euros, pero con una subvención que cubriría el 85%. De esta forma, los vecinos deberían abonar 55.000. “Eran unos 11.000 euros para cada uno, lo que se quedaba en unas cuotas asumibles a diez o veinte años”, explica la mujer, que añade que tenía ya hasta una hucha con el dinero ahorrado para ello. 

Además, los vecinos agradecían especialmente que el IMU se hiciera cargo de todo el proceso. “Nos iban a llevar de la mano, iban a hacer todos los trámites, la redacción del proyecto, asumir los costes de los pisos vacíos, ocupados o con impagos, y nosotros solo teníamos que dejar que entrasen en casa”, expone Roberto, que no es directamente afectado pero sí lo es su suegra. La parte del acompañamiento del consistorio, argumenta, no es menor en un distrito donde la población está muy envejecida, con muchos extranjeros que no dominan el idioma, pisos ocupados y muchas comunidades de vecinos sin siquiera constituirse formalmente. 

Tras varios años sin tener novedades del plan de rehabilitación —“en siete años no ha venido nadie ni siquiera a revisar los puntales”, lamenta Roberto—, su sorpresa llegó cuando les anunciaron otras condiciones. La más dura de encajar, relatan, fue la que les rebajaba la cobertura del coste de la obra desde el 85% hasta un 40%, debido a los requisitos de eficiencia energética para acceder a los fondos europeos. El presupuesto al que debían hacer frente se multiplicaba. “Esto es un barrio obrero, no hay esta capacidad de pago”, afirman los vecinos. 

El porcentaje de cobertura podría ascender si se mejora la eficiencia energética de los edificios, pero esto también encarecería la obra en su conjunto, alegan los vecinos. Asimismo, desde el consistorio puntualizan que para rehabilitación de la estructura el porcentaje alcanza el 55% (en otros barrios, como el Besòs, llega al 85%).

En paralelo a la pugna por el alcance de las ayudas, la Administración municipal, que pasó a abogar por esa autogestión, creó la figura del “agente rehabilitador” a través del Gremio de Constructores, un perfil que debía descargar de todo el papeleo a los afectados, con un coste de 9.000 euros que se iban a descontar de la subvención. Ahora les han propuesto asumir de forma gratuita la redacción de los proyectos, pero los residentes no se fían. “Esto incluye que deben pasar una Inspección Técnica que conllevará obligaciones de reforma, y sin una financiación suficiente muchos se exponen a recibir multas”, señala Roberto. De hecho, esto ya les ha pasado a algunas fincas, añade, que han recurrido alegando que forman parte del plan municipal de regeneración urbana.

Sea como sea, a día de hoy nadie ha firmado esas condiciones, con lo que no hay reformas a la vista. Dentro del Plan de Regeneración Urbana solo siguieron adelante siete comunidades de vecinos, de las que finalmente cuatro han firmado ya el convenio para ejecutar las obras, y el resto lo han descartado. En esas cuatro, además, se declararon desiertas las licitaciones, con lo que explica el IMU que ahora buscan cómo realizar los trabajos con un “procedimiento negociado”. Además, argumentan que siguen manteniendo reuniones para ampliar el programa y que hay otras seis comunidades interesadas.

“¿Para qué quiero placas solares si se cae el techo?”

Para Gloria, que vive en el 40 de la calle Barcino, los puntales forman ya parte del mobiliario, hasta el punto de que a veces los usa de perchero. Desde 2018 sostienen el techo de una de sus habitaciones y del pasillo de la escalera del bloque, amenazadas de derrumbamiento por culpa de la aluminosis que carcome el cemento. Hace solo dos años, en el bloque vecino, que está ocupado, se vino abajo el suelo de la primera planta y los Bomberos tuvieron que acudir al lugar para retirar los escombros. No hubo heridos y la noticia no trascendió, pero fue poco antes de que un edificio con aluminosis se viniera abajo en Badalona y dejara cinco inquilinos fallecidos. 

“Mi madre tiene miedo, está sola, y si esto peta, peta. Tampoco tiene alternativa”, se resigna su hija, Montse Costa, que detalla que esa finca sufre también deficiencias aluminosas, grietas en la terraza, desprendimientos en la fachada y filtraciones. “Cuando nos ofrecieron las ayudas al 85% de la obra, nos parecía viable, porque tocaban a 6.000 o 7.000 euros por vecino, pero ahora es imposible”, dice. 

Montse se lamenta que con los fondos europeos, para acceder a una mayor cobertura deben cumplir con unos criterios de eficiencia energética que disparan el precio de la obra hasta los 400.000 euros. “¿Para qué quiere mi madre aislar la fachada y poner placas solares, si se le está cayendo el techo encima?”, exclama.