La conspiración permanente: las intrigas que amenazaron el camino hacia la democracia

La historiografía oficial de los últimos 50 años de este país ha conseguido que el imaginario colectivo acepte de manera acrítica una versión edulcorada de la Transición, según la cual pasamos de una dictadura de 40 años a una democracia gracias a un proceso político pacífico liderado por dos hombres: el rey Juan Carlos I y el presidente Adolfo Suárez. Un cambio personalista y “desde arriba” que poco tiene que ver con la realidad. Ni fue un proceso modélico, ni fue pacífico, ni la democracia fue otorgada: la conquistó la ciudadanía en la calle, en ocasiones a costa de la propia vida. 

Situemos primero el contexto. La Revolución de los Claveles de abril de 1974 en Portugal acabó con los 48 años de dictadura de Oliveira Salazar, prolongada desde 1968 en la persona de Marcelo Caetano, y en julio caía en Grecia la dictadura de los coroneles tras ocho años de tiranía impuesta por un golpe militar. Ambos acontecimientos convirtieron a España en la única dictadura de Europa, e impactaron con fuerza en nuestro país, donde las élites asistían con temor al progresivo deterioro físico de Francisco Franco. 

El caudillo no era inmortal y se hacía imprescindible preparar su sucesión con una apertura política controlada que nos homologara en apariencia con nuestros vecinos europeos. A diferencia de Portugal y Grecia, donde los tiranos fueron depuestos, en España el dictador murió en la cama y sus valedores se dividieron entre quienes defendían una evolución tutelada, los aperturistas; y quienes aspiraban a un franquismo sin Franco, el búnker. Ni unos ni otros creían en las libertades, pero el pragmatismo hizo que los primeros abrazaran la democracia con la fe del converso. 

El féretro de Franco antes de ser sepultado en el Valle de los Caídos el 23 de noviembre de 1975.

La muerte del dictador el 20 de noviembre de 1975 dio paso al primer Gobierno de la monarquía restaurada en la persona de Juan Carlos de Borbón, a quien Franco había designado su sucesor a título de rey en 1969. Para ese primer ejecutivo, el monarca confirmó como presidente a Carlos Arias Navarro –ya lo era desde 1973–, que nunca tuvo la intención de transitar hacia la democracia. De su gabinete formaban parte cuatro tenientes generales que se habían sublevado contra la República, defendían a ultranza la memoria y la obra del Caudillo, y consideraban a las Fuerzas Armadas las garantes últimas del legado de Franco y del devenir futuro de España. 

Fue un Gobierno de vida efímera, hasta el 1 de julio de 1976, cuando el rey forzó su dimisión y designó a Adolfo Suárez como sucesor entre una terna en la que figuraban los exministros franquistas Federico Silva Muñoz y Gregorio López Bravo. Su elección sorprendió por el desconocimiento de su figura entre la opinión pública y su perfil poco comprometido hasta entonces con el cambio democrático. Era un hombre joven, procedía del franquismo –hasta el mismo momento de su elección fue ministro secretario general del Movimiento– y no era sospechoso de defender cambios radicales.

La calle era un hervidero de huelgas y movilizaciones laborales de matiz económico –el número de parados en 1975 se había duplicado en relación con los tres años anteriores–que derivaban en reivindicaciones de democracia y libertad a las que se sumaron los movimientos vecinal y estudiantil. En este panorama el nuevo Ejecutivo se enfrentó a la tarea de desmantelar la dictadura. Lo hizo desde la legalidad franquista con la Ley para la Reforma Política, que derogaba los Principios Fundamentales del Movimiento. La norma fue votada favorablemente por los procuradores de las Cortes franquistas, que se hacían así el harakiri para dar paso a unas elecciones democráticas. Un proceso que Torcuato Fernández Miranda, presidente del Consejo del Reino, definió como “de la ley a la ley, pasando por la ley”. Una manera de decir que el paso de la dictadura a la democracia no era de ruptura, como reclamaban algunos partidos de la oposición, sino de transición.

Adolfo Suárez saluda al presidente del Consejo del Reino y de las Cortes, Torcuato Fernández Miranda, en su jura como presidente del Gobierno

La convocatoria de los primeros comicios exigía la legalización previa de los partidos políticos, entre ellos el PCE, que para la cúpula militar representaba al enemigo derrotado en la Guerra Civil. Suárez la había reunido en septiembre de 1976 para convencerla de la necesidad de la reforma política, comprometiéndose a no legalizar a los partidos “revolucionarios”, entre los que los militares situaban al PCE. 

Su legitimación la noche del Sábado Santo del 9 de abril de 1977 fue recibida como una afrenta por el Ejército. El ministro de Marina, almirante Pita da Veiga, dimitió en desacuerdo con la decisión, dando continuidad a la que meses antes había presentado el teniente general Fernando de Santiago y Díaz de Mendívil, vicepresidente primero para Asuntos de la Defensa, en su caso por su oposición a la ley de Amnistía y al proyecto de reforma sindical, que preveía la legalización de todos los sindicatos. Años después, ya en la reserva, sería uno de los agitadores del golpe de Estado del 23-F. Manuel Gutiérrez Mellado, un militar reformista, le sustituyó como vicepresidente primero.

El 15 de junio se celebraron los primeros comicios democráticos desde 1936, que dieron la victoria a la plataforma creada por Suárez, la Unión de Centro Democrático (UCD). Un “invento” que aglutinaba a liberales, socialdemócratas, democristianos y personas procedentes del franquismo, los llamados azules, que habían medrado durante la dictadura y se sumaban ahora al proceso democrático. 

Ruido de sables

UCD ganó con 165 diputados frente a los 118 del PSOE, que se convirtió en el principal partido de la oposición. El PCE, que había liderado la lucha contra la dictadura, consiguió dieciocho representantes, dos más que la Alianza Popular (AP) de Manuel Fraga, una federación de siete asociaciones abanderadas por ex ministros de Franco. Esa era la configuración del Parlamento en el arranque de la legislatura encargada de elaborar una Constitución.

Al “todo ha quedado atado y bien atado” pronunciado por el dictador al designar a Juan Carlos I como su sucesor, comenzaron a desatárseles los nudos y la jerarquía militar comenzó a conspirar contra la incipiente democracia en una estrategia de la tensión sostenida por el ruido de sables. Una primera reunión conspirativa tuvo lugar en septiembre de 1977 en la localidad valenciana de Játiva (en Jávea según otras fuentes), donde un grupo de generales debatieron la posibilidad de dar un golpe de Estado que pusiera fin al proceso democrático. Los confabulados acordaron finalmente dirigirse al rey para trasladarle su lealtad e instarle a que, ante la, a su entender, “grave situación política” cesara a Suárez y designara a un teniente general al frente de lo que llamaban gobierno de salvación nacional, un término que sería habitual en las conspiraciones por venir. La Constitución aún no había sido aprobada y el monarca mantenía intacto el poder heredado de Franco para poner y quitar presidentes del Gobierno.

Cuadernos para la libertad

Nacida en octubre de 1963, ‘Cuadernos para el Diálogo’ fue un referente para los demócratas españoles en el interior. Su brillantez intelectual y su sensibilidad con los temas sociales durante la dictadura fue toda una gesta. Desapareció en 1978. Esta portada aborda un debate que sigue vivo: reforma o ruptura. Se puede consultar en la web de la Fundación Francisco Largo Caballero: https://fflc.ugt.org/org/

Al malestar del estamento militar se sumaron los empresarios, liderados por Carlos Ferrer Salat, presidente de la Confederación Españoles de Organizaciones Empresariales (CEOE), que se oponían a cualquier cambio en la legislación laboral que supusiera el reconocimiento del derecho de huelga. La patronal perdía los privilegios de que había disfrutado durante la dictadura y su inicial apoyo a UCD se iría decantando paulatinamente hacia AP.

La propia AP y algunos miembros de la UCD que no se identificaban con las reformas de Suárez se sumaron a la conspiración y comenzaron a reunirse en el otoño de 1977 a iniciativa del periodista Luis María Anson, presidente de la Agencia EFE. En uno de esos encuentros Anson propuso un plan, según el cual el rey debía citar un domingo al presidente del Gobierno para pedirle que presentara su dimisión, tras la cual el Consejo del Reino propondría como sustituto a un técnico sin compromisos con ningún partido. El BOE publicaría el lunes los ceses, el nombramiento del nuevo presidente y se declararía el estado de excepción. La situación se prolongaría durante dos años, transcurridos los cuales se convocarían elecciones. El periodista consideraba urgente la solución y sugirió como fecha más adecuada las navidades de ese mismo año. Sin embargo, el proyecto no llegó a concretarse y la legislatura concluyó con la aprobación de la Constitución el 31 de octubre de 1978.

Dos semanas después, el 11 de noviembre, se abortaba un incipiente golpe de Estado que planeaba la toma del Palacio de la Moncloa y el secuestro del Gobierno aprovechando la reunión del Consejo de Ministros. La conocida como Operación Galaxia, por el nombre de la cafetería en la que conspiradores se reunían, se saldó con una levísima condena de siete y seis meses de prisión al teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero Molina, y al capitán de la Policía Nacional Ricardo Sáenz de Ynestrillas, que en la vista oral afirmaron que el plan no había pasado de ser una mera discusión teórica. Fracasada la asonada, la Carta Magna fue ratificada en referéndum el 6 de diciembre y sancionada por el rey ante las Cortes Generales el día 27 del mismo mes. 

Adolfo Suárez graba ante las cámaras de TVE un mensaje a favor de la Constitución poco antes del referéndum del 6 de diciembre de 1978

La aprobación de la Constitución dio paso a la disolución de las cámaras y la convocatoria de las segundas elecciones generales para el 1 de marzo de 1979. Sus resultados fueron similares a los de 1977: volvió a ganar UCD con 168 escaños, tres más que en los anteriores comicios, el PSOE se consolidó como la segunda fuerza con 121 diputados, también tres escaños más, el PCE mejoró ligeramente sus resultados y pasó de veinte a veintitrés y la Coalición Democrática, nombre bajo el que se presentó la Alianza Popular (AP) de Manuel Fraga coaligado con otros partidos, perdió seis diputados y se quedó en diez. La extrema derecha, que concurría por primera vez en solitario, logró un único representante: Blas Piñar, presidente de Fuerza Nueva.

La nueva legislatura debía poner en marcha las instituciones previstas en la Constitución y el desarrollo normativo que diera cuerpo legal a la naciente democracia con iniciativas legislativas tan cruciales como el Estatuto de los Trabajadores, la Ley de Libertad Religiosa, de Defensa, de Sanidad, de Autonomía Universitaria, o un nuevo Código Penal, entre otras, además de iniciar el desarrollo del Estado de las Autonomías con la aprobación de los estatutos vasco y catalán. 

La consolidación de la democracia avanzaba y con ella crecía el malestar de los sectores más inmovilistas de la sociedad y del Ejército, que veían en el proceso autonómico un ataque a la unidad de la patria. También ETA contribuía a la inestabilidad política con una actividad terrorista que situó a los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado y del Ejército entre sus objetivos prioritarios. En 1978 la banda terrorista asesinó a 67 personas, a 89 en 1979, y alcanzó la cifra récord de 97 en 1980. Una excusa más para el incesante ruido de sables. 

Intrigas y conciliábulos

Luis María Anson recuperó su actividad conspirativa contra el presidente Suárez y la, a su entender, política de centroizquierda del Gobierno. Los encuentros con líderes empresariales se sucedieron y empezó a hablarse de una alternativa al plan de 1977. Como ya no era posible que el rey depusiera al presidente, se hacía necesario forzar su dimisión para ir a un gobierno de concentración integrado por independientes. Entre los contertulios de aquellos encuentros estaban Carlos Pérez de Bricio, empresario y exministro con Arias Navarro y del propio Suárez, el banquero Carlos March Delgado, Carlos Ferrer Salat, José Joaquín Puig de la Bellacasa, secretario particular del rey hasta 1976, y los políticos centristas Arturo Moya y Rafael Orbe, entre otros.

Fue en estos conciliábulos donde comenzó a citarse el nombre del general Alfonso Armada, secretario general de la Casa del Rey, como candidato a la presidencia del Gobierno, y el aludido se dejó querer. La operación fue bautizada como golpe de Timón por el CESID, el servicio secreto militar, alguno de cuyos miembros asistían a las reuniones invitado por el propio Anson para que nadie pudiera calificarlas de clandestinas y, de paso, para que trasladaran a instancias superiores lo que allí se hablaba. 

Las intrigas estaban también a la orden del día en UCD, que aunque en 1977 se había convertido en un partido unitario, mantenía diferencias ideológicas internas entre sus familias, que comenzaron a enfrentarse con el Gobierno por algunas de sus reformas. Un ejemplo fue la Ley del Divorcio promovida por los socialdemócratas de Fernández Ordóñez, a la que se oponían los democristianos. La lucha por el control interno del partido y el distanciamiento con Suárez llevó a algunos a plantear su sustitución por Landelino Lavilla.

El PSOE asistía gozoso al espectáculo, que le permitía vislumbrar por primera vez la posibilidad de llegar al poder. Su primer paso fue presentar una moción de censura en mayo de 1980 que, aunque sabía perdida, supuso un gran coste político para el presidente, zarandeado desde la bancada socialista por Felipe González y Alfonso Guerra. La iniciativa fue derrotada por 166 votos (todos de UCD) y 152 a favor (del PSOE y el PCE), 21 abstenciones y 11 ausencias. 

Suárez no se amilanó y cuatro meses después, el 16 de septiembre, se sometió a una cuestión de confianza que, de no prosperar, suponía su dimisión. Buscaba obligar a su grupo, en el que militaban sus principales detractores, a hacer público su apoyo o retirárselo y forzar un adelanto electoral. La apuesta resultó ganadora por una mayoría absoluta de 180 votos, los de su propio partido, la Convergencia i Unió, con Miquel Roca al frente, y el Partido Socialista de Andalucía (PSA) de Alejandro Rojas-Marcos, aunque también aumentó (164 votos) el número de detractores. 

Su triunfo parlamentario no impidió que los críticos de UCD continuasen conspirando para conseguir su caída con una segunda moción de censura pactada con los socialistas para la primavera de 1981. Su opción para presidir el gabinete era el democristiano Alfonso Osorio, que había abandonado el partido para integrarse en la Coalición Democrática de Fraga. El aludido negó siempre ser el promotor de esta operación, pero quienes avalaban su candidatura decían que era un político de la confianza del rey que contaba con el apoyo de sectores económicos, eclesiásticos y militares.

Para entonces, finales de 1980, eran numerosas las conspiraciones que se solapaban para acabar con el presidente. Un documento de autoría desconocida, aunque atribuido a los servicios secretos militares, con el título “Panorámica de las operaciones en marcha” enumera entre las civiles una protagonizada por los democristianos Miguel Herrero de Miñón, entonces portavoz parlamentario de UCD, José Luis Álvarez, ministro de Transportes y Comunicaciones, “y acaso Landelino Lavilla”, en ese momento presidente del Congreso de los Diputados, y otra liderada por Rodolfo Martín Villa, representante del sector azul del Gobierno. A los socialistas se les atribuía un plan para presentar una moción de censura pactada con los críticos de UCD en la que el candidato a la presidencia fuese un general de talante liberal que contara con el apoyo de la Corona. 

Enrique Múgica se reúne con Armada

En este ambiente de contubernio, el diputado socialista Enrique Múgica se reunió el 22 de octubre con el general Armada en el domicilio particular del alcalde socialista de Lérida, Antoni Siurana, y elaboró una minuta sobre el encuentro en la que relata que el militar le planteó dos salidas a la crisis política: la dimisión de Suárez o “un Gobierno de coalición a partir de un voto de censura”. Una solución que pretendía evitar un golpe duro encabezado por “un general en activo al frente”. 

El informe de los servicios secretos citaba también tres operaciones militares, designadas como la de los tenientes generales, la de los coroneles y la de los espontáneos. En la primera estaban implicados un grupo de capitanes y tenientes generales. La segunda la lideraban coroneles, a los que se calificaba como “fríos, racionales y metódicos”, dispuestos a esperar un año y medio o dos antes de intervenir, en el convencimiento de que la situación política del país sería límite y la propia ciudadanía pediría su intervención. Finalmente, la de los espontáneos representaba la continuidad de la fallida Operación Galaxia, y en opinión de los autores del informe “hay serios temores de que pueda ejecutarse”.

A estas operaciones de acoso y derribo del presidente Suárez se sumó la creciente desafección del propio rey, plasmada en un informe confidencial de los servicios de Información de la Policía. En este informe se constataban la opinión contraria del monarca a algunas de las decisiones del presidente, a quien no se recataba de criticar en público, incluso planteando la conveniencia de su relevo. 

Suárez se anticipó a todos cuantos conspiraban contra él y presentó su dimisión el 29 de enero de 1981 con una afirmación que parecía un dardo envenenado dirigido al monarca: “Me voy sin que nadie me lo haya pedido”, y un enigmático “no quiero que el sistema democrático de convivencia sea, una vez más, un paréntesis en la historia de España”, que parecía vaticinar el inminente golpe de Estado. 

El 23 de febrero, mientras el Congreso votaba la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como nuevo presidente, tres centenares de guardias civiles al mando del teniente coronel Antonio Tejero Molina asaltaron el Congreso de los Diputados y secuestraron a los representantes de la soberanía popular. Al mismo tiempo, el general Jaime Milans del Bosch, capitán general de la III Región Militar, sacaba los tanques a la calle, tomaba Valencia y decretaba el estado de guerra. Los dos rebeldes estaban convencidos de que su acción provocaría una adhesión en cadena de las regiones militares, pero no se produjo. 

A esas alturas, el problema para los golpistas ya no era Adolfo Suárez, como decían quienes conspiraron durante años contra él, sino la propia democracia.