«Reconciliación» con impunidad: todas las pruebas contra Juan Carlos I que no sirven para que se arrepienta

Cualquier esperanza de asunción de responsabilidades del rey Juan Carlos I, no ya una disculpa, ha quedado sepultada bajo las 505 páginas de Reconciliación, el sorprendente título de las memorias que el rey emérito ha publicado guiado por la pluma de una escritora francesa. “Errores a nivel personal” es cómo denomina el monarca las polémicas que han emergido en los últimos años sobre su reinado. El emérito no entra a detallar a qué errores se refiere, pero dos investigaciones judiciales, una en España y otra en Suiza, revelaron las actividades delictivas de Juan Carlos I, de cuyo castigo escapó por la interpretación que hizo la Fiscalía respecto de la aplicación de los criterios de inviolabilidad y prescripción. Esta misma semana, en una entrevista a France 2, el monarca ha asegurado que no se arrepiente de nada.

El 2 de marzo de 2022 quedaron arruinadas para siempre las esperanzas de que “el primero de los ciudadanos españoles”, según el mito construido en la Transición, rindiera cuentas ante la justicia por sus desmanes. Ese día la Fiscalía española dio a conocer el decreto de archivo de la investigación que había mantenido durante cuatro años en secreto, a salvo de cualquier fiscalización exterior. 

El Ministerio Público admitía que el emérito pudo incurrir en delitos fiscales entre 2008 y 2012 por los fondos que recibió en una fundación llamada Lucum, con una cuenta en Ginebra, pero concluía que la mayoría estaban prescritos y el último de ellos, el de 2011, tampoco podría ser juzgado porque el rey era inviolable hasta su abdicación tres años después.

En esa cuenta en Suiza de la fundación Lucum Juan Carlos I recibió 100 millones de dólares procedentes de Arabia Saudí. En contra de la tesis inicial, concluyó la Fiscalía, no se trataba de una comisión por las obras del AVE a La Meca que realizó la empresa española Renfe, sino de “un regalo según la tradición saudí de cara a otras monarquías”, rezaba el escrito fiscal. 

En Reconciliación trasciende por primera vez la versión de Juan Carlos I, quien al no resultar imputado ni siquiera tuvo que prestarla ante un juez. Cuenta el monarca que él estaba de visita en Riad en 2009 cuando transitando en coche “por una de esas autopistas anchas y medio vacías” se percató de “una gran carpa con el logo de Siemens y con imágenes de trenes”. Preguntó entonces a un miembro de la familia real saudí, quien le informó de los planes de llevar un tren de alta velocidad a La Meca y mejorar así el flujo de peregrinos. “Pensé inmediatamente en posicionar a España para el proyecto. Ensalcé las virtudes de Talgo y de nuestros trenes de alta velocidad que conectan Madrid con Sevilla y Barcelona”, cuenta el rey emérito.

A continuación, explica Juan Carlos I, llamó al director de Talgo, que le envió abundante documentación por correo electrónico difícil de descargar. “El jefe de Seguridad que me acompañaba (…) pasó la noche descargándolos para imprimirlos”, añade. En una cena con el rey Abdallah, Juan Carlos insistió en las virtudes de los trenes españoles. Con el tiempo, Renfe se haría con el proyecto. 

El ingreso de 100 millones de dólares en la cuenta en Suiza del rey Juan Carlos, jamás declarados a la Hacienda española, se produjo en el verano de 2008, antes del episodio que cuenta el emérito. La Fiscalía resolvió que los delitos fiscales consecuencia de haberle hurtado a Hacienda ese ingreso estaban prescritos. Además, no pudo encontrar “vinculación alguna entre el referido ingreso y la adjudicación del proyecto de construcción de la línea de ferrocarril”. En el caso de que hubiera sido un cohecho, aclaraba la Fiscalía, el rey estaba cubierto por la inviolabilidad tanto en sus actos públicos como privados. 

“Ni siquiera las acusaciones infundadas que han dominado la prensa española disminuirán mi satisfacción por haber participado. Las especulaciones sobre supuestas comisiones han eclipsado un resultado increíble: España se ha proclamado campeona europea de la alta velocidad (…) Después de eso fui objeto de difamación por parte de la prensa y del Gobierno, con declaraciones extravagantes cuyo objetivo era mi ruina”, relata el rey en Reconciliación.

Un regalo de 100 millones

Falta explicar por qué recibió un obsequio de 100 millones de dólares. Aquí el rey emérito regala una explicación de las costumbres árabes que entrelaza con una advertencia velada: “Muchas coronas se benefician de la generosidad de las familias reales árabes, por no hablar de los políticos europeos, lo cual no me exime de responsabilidad, pero sí contextualiza este obsequio. Rechazar un regalo se percibiría como una ofensa”. Ni palabra del engaño a la Hacienda pública española. 

En el libro hay varios pasajes dedicados a lo que se podría llamar “amistades peligrosas”, a las que responsabiliza de parte de sus errores. “Me rodeé de hombres de negocios poco escrupulosos que actuaron en mi nombre, pero sobre todo para su beneficio personal. Se presentaron como mis intermediarios para enriquecerse. Traicionaron mi amistad y mi confianza ciega…”. “Es inútil enumerarlos. Algunos han pagado más que otros, llegando incluso a acabar en prisión”.

Más que inútil resulta una labor ardua: confeccionar la lista de amigos del rey emérito que han tenido problemas con la justicia. Pero quizá ese criterio, el de la entrada en prisión, permita acotar el rastreo o, al menos, ubicar algunos ejemplos. Considerado histórico testaferro del rey, Manuel Jaime de Prado y Colón de Carvajal ingresó en prisión el 26 de abril de 2004 por un delito de apropiación indebida en la operación Wardbase. Aquel caso investigó el pago al embajador en 1992 de 11,4 millones de euros procedentes del Grupo Torras, del que Javier de la Rosa era entonces máximo responsable. Se trataba de una pieza separada del caso KIO. 

Prado y Colón de Carvajal fue uno de los grandes amigos del rey. Apenas se conocerán los negocios de ambos en el pasado, pero el aristócrata y diplomático aparece en una de las tres líneas que abrió la Fiscalía española para luego archivar. En el paraíso fiscal de las Islas del Canal, el consejero del rey Joaquín Romero Maura constituyó un trust con unos fondos iniciales de casi 15 millones de euros, procedentes de la liquidación de otras dos estructuras financieras del mismo tipo que había creado en Jersey anteriormente Prado y Colón de Carvajal.

El testaferro del rey había depositado ese dinero en Jersey por si Juan Carlos I sufría “un golpe de Estado inconstitucional o una situación similar”, según el relato de la Fiscalía. En algún momento, Juan Carlos I trasladó a su amigo que ya no era necesario tener ese fondo de reserva porque el peligro se había desvanecido y que si trascendía su existencia tendría un problema, por lo que el dinero pasó al trust de las Islas del Canal. Aunque Juan Carlos I es el único beneficiario, según la Fiscalía nadie ha utilizado esos fondos desde entonces. 

Zagatka, Lucum y otros nombres exóticos

Juan Carlos I y las fundaciones. Otro nombre que se volvió familiar para los españoles fue Zagatka. El fiscal suizo Yves Bertossa interrogó como testigo a Álvaro de Orleans, primo del rey emérito, quien había convertido la fundación, constituida en Liechtenstein en 2003, en un “instrumento” para costear durante una década más de ocho millones de euros en vuelos de Juan Carlos I en jet privados. Esos viajes de placer en vuelos chárter —muchos de ellos, en compañía de Corinna Larsen y que se prolongaron hasta 2018— son considerados pagos en especie que el rey nunca declaró a Hacienda y que el monarca regularizó abonando 4,4 millones de euros a la Agencia Tributaria para evitar una nueva investigación penal. 

Las sospechas de posibles irregularidades se remontan casi a la constitución de Zagatka. El primer ingreso relevante en una de sus cuentas, de 1,9 millones, aparece asociado a una supuesta comisión por la venta del Banco Zaragozano al Barclays Bank en 2003. Alberto Cortina y Alberto Alcocer, amigos del rey, eran sus máximos accionistas cuando se produjo esa venta, con la que lograron unos beneficios de 457 millones. The Telegraph contribuyó a agravar la sospecha con otra información en la que vinculó a Orleans con esta transacción, considerada uno de los grandes pelotazos de la época.

En febrero de 2020 publicó que el aristócrata cobró 39 millones de libras (más de 40 millones de euros) por ejercer como mediador en esa venta. El primo del rey emérito no negó esta información al diario británico, pero sí lo desmintió posteriormente en una entrevista en El País en la que rechazó tener cualquier relación con los empresarios españoles ni con esa supuesta comisión. Los primos Alcocer, los amigos del rey, también fueron condenados por estafa. El Constitucional revirtió esa condena del Supremo por prescripción, pero finalmente tuvieron que pagar 11 millones de euros a los damnificados. 

La tercera pata de la investigación de la Fiscalía fue el dinero que un empresario mexicano estuvo entregando al rey durante años para que este costeara sus gastos y los de su familia a espaldas de Hacienda. En total fueron 516.000 euros procedentes de los bolsillos de Allen Sanginés-Krause. En este caso, la Fiscalía concluyó que “la cuota de cada una de las donaciones fue notablemente inferior a los 120.000 euros” así que, una vez dada por buena la regularización que hizo el monarca, no había delito fiscal. 

El empresario mexicano está imputado desde el pasado año en un juzgado de Barcelona por colaborar presuntamente con un fraude fiscal de 1,3 millones de euros que el magistrado atribuye a un médico de la capital catalana que tiene al rey emérito entre sus pacientes habituales, Manuel Sánchez.

Hay otros “hombres de negocio” que no han tenido problemas con la justicia y que sirvieron bien al monarca. Es paradigmático el caso del misterioso Arturo Fasana, el gestor que manejaba una cartera de clientes españoles con alergia a pagar impuestos. Una cartera a la que llamó ‘Soleado’, en honor a España, y que tuvo como cliente más destacado, otra vez, al “primero de los españoles”. 

Fasana declaró como testigo en la causa del fiscal suizo Bertossa. Ante él, el gestor contó cómo el monarca, siendo todavía jefe del Estado, le entregó un maletín con 1,7 millones de euros, regalo del sultán de Baréin que debía poner a buen recaudo. Según declaró Fasana al fiscal suizo, la Banca Mirabaud tampoco puso mayores pegas y el dinero acabó en una de sus cuentas. Cuando el fiscal Bertossa preguntó al responsable de la entidad entonces, Yves de Mirabaud, por qué accedió a ingresar ese dinero en metálico sin mayor control, este dijo que su departamento de control conoce desde hace tiempo a Arturo Fasana y confía en él. La causa en Suiza acabó archivada. 

“No soy un hombre de dinero”

En sus memorias, el rey Juan Carlos I de España afirma: “No soy un hombre de dinero, al contrario de lo que algunos dicen”. La investigación en Suiza ofrece un dato que podría rebatir esta afirmación. El rey retiró dinero efectivo de forma habitual entre 2008 y 2012 de la cuenta a nombre de la Fundación Lucum abierta en el banco suizo Mirabaud. Sus retiradas de dinero en ventanilla arrojan una media de 100.000 euros en efectivo. 

elDiario.es desveló en noviembre de 2020 que Anticorrupción mantenía abierta una investigación contra Juan Carlos I por el uso de fondos de procedencia incierta con tarjetas bancarias de los que se habrían beneficiado varios miembros de la familia real. El dinero procedía del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause. Tras la revelación de este periódico, la Fiscalía reconoció las tres líneas de investigación abiertas. Y a eso le siguió que el rey comenzara a pagar a Hacienda para evitar problemas mayores. Las tarjetas opacas, usadas entre 2016 y 2018, supusieron un ingreso de 678.393,72 euros a la Hacienda Pública. El pago se realizó un mes después de la revelación periodística y siempre después de que la Fiscalía le avisara de que estaba siendo investigado. 

El eje de la investigación siempre fue el posible delito fiscal y el Código Penal permite evitar una causa penal por fraude si la regularización ha llegado antes que las diligencias de la Fiscalía. La duda era si los avisos del Ministerio Público, anteriores a los pagos a Hacienda, eran suficiente para interrumpir estos plazos y evitar la impunidad.

Un segundo pago llegó en febrero de 2021, cuando su defensa abonó 4,4 millones de euros para hacer frente a una serie de gastos no declarados por los vuelos que durante años pagó la Fundación Zagatka, de su primo Álvaro de Orleans. Un dinero que supuso una nueva línea de investigación y que procedía de una serie de empresarios cercanos al monarca que, además, buscaron la forma más beneficiosa de hacerlo ante Hacienda: usaron contratos de préstamo y no donaciones para evitar pagar en torno a un 40% en impuestos.